Los profesionales esperan una reunión con las autoridades
La SIB espera los pagos por las obras concluidas en Tarija
El sector de la construcción es uno de los más golpeados por la cuarentena, no solicitó “bonos” pero sí la cancelación de deudas a las autoridades por obras concluidas
A través de un pronunciamiento público emitido en abril, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) departamental Tarija, expuso la situación que atraviesan sus afiliados en la coyuntura actual, tanto a escala regional como nacional, a consecuencia de la cuarentena como medida para prevenir la Covid-19.
El presidente departamental de la SIB Pascual Velásquez explicó que luego de una huelga de hambre realizada en el Comité Cívico Pro Intereses de Tarija, hace unas semanas, hubo el compromiso de las autoridades municipales y departamentales de convocar a una reunión al sector para hablar de este tema.
“Quedaron de convocarnos en los próximos 15 días luego de la huelga de hambre pero lamentablemente aún no nos convocaron, seguimos esperando ojalá nos puedan llamar pronto para sentarnos en la mesa y planificar la deuda pendiente por parte de la Gobernación y las Alcaldías”, indicó.
Según Velásquez, lograron reunirse en pasados días con representantes de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), quienes explicaron que luego de la devolución del 12 por ciento del Impuesto a los Hidrocarburos (IDH), por parte del Gobierno Nacional a las alcaldías a través de una ley, se comprometen a utilizar parte de estos recursos para saldar las cuentas a la SIB por planillas pendientes de obras ya concluidas.
“Hemos tenido buena recepción por parte del presidente de la AMT, Hugo Girón, donde se comprometió a que parte de esos recursos que lleguen a Tarija se van a ir a cancelar las deudas pendientes que se tienen con nuestro sector, ojalá que esto sea así, estos días nos vamos a reunir de nuevo para ver más detalles y que se cumplan los compromisos de palabra que se han dado en esa reunión”, detalló.
Las instancias que adeudan planillas a la SIB son dependientes del Gobierno Nacional, como la Agencia Estatal de Viviendas (AE) y la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), así también unidades de la Gobernación de Tarija, subgobernaciones y alcaldías.
Uno de los ejemplos que dio el representante de la SIB en Tarija fue el caso del municipio de Yunchará, donde la deuda escala a 10 millones de bolivianos por concepto de obras en las que trabajaron al menos ocho empresas y 20 socios ingenieros.
Recursos no disponibles
Tras reiterados intentos de comunicarnos con el presidente de la AMT, Hugo Girón, no surgió una respuesta a las llamadas realizadas. Sin embargo, en contacto con el presidente de la Federacion de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Álvaro Ruiz, aclaró que los recursos que dispondrán los municipios a través de la Ley N° 1307, no son para este tipo de pagos, sino más bien para atender la emergencia del Covid-19 en cada región y no son de "libre disponibilidad".
"Está claro que estos recursos son de lucha del Covid-19, no son para otra cosa, osea que es muy difícil que se paguen obras. De los 200 millones de dólares, el 78 por ciento va a ir a las alcaldías que son 156 millones de dólares, de la distribución a los municipios, tiene que quedar claro que no son de libre disponibilidad, tienen destino específico", aseveró.
Estos recursos podrán ser destinados por las alcaldías a temas referentes a seguridad alimentaria, canastas, bonos, equipamiento en salud, insumos de bioseguridad, recursos humanos, etc., no así para pagar deudas que hayan adquirido los gobiernos municipales.