Áñez no promulgó la Ley del 12%, alcaldías de Tarija esperan recursos

La presidenta del Estado, Jeanine Áñez, aún no promulga la Ley de Recuperación del 12 por ciento del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) que reasigna, de manera temporal, fondos en favor de las gobernaciones, municipios y universidades públicas. Las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) se encuentran a la espera de los recursos.

El presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) y alcalde de El Puente, Hugo Girón, indicó que Áñez tiene que promulgar la normativa para que se elabore la reglamentación. Mientras tanto, durante la semana, se reunirán en comisiones.

“Por hora no sabemos cuándo nos desembolsarán los recursos. Estamos hablando de unos 33 millones de dólares que le toca al departamento de Tarija. De ahí se repartirán los municipios, la Gobernación y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), es lo que determina la ley”, manifestó.

El pasado jueves, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la Ley después de varias reuniones con los alcaldes de Bolivia y observaciones planteadas desde varias instituciones. La Ley de Suspensión Temporal y Reasignación de Recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) establece la devolución del 12 por ciento de los recursos del IDH ante la emergencia por la pandemia del Covid-19, según el reporte de prensa del Órgano Legislativo Plurinacional.

Sin embargo, no hubo un acuerdo entre todos los legisladores. Unidad Demócrata (UD) refutó la cantidad de recursos que acordaron, incluso después de modificar la propuesta del Movimiento Al Socialismo (MAS). Se argumentó que los 200 millones de dólares no son suficientes porque la suma de los recursos que aportaron las ETAs, durante los cuatro años desde la promulgación de la normativa, ascienden a 516,5 millones de dólares según la certificación que otorgó el Banco Central de Bolivia (BCB).

La norma liberó fondos que deben alcanzar para 337 municipios, nueve gobernaciones y 12 universidades públicas.

Según el análisis del asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza, la ley vulnera lo aprobado por el soberano en el Referéndum del Gas del 2004 y el artículo 57 de la Ley 3058 de Hidrocarburos, que establece que el IDH debía destinarse solo a "los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo".

También mencionó que infringe el artículo 8 de la Ley 3058 al reducir la alícuota real del IDH al 28,16 por ciento (ya no el 32), porción que debía ser devuelta a las petroleras vía incentivos (FIPEEH) “violando el propio concepto de la nacionalización esgrimido por el MAS”, entre otros puntos observados.