La mayoría de los secretarios de la Gobernación "se borraron" de la crisis del Covid

Desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país, las dinámicas laborales en las instituciones del aparato estatal en sus diferentes niveles sufrieron cambios radicales, en especial respecto a las actividades que desempeñan las autoridades en el departamento.

Las secretarías de la Gobernación de Tarija permanecen en silencio. De los 13 secretarios que acompañan al Ejecutivo departamental, apenas el secretario de Gestión Institucional que ahora cumple el rol de presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Rubén Ardaya, es el único que dialoga con la prensa y se muestra en público.

No hay registro oficial del cambio que se preveía en la Secretaría de Hidrocarburos tras la partida de Freddy Castrillo a finales de la gestión pasada, ni que será del espacio que dejó el deceso de Fernando Barrientos en la Secretaría de Desarrollo Productivo o si Edgar Guzmán aún continúa como Secretario de Desarrollo Humano.

La Secretaría de Coordinación nuevamente está a cargo de Waldemar Peralta, quien renunció para presentarse como candidato a senador con Comunidad Ciudadana (CC) antes del fraude electoral de octubre 2019, pero fue recontratado en 2020.

Según información del área de Comunicación de la Gobernación de Tarija, el nuevo secretario de Hidrocarburos es Jorge Antonio Vásquez y durante los primeros cuatro meses de esta gestión no se pronunció para hablar sobre las fluctuaciones del precio internacional del barril de petróleo y su efecto en la economía departamental, ni sobre las preguntas pendientes que tampoco se resolvieron con el Gobierno nacional para transparentar la información de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre la certificación de reservas en el territorio.

El silencio alarma no solo a la población sino también a antiguas voces políticas del departamento. El ex aliado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roberto Ruiz, criticó la incapacidad de cuestionar la falta de gestión del Gobierno de transición por parte de la Gobernación, respecto a las necesidades de urgencia que tiene Tarija para proteger a su población de un incremento de muertes por coronavirus y una estimación clara del número de contagios de Covid-19 que solo se logrará a través de pruebas.

“Se trata de una actitud sumisa del Gobernador que no solo no es capaz de criticar las actitudes del Gobierno central, sino que tampoco es capaz de tomar acciones para corregir la legislación. La propia Asamblea Legislativa Departamental ha generado una adquisición directa para esta etapa de emergencia”, explicó.

Por su parte, el analista de político Roberto Vaca explicó que se trata de un contexto político complejo. En su relato, señaló que Bolivia salió el 2019 con una desestructuración de las políticas del MAS tras el fraude electoral para ingresar a un 2020 con dos problemas mundiales; la pandemia y el precio del petróleo.

Antes de esta situación, la Gobernación se desmarcó de la candidatura de Carlos Mesa y se alió con la presidenta Jeanine Áñez. Esta situación afectó la manera de cuestionar al Gobierno desde la Gobernación. Sin embargo, otro aliado importante en Tarija para Áñez es el ex alcalde y líder de UNIR, Oscar Montes. Su mano derecha dentro del partido departamental, tomó el mando de una de las carteras más importantes para Tarija cuyo antecesor dejó serias preguntas sin respuestas. Víctor Hugo Zamora, actual ministro de Hidrocarburos, es el interlocutor oficial entre la Presidenta del Estado y Tarija.

Al respecto, El País no logró contactarse con ningún secretario de la Gobernación hasta el cierre de su edición.
Sin información pública no hay críticas negativas ni positivas
El abogado, Tamer Medina, argumentó que la falta de información, además de estar sujeta a las condiciones actuales de la cuarentena se debe al miedo a la crítica. “No se informa para evitar la crítica. No hay nada que opinar si no se conoce que es lo que está pasado. Es Estatuto de Funcionario Público establece la función de informar. Es importante que las autoridades entiendan que no es un favor informar a la población sino un deber establecido. En otras condiciones se podría pensar en una acción legal para acceder a la información, pero estamos limitados por la restricción de la cuarentena”, puntualizó.