Una comisión de diputados analiza conflicto de la UNO-Tarija

El conflicto de la Universidad Nacional del Oriente (UNO), por haber matriculado y dictado clases de Medicina y Fisioterapia sin autorización del Ministerio de Educación, es analizado por una Comisión de la Cámara de Diputados. La finalidad es buscar una resolución excepcional para los estudiantes que se vieron afectados, mas no para beneficiar a esa casa de estudios superiores. 

El 30 de diciembre del 2020, la vicerrectora de la UNO en Tarija, Cynthia Gonzales, convocó a una conferencia de prensa para indicar que habían obtenido la tutela del Juzgado Cuarto de La Paz, con lo cual, el Ministerio de Educación tenía cinco días para reconocer los estudios de alrededor de 800 estudiantes de las carreras de Medicina y Fisioterapia. Además, señaló que los estudiantes podían retomar sus estudios en su institución. Sin embargo, desde la Dirección Departamental de Educación (DDE) advirtieron que aún falta la revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Ante esa situación, la diputada por Tarija, Mariela Baldivieso, llevó este caso para que sea analizado en la Comisión de Educación del Legislativo, donde ella también es vocal. Advirtió que esa universidad todavía no puede inscribir estudiantes porque falta la resolución del TCP, por lo tanto, se busca evitar que haya más personas afectadas.

La Diputada informó que ingresó una Petición de Informe Escrito a la Comisión de Educación, donde vieron que es necesario actuar como Comisión, principalmente para lograr una resolución excepcional que avale los estudios de los universitarios para que continúen su formación en otra universidad, a tiempo de aclarar que eso no significa quitar la sanción a la UNO, solo beneficiar a los estudiantes.

“Es un tema difícil, la dueña de la Universidad está culpando al Ministerio de Educación, pero no es así, porque fueron ellos los que inscribieron sin tener autorización. Vamos a citar a la Viceministra de Educación Superior para que haga un comunicado público y no haya más víctimas por la Universidad”.

La Resolución Administrativa 0226/2019 del 2 de abril de 2019, en su artículo 1, resolvió aplicar una multa de 100.000 bolivianos a la UNO. Pero también la anulación definitiva de la matrícula de los estudiantes inscritos.