Pese a la Ley 243, persiste el acoso político hacia mujeres

A pesar de que Bolivia fue pionera en la región al contar con una ley que sanciona el acoso y violencia política hacia mujeres candidatas o autoridades, Ley N° 243, ningún agresor ha recibido una sanción hasta la fecha desde que esta norma fue promulgada en 2012. Organizaciones de mujeres de todo el país observan que persiste la impunidad en esta materia.

“Bolivia ha sido referente en América Latina y el Caribe al contar con esta ley, incluso ha sido merecedora de premios internacionales por su carácter innovador”, sostiene Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, red de 21 organizaciones de mujeres de todo el país.

“Sin embargo, los hechos de acoso y violencia política (AVP) contra mujeres se verifican a vista y paciencia de dirigentes políticos y autoridades, sin que ningún agresor sea o haya sido sancionado por ellos”, advirtió.

El 12 de junio, la asambleísta departamental por Potosí Miriam Vargas (MAS) denunció públicamente que su casa había sido quemada por pobladores de Macha y que era amenazada constantemente por una supuesta “falta de apoyo” al gobernador de Potosí, Omar Véliz. La legisladora dijo que, debido a las presiones e intimidaciones en su contra y de su familia, había presentado su renuncia al cargo.

Según datos del OEP, en 2019 se registraron 33 casos de acoso y violencia política contra mujeres

En criterio de Novillo, el acoso y la violencia política es parte de la cultura y la práctica política nacional, pero adquiere matices más “crudos y violentos” cuando se trata de mujeres.

“La evidencia nos indica que hay acoso y violencia política en todos los niveles de Gobierno, nacional o subnacional. Sin embargo, la mayoría de los casos se presentan donde el Estado tiene poca presencia, donde se dificulta la denuncia o porque las autoridades ignoran la norma”, recalcó.

De acuerdo con datos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), en 2019 se registraron 33 casos de acoso y violencia política contra mujeres: 21 denuncias y 12 renuncias. De estas últimas-todas concejalas-, el 75% tuvo lugar en el departamento de Potosí.

En tanto, la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) registró el año pasado 127 denuncias de acoso y violencia política contra sus afiliadas, el 41% de las cuales tuvieron lugar en La Paz.

Respecto al panorama de las asambleas departamentales, el OEP realizó un estudio en La Paz, Beni y Tarija, cuyos resultados revelaron que más del 54% de las legisladoras de estos tres departamentos sufrió acoso político, alguna vez, en el ejercicio de sus funciones. Mientras, el 37% señaló que fue víctima de violencia política.

En el ámbito nacional, un estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer, IDEA Internacional y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) muestra que 75% de las diputadas y senadoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) han sido víctimas de algún tipo de acoso o violencia política, a pesar de que no necesariamente lo reconozcan.