En 11 años campesinos recibieron Bs 1.382.003.500 del Prosol

Mucho no han cambiado las cosas en el agro tarijeño en la última década, según reconocieron los propios ejecutivos de la Federación de Campesinos durante la conmemoración del aniversario de la Reforma Agraria: sequía, falta de planificación hidrológica, dependencia de los factores climáticos, poca mecanización, nula industrialización, etc.  Sin embargo, es la época en la que más recursos se han inyectado desde el sector público a las familias campesinas a través del Programa Solidario Comunal (Prosol), y también la época en la que más dirigentes campesinos han estado cerca del poder, incluso lo han ejercido como en el caso de Lino Condori. La historia del Prosol, del 2007 a la fecha, es una historia de cambios conceptuales, de tomas de poder, y de números extraños que nadie quiere del todo aclarar.

El Prosol nació como demanda campesina. La punta de lanza fue la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT). Al frente se encontraba el entonces dirigente Luis Alfaro, quien lideró un masivo bloqueo de carreteras. Se pretendía el desembolso inmediato de aproximadamente 2.000 bolivianos por familia campesina, pero los recursos no iban a llegar en efectivo, sino implementados mediante proyectos de desarrollo productivo.

Entonces se decía que había 40 mil interesados en el programa, cuando en realidad eran alrededor de 32 mil familias las registradas. Se corrió la voz sobre el programa que pretendía distribuir recursos para el beneficio de la producción agrícola de comunidades detrás de las fronteras y algunos vecinos de barrios periurbanos lo tomaron muy en cuenta.

Al frente de la Prefectura se encontraba Mario Cossío, y con su habilidad política logró convertir una exigencia externa en una bandera propia, eso sí, con un marcado matiz ideológico: La ayuda llegó a los campesinos, pero de forma individual a cada uno de ellos.

Después cayó Cossío en diciembre de 2010. Para entonces Luis Alfaro ya se había convertido en el primer diputado Plurinominal por el MAS en Tarija. El Gobernador electo apenas ocho meses antes se vio acorralado por la Fiscalía, que firmó la acusación por la que fue suspendido – posteriormente fue absuelto, ocho años después – y decidió huir a Paraguay.

La Gobernación quedó a cargo de manera interina por Lino Condori. El beneficio anual se incrementó primero a 2.500, luego a 4.500 y finalmente a 6.000 bolivianos por familia con un complemento de 1.500 para dedicarlo netamente al agua. También cambió el concepto: planes quinquenales donde se enmarcaban las iniciativas productivas y acurdo de toda la comunidad. Eran los años (2012-2014) en los que el barril de petróleo cotizaba por encima de los 100 dólares y las regalías se multiplicaban, y los años donde fue creciendo una prominente burguesía campesina que controlaba el programa.

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Crecimiento de recursos

Desde 2011, el total de recursos destinados al Prosol se dispararon. Si en el 2010 los 11 municipios del departamento 36.360 familias recibieron un total de 74.380.000 bolivianos, un año después se les asignó un total de 216.288.000 bolivianos a 48.064 familias, siendo este último monto el más alto a comparación de las otras gestiones debido a un incremento de beneficiarios hasta hoy no explicado.

Según un cuadro que proporcionó la dirección del Prosol de la Gobernación desde el 2008 hasta la actual gestión, las comunidades campesinas del departamento recibieron 1.382.003.500 bolivianos que debían ser invertidos para mejorar las condiciones de producción.

El presidente del Concejo Municipal de Cercado, Alfonso Lema, mencionó que tan solo el 12 por ciento de población de esta jurisdicción habita en la zona rural. Sin embargo, se trata del municipio que mayor cantidad de recursos recibió en los ya 11 años del programa -sin tomar en cuenta el 2016, porque durante este año no hubo desembolsos-. Cercado percibió 190.705.500 bolivianos para las 77 comunidades campesinas.

Los extraños números familiares

En el seguimiento de los datos, lo más llamativo es la fluctuación de familias beneficiarias en proporciones importantes. Cercado es tan solo un ejemplo: La fluctuación de la cantidad de familias que se beneficiaron con el programa varió año a año. En el 2008, se inscribieron 5.843 familias y para el 2017 este número se redujo a 527, casi como Yunchará en 2018, que registró 525 familias beneficiarias.

En Yunchará, el municipio más pequeño de Tarija, se recibieron 40.484.250 bolivianos desde el 2008 hasta el 2019. En el primer año del programa se inscribieron 1.071 familias y para el 2017 declinaron a 420 beneficiarias.

Las denuncias sobre las comunidades fantasmas no tardaron en llegar. En el 2013, se apuntó a las familias beneficiarias del pueblo weenhayek, donde el número de inscritos se duplicó desde 2011. De acuerdo al censo poblacional realizado por el Instituto Nacional Estadístico (INE), en una de las comunidades implicadas se registraban 200 habitantes, pero inscritos al programa estaban 400.

La mano derecha de Condori en aquel tiempo, Roberto Ruiz, que ocupaba el puesto de Secretario Ejecutivo de la Gobernación reconoció en 2013 que el 80 por ciento de las cédulas de identidad presentadas para acogerse a este programa eran falsas y que de las de las 5.124 familias weenhayeks que se registraron para percibir los Bs 6.000 del bono casi 4.000 eran fantasmas. Hasta hoy no se ha aclarado el tema.

El pueblo indígena quedó suspendido del programa hasta la fecha como única medida. Según la directora del Programa, Gladys Sandoval, para volver a beneficiarse deberán hacer la devolución de los fondos, según los procesos legales y penales iniciados desde el Ministerio Público en anteriores gestiones contra los comités administradores del dinero. Se estima que el dinero malversado supera los 15 millones de bolivianos, solo en estas comunidades.

El municipio de Villa Montes llegó a percibir 103.827.750 bolivianos desde el 2008 hasta ahora, Caraparí 102.847.000 bolivianos Yacuiba 172.356.750 bolivianos. Es decir que el chaco recibió alrededor de 379.031.500 bolivianos. Estas cifras sueltas no tienen un sentido si no se tiene registrada la inversión que se efectuó dirigida a la compra de las necesidades que advirtieron las familias beneficiarias.

Lo cierto es que no hay un registro a detalle de cuáles son las compras o inversiones que cada comunidad de los 11 municipios del departamento realizó por gestión. Desde los tractores, el alambrado y otras. Las instancias correspondientes se encuentran en pleno proceso investigativo.

El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Fernando Barrientos, en varias oportunidades realizó críticas al Prosol por no cumplir el objetivo inicial. No hubo un acompañamiento para enfocar las iniciativas de las comunidades en proyectos que sean rentables y que funcionen de acuerdo a cada contexto. Tampoco hubo una fiscalización inmediata del uso de los recursos y el numero de familias beneficiarias fue tan alto que se perdió de vista la problemática individual de cada comunidad. El programa aun persiste y el sector de campesinos insiste que se trata de una conquista para el agro.

¿Qué pasó con los procesos?

Según la Secretaría de Justicia de la Gobernación son 170 las comunidades que incumplieron la normativa del Prosol y se logró dictar sentencia en solo 30 procesos que le significaron 7.000.000 de bolivianos al departamento.

Las 170 denuncias están relacionadas con la mala administración de recursos destinados en su inicio a iniciativas productivas comunales, pero que concluyeron en compras fantasmas, compras con sobreprecios y supuestas recepciones de una serie de materiales, que en realidad no ingresaron a las comunidades para su beneficio.

Los procesados solicitaron al Ministerio Público y al Órgano Jurisdiccional acogerse a una pena que no supere los tres años de privación de libertad. Sin embargo, los campesinos no están de acuerdo con el tipo de sanción que se realiza y propusieron que no se sancione a la comunidad sino a los dirigentes campesinos que realizan las transacciones o a las personas implicadas en el hecho.