Tapia: “Pandemia puso en evidencia errores del modelo de desarrollo”
Joseph Tapia Gutiérrez, especialista en Gestión Pública y Manejo de Crisis, repasa algunas ponencias de la situación económica y social que atraviesa Bolivia frente a la pandemia de Covid-19. Es así que sugiere repensar las políticas públicas y priorizar la inversión en los diferentes...
Joseph Tapia Gutiérrez, especialista en Gestión Pública y Manejo de Crisis, repasa algunas ponencias de la situación económica y social que atraviesa Bolivia frente a la pandemia de Covid-19. Es así que sugiere repensar las políticas públicas y priorizar la inversión en los diferentes niveles del Estado.
Puntualiza que la planificación estatal debe generar condiciones de mayor resiliencia (capacidad de recuperación) de la población, sus organizaciones, instituciones y empresas, para reponerse ante la crisis ocasionada por la pandemia y estar mejor preparada ante cualquier evento similar o mayor en el futuro.
El País (EP): En un intento por detener la propagación del Covid-19, las medidas del Gobierno Nacional paralizaron el aparato productivo del país ¿Qué medidas se deberían tomar en este contexto que vive Bolivia y la región para reactivar la economía?
Joseph Tapia (JT): La pandemia del Covid-19, puede ser considerada como un “Evento Critico” único, debido a su carácter global, al desconocimiento de su comportamiento (magnitud, intensidad y frecuencia) que no permite contar con protocolos y medidas de control certeras. Esta incertidumbre, ha puesto en evidencia, los errores del modelo de desarrollo, que entre otros, redujo las inversiones en el sector salud, en favor, por ejemplo, de la inversión en explotación de recursos naturales, por ser rentables, que están visibilizando la alta vulnerabilidad y precariedad de los sistemas de salud, disminuyendo la capacidad de resiliencia de los países ante la pandemia.
Ante tamaña incertidumbre los países han tomado medidas de cuarentena, aislamiento social, selección de grupos sociales vulnerables, entre otros, con el objetivo de achatar la curva epidemiológica, disminuyendo el riesgo de que el sistema de salud colapse, se vea sobrepasado, y se evidencie su alta vulnerabilidad, ineficiencia, inoperabilidad, insuficiencia, etc.
La autoridades en su conjunto han tomado similares medidas, lo que configura un “Evento Crítico” de carácter multisectorial, que involucra además la salud, la economía, la producción, el empleo, la seguridad ciudadana e inclusive el transporte, la vivienda, la educación, la comunicación, entre otros.
Por otro lado, en el sector productivo nacional, existe una alta dependencia de muchos insumos productivos del extranjero (principalmente China) para encarar los procesos de producción, que tienen importante incidencia en los costos de producción, la competitividad e inclusive la oportunidad de mercado, que en este momento son y serán influenciados por las medidas tomadas en los países de origen de estos insumos.
Ante una relativa certeza de impacto en la economía y desarrollo del país incluso de recesión económica, que según la CAN, la proyección del crecimiento económico de Bolivia disminuirá a un promedio 2,7% entre 2020 y 2021, aún no se puede evaluar con mayor certeza los efectos e impactos de la pandemia y las medidas tomadas por el Gobierno en su real magnitud, lo cual permitiría contar con los elementos suficientes y esclarecedores para el diseño e implementación de medidas más certeras de recuperación o reactivación del crecimiento y desarrollo post Covid-19, incluso el replanteamiento de la visión de país en base a potencialidades y oportunidades en el nuevo contexto mundial, regional y nacional.
En todo caso, para encarar la reactivación económica y desarrollo del país, el Gobierno deberán tomar posición y buscar respuestas, a: Cómo construir una nueva e innovadora visión de país, cómo utilizamos o potencializamos las reservas económicas del país, cómo potencializamos o fortalecemos los productos o servicios existentes. Cómo y cuáles son las medidas económicas más justas, equitativas y proporcionales, que permitan que todos los actores del Estado se comprometan, corresponsabilicen y participen activamente en la medida de sus posibilidades, realidades y condiciones.
Cómo generamos medidas integrales (económicas, financieras, sociales, de salud, educación, vivienda, telecomunicaciones, transporte, otros), para proteger, reestablecer y mejorar sus medios vida y reinserción a la economía de los sectores productivos y sociales más afectados y vulnerabilizados por la crisis.
Cuáles son las medidas más adecuadas para proteger el capital social y productivo del país sin transferir la carga y sacrificios de los efectos e impactos de la pandemia a los sectores menos favorecidos (empleados, pobres), entre otras medidas para fortalecer, proteger, diversificar y diferenciar potenciales sectores para la reactivación económica, insertándonos en el mundo de la transformación e innovación tecnológica.
Además, con qué actores internacionales o con qué estrategias consolidamos o generamos alianzas, convenios o sociedades a nivel internacional y cómo comprometer a toda la sociedad, sus instituciones y organizaciones de cualquier carácter, índole e interés, en llevar adelante acciones corresponsables, coordinadas, articuladas, activas con un mismo fin e interés.
EP: Las proyecciones de diferentes sectores de la sociedad por la actual situación sanitaria no es optimista ¿Desde la gestión pública qué aportes se pueden hacer para mitigar esta situación?
JT: Existe mucha confusión sobre la veracidad y exactitud de la información, misma que es alimentada por varios factores como: el descontrol de la información difundida en redes sociales, la manipulación de información, la ausencia de la ética, la difusión de medias verdades o información incompleta, la aceptación de la vulneración de la privacidad y el comportamiento en manos de trasnacionales (google, YouTube), además de la información equivoca o sesgada por algún interés político-económico-social-cultural, sumado a ello están las autoridades de los diferentes niveles de gobierno que divulgan información contradictoria-poco clara, incompleta-poco transparente.
También están los actos de corrupción y falta de transparencia en el uso de recursos públicos, entre otros. Todo esto ha creado un escenario de alta incertidumbre y confusión, sumado al insuficiente análisis crítico de la gente para poner filtros a la información que recibe; esto induce a que la mayoría de la población bombardee con información a sus contactos de grupos o redes sociales, generando un círculo vicioso de difusión de información que genera incertidumbre, desazón y proyecciones que pueden ser equívocamente optimistas o pesimistas, pero en todo caso distantes de la verdad respecto al conocimiento, investigación del comportamiento del virus y su tratamiento, así como, la situación social, económica y política actual y en el escenario post Covid-19.
El Gobierno requiere poner especial atención y control a este aspecto, como una medida de protección y difusión de la verdad, entonces parece que la pregunta es ¿Qué debería hacer el Gobierno Nacional y también los gobiernos departamentales y municipales ante este escenario de desorden, desinformación, manipulación, influencia negativa en el optimismo, el ánimo y alta moral de la población?
Pues en base a la transparencia y difusión de la verdad tal cual es, estableciendo y controlando las líneas de comunicación e información, para hacerlas articuladas y coherentes entre todos los actores públicos, sociales, académicos y privados, en todos los medios de información y comunicación, para ellos es necesario establecer acuerdos, alianzas, sociedades comunes colectivas, corresponsables y participativas, cuyo único fin sea comunicar la verdad, más allá de intereses particulares de cualquier orden.
Para comunicar información respecto al virus, la pandemia, la salud, la atención, las condiciones de los centros de salud, las medidas que toman los gobiernos, la sociedad civil y los privados, los efectos e impactos que se verifican como inmediatos ante la crisis, es decir, se debe comunicar con transparencia toda la información necesaria para generar certeza positiva o negativa sobre la pandemia, sus efectos e impactos.
EP: A más de un mes de cuarentena los efectos económicos se expresan en sectores sin salarios y aumento en la pobreza ¿Qué cambios considera que deben hacer en la planificación de los diferentes niveles de gobierno?
JT: Existe un negativo efecto económico acumulativo, conformado por los eventos de los últimos meses de 2019, la pandemia, la caída del precio y demanda de los hidrocarburos, además de los efectos de las medidas tomadas por las autoridades (cuarentena y distanciamiento social), que tendrán impacto en la economía privada, social y del sector público. Estos últimos con alta dependencia de la renta del gas (IDH), incluso del 70 a 80% de sus ingresos, disminuyendo la inversión pública y por consiguiente la dinamización de la economía y la generación de empleo. También se redujo el consumo de bienes y servicios, complicando las condiciones para mantener o incrementar la masa laboral, los salarios, situación que podría agudizarse con el tiempo.
No obstante, este momento puede constituirse en una oportunidad desafiante si se identifican proyectos de inversión pública que involucren, entre otros como ser: El fortalecimiento del sistema de salud público y el control del sistema de salud privado, la protección y cuidado del medio ambiente, además del control de la contaminación.
Se deben priorizar sectores vulnerabilizados por la crisis (educación, transporte, telecomunicaciones, vivienda, seguridad ciudadana, entre otros), el uso de la mano de obra intensiva, la optimización de los costos y gastos administrativos, la diversificación, diferenciación e incremento del valor agregado de las materias primas, la identificación de sectores potenciales de alto valor agregado intangible, como producción y servicios tecnológicos e informática.
Es importante el apoyo al sector productor para su reactivación con mecanismos financieros ágiles y accesibles, que permitan tener acceso a capital de trabajo, créditos a muy bajo interés, asegurar y abaratar la cadena de suministros, permitir la reducción de costos de producción, apoyar la innovación, y promover y facilitar mecanismos de faciliten la comercialización de productos.
Existe alto riesgo de que el empleo, el salario, y las condiciones laborales se vean afectadas, por lo cual, a través de la participación activa de los gobiernos, los actores privados y la sociedad civil, es fundamental que se generen estrategias, espacios y mecanismos que permitan que el sacrificio sea equitativo en la medida de las posibilidades y características de cada quien, protegiendo un salario equitativo y el trabajo digno y seguro para el mantenimiento y seguridad de las familias.
La protección de las condiciones básicas de vida básicas, siendo la alimentación una de las más importantes, es por ello, que la promoción y fortalecimiento de la producción de alimentos, la facilitación y promoción de la sustitución de productos importados, el aseguramiento y abaratamiento de las cadenas de suministros, la facilitación comercial de los productos, y la promoción y protección del “compro boliviano”, para el acceso a los alimentos deben estar garantizados, controlando la especulación y el agio según sea el caso.
En resumen, la planificación estatal, debe permitir generar condiciones de mayor resiliencia (capacidad de recuperación) de la población, sus organizaciones, instituciones y empresas, para recuperarse ante la crisis y estar mejor preparados ante cualquier evento similar o mayor en el futuro.
EP: Si bien el Gobierno recibió donaciones y accedió a créditos para hacer frente el Covid-19, desde su experiencia en la gestión pública ¿Cuáles son los desafíos de la política pública para manejar el tema salud y economía?
JT: Los organismos de cooperación internacional y nacional, además de las empresas privadas nacionales e internacionales, han demostrado su predisposición y solidaridad con nuestro país, sin embargo, y por la experiencia en eventos catastróficos anteriores (inundaciones, sequias, deslizamientos, entre otros), para que la solidaridad sea efectiva, se requiere de la organización del Gobierno Nacional en coordinación con todos los actores involucrados (Gobiernos subnacionales, sector salud, educación, entre otros).
Deben identificar las necesidades de ayuda (material, equipamiento, alimentos, u otro), con la mayor precisión posible, como su distribución oportuna, la utilidad y uso en favor de los ciudadanos, evitando que en la duplicación de la colaboración, existan necesidades no atendidas (pocos trajes de protección) y haya inutilidad de las donaciones, por ejemplo ventiladores que no pueden funcionar en la altura de El Alto.
Respecto a los créditos, es importante que tanto el Gobierno Nacional como los organismos crediticios, deban ajustar o alienarse al momento crítico específico del país, que seguro es muy propio y diferente al de otros por sus características, no solo tomando en cuenta las condiciones de interés, años de gracia, concesionalidad, sino tomar interés y atención en las propias exigencias o condicionalidades para acceder y tomar el crédito en un momento crítico, viendo su flexibilización. También es importante que las condiciones de los créditos puedan ser transparentadas y difundidas sin restricción, para que la ciudadanía tenga certidumbre de las decisiones gubernamentales de endeudamiento y/o donación.
En un contexto post Covid-19, los retos para el Gobierno Nacional, departamentales y municipales, como para los sectores sociales, gremiales de salud, educación, productivos, y los económicos, son: Que la construcción de estas políticas públicas, sea colectiva, participativa y corresponsable entre todos los actores del Estado (públicos, privados, sociales, gremiales, académicos, otros), con claridad de responsabilidades, cofinanciamiento y compromisos de participación activa y coordinada, también es importante que se consoliden acuerdos, convenios, alianzas o sociedades entre ellos.
Se debe construir una política pública integral que fortalezca la salud y procure la reactivación económica, tomando todas las variables principalmente la vulnerabilizadas por la pandemia. También, es importante ajustar la normativa, procedimientos/protocolos, estrategias, currículas, para que los procesos sean ágiles, adecuados al momento actual, y sobre todo transparentes.
“Es importante construir una política pública integral que fortalezca la salud y procure la reactivación económica, tomando todas las variables principalmente la vulnerabilizadas por la pandemia”
Entidades multilaterales obligadas a forjar cambios
EP: La pandemia impone retos enormes no solo a los países sino a las instituciones multilaterales, en este contexto ¿Cuál es su postura respecto a la planificación estratégica y operativa en el ámbito público y privado para generar desarrollo económico y social?
JT: Los papeles de las instituciones multilaterales de financiamiento se han visto particularmente modificados y/o ampliad0s luego de la crisis de 2008, misma que ha permitido una mayor presencia de China, despertando en países beneficiarios, una sensación de multipolaridad con mayores opciones y posibilidades, sin embargo, muchos de estos financiamientos están supeditados y condicionados por visiones de desarrollo foráneas de países influyentes o dueños de los recursos, como: políticas económicas de austeridad, control de déficit, reducción salarial, incremento de impuestos, racionalización, flexibilización laboral, privatizaciones.
Visiones comerciales, de libre mercado, subsidio a inversiones privadas y que deben ser obligatoriamente implementadas por los países prestatarios/beneficiarios, cuya resistencia o discusión sobre las mismas, puede, con alta probabilidad, hacerlos sujetos de rechazo e incluso de veto, de esta forma, socava la soberanía, limita la toma de decisiones y disminuye el control de sus estrategias de crecimiento y desarrollo, todo en base a los papeles de Banco Mundial y el FMI.
En principio, las críticas a la pertinencia, mecanismos y formas de financiamiento de las instituciones multilaterales de financiamiento, como el actual escenario catalizado y visibilizado por la pandemia pone en tela de juicio la pertinencia del modelo de crecimiento y desarrollo mundial impuesto, que se evidencia inequitativo, inviable, insostenible, entre otros.
Por último, las nuevas visiones y decisiones soberanas de los países para el desarrollo post Covid-19, obligarán una vez más, a las instituciones multilaterales, a realizar un cambio de papeles, de tal forma que el financiamiento aporte a la promoción del desarrollo luego de una crisis de escala mundial.
Toca a los gobiernos como el nuestro, proteger recelosamente los intereses del país y procurar acuerdos crediticios que fundamentalmente beneficien al país en su conjunto, protegiendo el medio ambiente, sin preferencias, discriminaciones, desigualdades o beneficios injustos en favor de uno u otro sector o actor, sea privado, público o social. Protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, procurando la reducción de la pobreza y que promuevan a los gobiernos como actores activos del desarrollo económico.
Por otro lado, las instituciones multilaterales regionales de las cuales somos signatarios, como la Comunidad Andina de Naciones, Unión de Naciones Suramericanas, Mercosur (como Asociado) entre las más representativas, deben, ahora más que nunca, promover la unión de los países que las componen, estableciendo acuerdos para blindar a la región ante amenazas que puedan perjudicar la reactivación de la economía y el aparato productivo, procurando negociar Tratados/Acuerdos con países de otras latitudes, equitativos en el intercambio comercial y la protección de las industrias nacionales.
El contexto crítico, también exige la participación activa y comprensiva del sector privado respecto a las condiciones urgentes y muy necesarias de reactivación del aparato productivo, la recuperación económica, la protección social, con la distribución equitativa y justa de sacrificios del peso de la crisis, la solidaridad, la redistribución más justa de las ganancias, la dignificación del trabajo, que son fundamentales para que las alianzas y acuerdos con el Gobierno y la sociedad civil viabilicen acciones sostenibles, evitando estallidos desestabilizadores de conflictividad social o política detonados por el desempleo, los salarios insuficientes y el incremento de la pobreza.
EL PERFIL
Nombre
Joseph Tapia Gutiérrez
Profesión
Ingeniero Agrónomo
Cursó el diplomado en Agroecología, Agricultura Sostenible, Gestión de Proyectos, y Sistemas de Inocuidad Alimentaria. Se capacitó el PNUD durante dos años sobre gestión pública desde la perspectiva de la reducción de riesgo y manejo de crisis. Tiene ampli experiencia y conocimientos en diseño y ejecución de políticas públicas, planificación estratégica y operativa, gestión de riesgo, gestión de proyectos, gestión de conflictos, comercio exterior, Seguro Agrario, Procesos de Agregación de Valor e Identificación de Mercados Emergentes.
Puntualiza que la planificación estatal debe generar condiciones de mayor resiliencia (capacidad de recuperación) de la población, sus organizaciones, instituciones y empresas, para reponerse ante la crisis ocasionada por la pandemia y estar mejor preparada ante cualquier evento similar o mayor en el futuro.
El País (EP): En un intento por detener la propagación del Covid-19, las medidas del Gobierno Nacional paralizaron el aparato productivo del país ¿Qué medidas se deberían tomar en este contexto que vive Bolivia y la región para reactivar la economía?
Joseph Tapia (JT): La pandemia del Covid-19, puede ser considerada como un “Evento Critico” único, debido a su carácter global, al desconocimiento de su comportamiento (magnitud, intensidad y frecuencia) que no permite contar con protocolos y medidas de control certeras. Esta incertidumbre, ha puesto en evidencia, los errores del modelo de desarrollo, que entre otros, redujo las inversiones en el sector salud, en favor, por ejemplo, de la inversión en explotación de recursos naturales, por ser rentables, que están visibilizando la alta vulnerabilidad y precariedad de los sistemas de salud, disminuyendo la capacidad de resiliencia de los países ante la pandemia.
Ante tamaña incertidumbre los países han tomado medidas de cuarentena, aislamiento social, selección de grupos sociales vulnerables, entre otros, con el objetivo de achatar la curva epidemiológica, disminuyendo el riesgo de que el sistema de salud colapse, se vea sobrepasado, y se evidencie su alta vulnerabilidad, ineficiencia, inoperabilidad, insuficiencia, etc.
La autoridades en su conjunto han tomado similares medidas, lo que configura un “Evento Crítico” de carácter multisectorial, que involucra además la salud, la economía, la producción, el empleo, la seguridad ciudadana e inclusive el transporte, la vivienda, la educación, la comunicación, entre otros.
Por otro lado, en el sector productivo nacional, existe una alta dependencia de muchos insumos productivos del extranjero (principalmente China) para encarar los procesos de producción, que tienen importante incidencia en los costos de producción, la competitividad e inclusive la oportunidad de mercado, que en este momento son y serán influenciados por las medidas tomadas en los países de origen de estos insumos.
Ante una relativa certeza de impacto en la economía y desarrollo del país incluso de recesión económica, que según la CAN, la proyección del crecimiento económico de Bolivia disminuirá a un promedio 2,7% entre 2020 y 2021, aún no se puede evaluar con mayor certeza los efectos e impactos de la pandemia y las medidas tomadas por el Gobierno en su real magnitud, lo cual permitiría contar con los elementos suficientes y esclarecedores para el diseño e implementación de medidas más certeras de recuperación o reactivación del crecimiento y desarrollo post Covid-19, incluso el replanteamiento de la visión de país en base a potencialidades y oportunidades en el nuevo contexto mundial, regional y nacional.
En todo caso, para encarar la reactivación económica y desarrollo del país, el Gobierno deberán tomar posición y buscar respuestas, a: Cómo construir una nueva e innovadora visión de país, cómo utilizamos o potencializamos las reservas económicas del país, cómo potencializamos o fortalecemos los productos o servicios existentes. Cómo y cuáles son las medidas económicas más justas, equitativas y proporcionales, que permitan que todos los actores del Estado se comprometan, corresponsabilicen y participen activamente en la medida de sus posibilidades, realidades y condiciones.
Cómo generamos medidas integrales (económicas, financieras, sociales, de salud, educación, vivienda, telecomunicaciones, transporte, otros), para proteger, reestablecer y mejorar sus medios vida y reinserción a la economía de los sectores productivos y sociales más afectados y vulnerabilizados por la crisis.
Cuáles son las medidas más adecuadas para proteger el capital social y productivo del país sin transferir la carga y sacrificios de los efectos e impactos de la pandemia a los sectores menos favorecidos (empleados, pobres), entre otras medidas para fortalecer, proteger, diversificar y diferenciar potenciales sectores para la reactivación económica, insertándonos en el mundo de la transformación e innovación tecnológica.
Además, con qué actores internacionales o con qué estrategias consolidamos o generamos alianzas, convenios o sociedades a nivel internacional y cómo comprometer a toda la sociedad, sus instituciones y organizaciones de cualquier carácter, índole e interés, en llevar adelante acciones corresponsables, coordinadas, articuladas, activas con un mismo fin e interés.
EP: Las proyecciones de diferentes sectores de la sociedad por la actual situación sanitaria no es optimista ¿Desde la gestión pública qué aportes se pueden hacer para mitigar esta situación?
JT: Existe mucha confusión sobre la veracidad y exactitud de la información, misma que es alimentada por varios factores como: el descontrol de la información difundida en redes sociales, la manipulación de información, la ausencia de la ética, la difusión de medias verdades o información incompleta, la aceptación de la vulneración de la privacidad y el comportamiento en manos de trasnacionales (google, YouTube), además de la información equivoca o sesgada por algún interés político-económico-social-cultural, sumado a ello están las autoridades de los diferentes niveles de gobierno que divulgan información contradictoria-poco clara, incompleta-poco transparente.
También están los actos de corrupción y falta de transparencia en el uso de recursos públicos, entre otros. Todo esto ha creado un escenario de alta incertidumbre y confusión, sumado al insuficiente análisis crítico de la gente para poner filtros a la información que recibe; esto induce a que la mayoría de la población bombardee con información a sus contactos de grupos o redes sociales, generando un círculo vicioso de difusión de información que genera incertidumbre, desazón y proyecciones que pueden ser equívocamente optimistas o pesimistas, pero en todo caso distantes de la verdad respecto al conocimiento, investigación del comportamiento del virus y su tratamiento, así como, la situación social, económica y política actual y en el escenario post Covid-19.
El Gobierno requiere poner especial atención y control a este aspecto, como una medida de protección y difusión de la verdad, entonces parece que la pregunta es ¿Qué debería hacer el Gobierno Nacional y también los gobiernos departamentales y municipales ante este escenario de desorden, desinformación, manipulación, influencia negativa en el optimismo, el ánimo y alta moral de la población?
Pues en base a la transparencia y difusión de la verdad tal cual es, estableciendo y controlando las líneas de comunicación e información, para hacerlas articuladas y coherentes entre todos los actores públicos, sociales, académicos y privados, en todos los medios de información y comunicación, para ellos es necesario establecer acuerdos, alianzas, sociedades comunes colectivas, corresponsables y participativas, cuyo único fin sea comunicar la verdad, más allá de intereses particulares de cualquier orden.
Para comunicar información respecto al virus, la pandemia, la salud, la atención, las condiciones de los centros de salud, las medidas que toman los gobiernos, la sociedad civil y los privados, los efectos e impactos que se verifican como inmediatos ante la crisis, es decir, se debe comunicar con transparencia toda la información necesaria para generar certeza positiva o negativa sobre la pandemia, sus efectos e impactos.
EP: A más de un mes de cuarentena los efectos económicos se expresan en sectores sin salarios y aumento en la pobreza ¿Qué cambios considera que deben hacer en la planificación de los diferentes niveles de gobierno?
JT: Existe un negativo efecto económico acumulativo, conformado por los eventos de los últimos meses de 2019, la pandemia, la caída del precio y demanda de los hidrocarburos, además de los efectos de las medidas tomadas por las autoridades (cuarentena y distanciamiento social), que tendrán impacto en la economía privada, social y del sector público. Estos últimos con alta dependencia de la renta del gas (IDH), incluso del 70 a 80% de sus ingresos, disminuyendo la inversión pública y por consiguiente la dinamización de la economía y la generación de empleo. También se redujo el consumo de bienes y servicios, complicando las condiciones para mantener o incrementar la masa laboral, los salarios, situación que podría agudizarse con el tiempo.
No obstante, este momento puede constituirse en una oportunidad desafiante si se identifican proyectos de inversión pública que involucren, entre otros como ser: El fortalecimiento del sistema de salud público y el control del sistema de salud privado, la protección y cuidado del medio ambiente, además del control de la contaminación.
Se deben priorizar sectores vulnerabilizados por la crisis (educación, transporte, telecomunicaciones, vivienda, seguridad ciudadana, entre otros), el uso de la mano de obra intensiva, la optimización de los costos y gastos administrativos, la diversificación, diferenciación e incremento del valor agregado de las materias primas, la identificación de sectores potenciales de alto valor agregado intangible, como producción y servicios tecnológicos e informática.
Es importante el apoyo al sector productor para su reactivación con mecanismos financieros ágiles y accesibles, que permitan tener acceso a capital de trabajo, créditos a muy bajo interés, asegurar y abaratar la cadena de suministros, permitir la reducción de costos de producción, apoyar la innovación, y promover y facilitar mecanismos de faciliten la comercialización de productos.
Existe alto riesgo de que el empleo, el salario, y las condiciones laborales se vean afectadas, por lo cual, a través de la participación activa de los gobiernos, los actores privados y la sociedad civil, es fundamental que se generen estrategias, espacios y mecanismos que permitan que el sacrificio sea equitativo en la medida de las posibilidades y características de cada quien, protegiendo un salario equitativo y el trabajo digno y seguro para el mantenimiento y seguridad de las familias.
La protección de las condiciones básicas de vida básicas, siendo la alimentación una de las más importantes, es por ello, que la promoción y fortalecimiento de la producción de alimentos, la facilitación y promoción de la sustitución de productos importados, el aseguramiento y abaratamiento de las cadenas de suministros, la facilitación comercial de los productos, y la promoción y protección del “compro boliviano”, para el acceso a los alimentos deben estar garantizados, controlando la especulación y el agio según sea el caso.
En resumen, la planificación estatal, debe permitir generar condiciones de mayor resiliencia (capacidad de recuperación) de la población, sus organizaciones, instituciones y empresas, para recuperarse ante la crisis y estar mejor preparados ante cualquier evento similar o mayor en el futuro.
EP: Si bien el Gobierno recibió donaciones y accedió a créditos para hacer frente el Covid-19, desde su experiencia en la gestión pública ¿Cuáles son los desafíos de la política pública para manejar el tema salud y economía?
JT: Los organismos de cooperación internacional y nacional, además de las empresas privadas nacionales e internacionales, han demostrado su predisposición y solidaridad con nuestro país, sin embargo, y por la experiencia en eventos catastróficos anteriores (inundaciones, sequias, deslizamientos, entre otros), para que la solidaridad sea efectiva, se requiere de la organización del Gobierno Nacional en coordinación con todos los actores involucrados (Gobiernos subnacionales, sector salud, educación, entre otros).
Deben identificar las necesidades de ayuda (material, equipamiento, alimentos, u otro), con la mayor precisión posible, como su distribución oportuna, la utilidad y uso en favor de los ciudadanos, evitando que en la duplicación de la colaboración, existan necesidades no atendidas (pocos trajes de protección) y haya inutilidad de las donaciones, por ejemplo ventiladores que no pueden funcionar en la altura de El Alto.
Respecto a los créditos, es importante que tanto el Gobierno Nacional como los organismos crediticios, deban ajustar o alienarse al momento crítico específico del país, que seguro es muy propio y diferente al de otros por sus características, no solo tomando en cuenta las condiciones de interés, años de gracia, concesionalidad, sino tomar interés y atención en las propias exigencias o condicionalidades para acceder y tomar el crédito en un momento crítico, viendo su flexibilización. También es importante que las condiciones de los créditos puedan ser transparentadas y difundidas sin restricción, para que la ciudadanía tenga certidumbre de las decisiones gubernamentales de endeudamiento y/o donación.
En un contexto post Covid-19, los retos para el Gobierno Nacional, departamentales y municipales, como para los sectores sociales, gremiales de salud, educación, productivos, y los económicos, son: Que la construcción de estas políticas públicas, sea colectiva, participativa y corresponsable entre todos los actores del Estado (públicos, privados, sociales, gremiales, académicos, otros), con claridad de responsabilidades, cofinanciamiento y compromisos de participación activa y coordinada, también es importante que se consoliden acuerdos, convenios, alianzas o sociedades entre ellos.
Se debe construir una política pública integral que fortalezca la salud y procure la reactivación económica, tomando todas las variables principalmente la vulnerabilizadas por la pandemia. También, es importante ajustar la normativa, procedimientos/protocolos, estrategias, currículas, para que los procesos sean ágiles, adecuados al momento actual, y sobre todo transparentes.
“Es importante construir una política pública integral que fortalezca la salud y procure la reactivación económica, tomando todas las variables principalmente la vulnerabilizadas por la pandemia”
Entidades multilaterales obligadas a forjar cambios
EP: La pandemia impone retos enormes no solo a los países sino a las instituciones multilaterales, en este contexto ¿Cuál es su postura respecto a la planificación estratégica y operativa en el ámbito público y privado para generar desarrollo económico y social?
JT: Los papeles de las instituciones multilaterales de financiamiento se han visto particularmente modificados y/o ampliad0s luego de la crisis de 2008, misma que ha permitido una mayor presencia de China, despertando en países beneficiarios, una sensación de multipolaridad con mayores opciones y posibilidades, sin embargo, muchos de estos financiamientos están supeditados y condicionados por visiones de desarrollo foráneas de países influyentes o dueños de los recursos, como: políticas económicas de austeridad, control de déficit, reducción salarial, incremento de impuestos, racionalización, flexibilización laboral, privatizaciones.
Visiones comerciales, de libre mercado, subsidio a inversiones privadas y que deben ser obligatoriamente implementadas por los países prestatarios/beneficiarios, cuya resistencia o discusión sobre las mismas, puede, con alta probabilidad, hacerlos sujetos de rechazo e incluso de veto, de esta forma, socava la soberanía, limita la toma de decisiones y disminuye el control de sus estrategias de crecimiento y desarrollo, todo en base a los papeles de Banco Mundial y el FMI.
En principio, las críticas a la pertinencia, mecanismos y formas de financiamiento de las instituciones multilaterales de financiamiento, como el actual escenario catalizado y visibilizado por la pandemia pone en tela de juicio la pertinencia del modelo de crecimiento y desarrollo mundial impuesto, que se evidencia inequitativo, inviable, insostenible, entre otros.
Por último, las nuevas visiones y decisiones soberanas de los países para el desarrollo post Covid-19, obligarán una vez más, a las instituciones multilaterales, a realizar un cambio de papeles, de tal forma que el financiamiento aporte a la promoción del desarrollo luego de una crisis de escala mundial.
Toca a los gobiernos como el nuestro, proteger recelosamente los intereses del país y procurar acuerdos crediticios que fundamentalmente beneficien al país en su conjunto, protegiendo el medio ambiente, sin preferencias, discriminaciones, desigualdades o beneficios injustos en favor de uno u otro sector o actor, sea privado, público o social. Protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, procurando la reducción de la pobreza y que promuevan a los gobiernos como actores activos del desarrollo económico.
Por otro lado, las instituciones multilaterales regionales de las cuales somos signatarios, como la Comunidad Andina de Naciones, Unión de Naciones Suramericanas, Mercosur (como Asociado) entre las más representativas, deben, ahora más que nunca, promover la unión de los países que las componen, estableciendo acuerdos para blindar a la región ante amenazas que puedan perjudicar la reactivación de la economía y el aparato productivo, procurando negociar Tratados/Acuerdos con países de otras latitudes, equitativos en el intercambio comercial y la protección de las industrias nacionales.
El contexto crítico, también exige la participación activa y comprensiva del sector privado respecto a las condiciones urgentes y muy necesarias de reactivación del aparato productivo, la recuperación económica, la protección social, con la distribución equitativa y justa de sacrificios del peso de la crisis, la solidaridad, la redistribución más justa de las ganancias, la dignificación del trabajo, que son fundamentales para que las alianzas y acuerdos con el Gobierno y la sociedad civil viabilicen acciones sostenibles, evitando estallidos desestabilizadores de conflictividad social o política detonados por el desempleo, los salarios insuficientes y el incremento de la pobreza.
EL PERFIL
Nombre
Joseph Tapia Gutiérrez
Profesión
Ingeniero Agrónomo
Cursó el diplomado en Agroecología, Agricultura Sostenible, Gestión de Proyectos, y Sistemas de Inocuidad Alimentaria. Se capacitó el PNUD durante dos años sobre gestión pública desde la perspectiva de la reducción de riesgo y manejo de crisis. Tiene ampli experiencia y conocimientos en diseño y ejecución de políticas públicas, planificación estratégica y operativa, gestión de riesgo, gestión de proyectos, gestión de conflictos, comercio exterior, Seguro Agrario, Procesos de Agregación de Valor e Identificación de Mercados Emergentes.