La Gobernación y alcaldías piden renegociar la deuda con el FNDR

“Renegociar la deuda” es el punto coincidente entre la Gobernación de Tarija y los gobiernos municipales, y lo que plantean al Gobierno Nacional para tener mayor flexibilidad en el compromiso pendiente que tienen con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), ya que esta deuda es la que consume la mayor cantidad del presupuesto.

La postura de la Gobernación

El secretario de Economía de la Gobernación, Fernando Romero, manifestó que van a buscar una conciliación de cuentas con el Gobierno, a lo que denominó “pacto fiscal interno”, tarea que no solamente debe ejecutarse con el nivel central, sino también con la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), gobiernos municipales y otras entidades con las que se tienen compromisos financieros.

Romero enfatizó que también se va a buscar la conciliación de cuentas con el Gobierno Central, detalló que actualmente se tiene un pasivo significativo con el FNDR, que sumado la deuda con la banca privada, se va a tener que erogar 17 millones de bolivianos.

La autoridad manifestó que ya debían haber viajado a La Paz para reunirse con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para abordar temas, como la reprogramación de deuda, cooperación financiera y la devolución de al menos 15 competencias al nivel central.

Romero detalló que al FNDR, este 2026, la Gobernación tendrá que cancelar un servicio de deuda de 34,7 millones de bolivianos. Este monto representa el 47,7% de todo el servicio de deuda que el nivel departamental pagará esta gestión

En julio de este año, la Gobernación tiene programado cancelar un servicio de deuda de 16,92 millones, el pago al FNDR representa el 82%.

La autoridad manifestó que esta situación es “preocupante y crónica”, considerando que la Gobernación recibe alrededor de 25 millones de bolivianos en renta petrolera al mes, cuyos ingresos por la caída del sector hidrocarburífero tienden a bajar más.

Las deudas de la Gobernación

El informe de gestión que dejó el exgobernador Oscar Montes, con corte al 30 de abril de 2026, revela que la Gobernación acumula una deuda total que supera los 790 millones de bolivianos, de los cuales el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) representa la porción más abultada, con Bs 507.312.845.

Este monto equivale aproximadamente al 64% del total de las obligaciones reportadas, posicionando al FNDR como el principal acreedor institucional por encima de bancos, procesos contenciosos y unidades desconcentradas.

El desglose financiero muestra que, después del FNDR, las mayores obligaciones corresponden a: Med. Cred. Centrale con Bs 157.229.148; Bisa-Ende Bs 80.822.563; Banco Unión Bs 25.853.384; Bisa 1217053 con una deuda de Bs 24.491.618; y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con Bs 7.473.464.

Además, los procesos contenciosos suman más de Bs 113 millones, deudas con unidades desconcentradas que alcanzan los Bs 17,2 millones, la deuda con AE Vivienda y la EBC que alcanza los 7,8 millones de bolivianos, y los pendientes con las subgobernaciones que llegan a Bs 3,7 millones.

El 50% de los municipios tiene deuda con el FNDR

La coordinadora de Programas y Proyectos de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Gabriela Vilca, explica que la situación de la mayoría de los gobiernos municipales coincide con lo que sucede en el nivel departamental, y que más del 50% de estas entidades autónomas tiene deudas pendientes y también busca una “reprogramación”.

“Casi la mitad de los gobiernos municipales no tiene capacidad de endeudamiento, pero más del 50% tiene deudas, principalmente por préstamos que se han hecho del FNDR, que eran por cinco años. Entonces, que lo que quieren hacer ellos es obviamente ampliar, que sean 10 años para que les quede un poco de recursos y puedan hacer gestión”, manifestó.

Consultada de cuánto es la deuda que tienen los gobiernos municipales con el FNDR, Vilca explicó que actualmente las nuevas autoridades que asumieron el cargo están en etapa de diagnóstico, ya que muchos ni siquiera saben cuánto se debe. A partir de ese informe, se prevé realizar negociaciones para reprogramar.

Vilca confirmó que para el miércoles de esta semana –ocasión en la que se llevará adelante el congreso para elegir al directorio de la AMT-, se prevé sostener una reunión cerrada con el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, en donde se expondrá la situación de los municipios y buscarán que esta instancia sea el ente que articule con el nivel central del estado en varias gestiones.

Apuntó que otro de los pedidos de los municipios es la devolución del 12% del IDH que se retiene por la Ley 767 y que implica un recorte significativo a sus ya pocos ingresos.