La Gobernación de Tarija pasará a análisis financiero la Ley de Bono Universal

Luego de promulgarse la Ley del Bono Universal para la población tarijeña, en la Asamblea Legislativa Departamental (ALDT), desde la Gobernación de Tarija se hizo conocer que dicha normativa pasará a ser analizada por el área financiera para que a través de una reglamentación se pueda establecer los mecanismos de acuerdo a la disposición económica actual.

Yamil García, secretario de Justicia de la Gobernación, explicó que se informó con anterioridad a la Asamblea que en el momento de la pandemia, cuando la cuarentena era rígida y las actividades económicas estaban restringidas, la Gobernación emitió el bono Jefa de Hogar, además ha dispuesto de medidas económicas para la liberación del pago de servicios básicos para la categoría domiciliaria tanto de energía eléctrica y gas domiciliario, por lo que una nueva ley para un Bono Universal deberá ser analizada de acuerdo a la disposición de recursos económicos.

Es así que desde el Ejecutivo departamental planteó a la Asamblea que los gastos que se vayan a generar como consecuencia de estas nuevas medidas, provengan de la redistribución de los recursos de funcionamiento del Legislativo, ya que dicha institución genera un costo aproximado de 30 millones al año, presupuesto que dispone como si el Gobierno Departamental estuviera recibiendo los mismos ingresos que el año 2014.

“Nosotros esperamos que la Asamblea pueda dar lugar a una disminución en sus gastos de funcionamiento, de esa manera se pueda dar curso no solo el bono Universal, sino también otras medidas que puedan considerarse para la reactivación económica”, comentó García.

El asambleísta Rubén Velasco informó que el miércoles en sesión ordinaria, el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija sancionó la ley para otorgar un Bono Universal en Tarija. "Consiste en la otorgación de un bono para las personas mayores de 18 años que no reciben un salario mensual, con algunas salvedades, funcionarios públicos, aquellos que reciban sueldo de entidades privadas y que perciban una renta o jubilación", señaló.

Según el asambleísta, aún no se determinaron los montos y la normativa fue enviada al Ejecutivo Departamental para que esta instancia defina los recursos que se destinarán. Aunque la Región Autónoma del Chaco no recibirá estos recursos porque ya aplica el bono Esperanza.

Consultada sobre el tema, la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Tarija, María Teresa Rojas, señaló que las medidas económicas aplicadas en el departamento, ya sean bonos u otras iniciativas, no llegan a la población que realmente lo necesita, por lo que insta a las autoridades a priorizar los recursos económicos para atender a los sectores más vulnerables.

“Particularmente en su momento he pedido que los funcionarios públicos se reduzcan el sueldo y esos recursos sean para comprar medicamentos y alimentación de las familias de escasos recursos económicos, pero las autoridades no escucharon (...)”.

ALDT no evalúa reducción de salarios

El secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, informó que pese al pedido de diferentes sectores, entre ellos el movimiento cívico que generó medidas de presión en su momento, la Asamblea Legislativa Departamental no consideró el proyecto de ley que remitió el Gobernador para reducir en 43 por ciento de la escala salarial de los altos cargos del Gobierno Autónomo Departamental.

Señaló que la solicitud del Ejecutivo departamental también incluía la reducción de la estructura organizacional ejecutiva, la reducción de secretarías, pero no hubo respuesta para dar lugar a los ajustes planteados con el objetivo de reducir los gastos de funcionamiento de la institución.

“Esto no condice con el accionar de la Asamblea que dispone la otorgación de bonos, pero no se reduce un boliviano de sus propios gastos de funcionamiento, esperamos que la Asamblea pueda hacer un análisis técnico de lo que se ha presentado y se pueda resolver no solamente esta ley, sino también otras leyes como es el caso de las APP (Alianzas Público- Privadas) que ha sido planteadas con anterioridad”.

Recordar que el gobernador de Tarija, Adrián Oliva, el jueves 30 de julio, presentó un proyecto de ley para que tanto su sueldo, como el de asambleístas, secretarios, subgobernadores y directores del Gobierno Departamental se reduzcan y que los recursos económicos obtenidos sean destinados a un fondo contra la Covid-19. Con el reajuste que se tenía que hacer, desde agosto a diciembre, se calculaba reunir 2.5 millones de bolivianos. Incluso otros legisladores departamentales plantearon en ese entonces elevar la rebaja salarial hasta el 50 por ciento.