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El proyecto costó a los bermejeños 20,8 millones de bolivianos

“Ciudad Segura Bermejo” lleva 4 años sin transferirse a la Policía

Más de medio centenar de cámaras de video del proyecto “Ciudad Segura Bermejo” no funcionan por problemas en la fibra óptica y por falta de repuestos. El sistema aún no fue entregado a la Policía

Ecos de Tarija
  • Daniel Rivera Matirayo
  • 25/01/2021 00:00
“Ciudad Segura Bermejo” lleva 4 años sin transferirse a la Policía
Cámaras de videovigilancia en Bermejo

Pasaron más de cuatro años desde que concluyó el proyecto “Ciudad Segura Bermejo”, pero la Subgobernación de esa localidad aún no concretó la transferencia de ese sistema de videovigilancia a la Policía Nacional. Hay el riesgo de que el software quede caduco y sea una inversión que no cumpla su objetivo. Mientras tanto, desde el Ejecutivo marcan una línea de silencio.

Se trata de un proyecto que costó a los bermejeños 20,8 millones de bolivianos, por cuatro ítems: 30 botones de pánico por un precio de 820.950 bolivianos, tres drones por Bs. 2.767.050; 300 cámaras de vigilancia por un monto de 13.995.000 bolivianos y un sistema de radios de comunicación por 3.297.000 bolivianos, según constan en documentos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

La entrega definitiva de la asociación de empresas a la Subgobernación de Bermejo fue el año 2016. El comandante de Frontera Policial de Bermejo, Mirko Bustos, indicó que a la fecha ellos no pueden operar ese sistema porque no se concretó la entrega por parte de la entidad ejecutora hacia la institución del verde olivo.

Bustos señaló que se continúa con los trámites, pues la Unidad de Gestión Estratégica y la de Seguridad Aeroportuaria, es quien hace la verificación respecto a que si el sistema se adecúa al nacional BOL-110, entre otros aspectos importantes.

El comandante espera que esas unidades hagan una inspección, que con seguridad dejará otras observaciones para conectar al sistema nacional. Dice que para la Policía es importante contar con ese sistema, porque ayuda a la prevención, a la parte operativa y a las investigaciones de casos que ocurren en ese municipio fronterizo.

Ítems    El proyecto constaba de cuatro ítems: botones de pánico, drones, cámaras de vigilancia y un sistema de radios de comunicación

Por su parte, la asambleísta departamental por Bermejo Mercedes Torrico indicó que hicieron peticiones de informes al Subgobernador Never Vega, pero al no haber presentado la documentación requerida, se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por daño económico al Estado, debido a que no se entregó el proyecto como correspondía.

La legisladora sostiene que la Fiscalía debe actuar e investigar el caso, dar continuidad al proceso legal, porque se reiteró en varias ocasiones, peticiones de informe y se pidió documentación sobre el proyecto, pero el ejecutivo no dio una respuesta. Es por eso que considera que hubo una omisión por parte de esa autoridad y no quedó otra vía que recurrir a la legal.

El responsable de Seguridad Ciudadana de la Subgobernación de Bermejo, David Cornejo, señaló que no tiene autorización para emitir declaraciones sobre ese proyecto, a tiempo de reconocer que aún no fue entregado a la Policía Nacional. Mientras que Vega no contestó a ninguna de las llamadas telefónicas que realizó El País en dos días, el 21 y 22 de enero de 2020.

A pesar del silencio de los dos funcionarios públicos, se conoce que más de medio centenar de las cámaras adquiridas no funcionan, pues, se detectaron problemas en la fibra óptica del sistema y faltan repuestos. La Subgobernación no destina recursos económicos para su funcionamiento en su totalidad, ni para su mantenimiento.

 

El proyecto tuvo tres modificaciones de contratos

Como antecedente se tiene que el proyecto “Ciudad Segura Bermejo” pasó por tres modificaciones de contrato, lo que tenía que ejecutarse en 100 días se terminó en 351. La primera modificación del documento se dio tres meses después de haberse rubricado el contrato inicial, se amplió el plazo por 70 días más, luego se volvió a alargar la ejecución por 233 días y, finalmente, por 48 días más, según documentos publicados en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

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