El viacrucis de los niños migrantes que van por México
Las nuevas políticas migratorias en México vulneran aún más a la población migrante infantil que cruza por el país. El Estado carece de una metodología para medir de forma eficaz las violencias que enfrentan los niños y niñas en su paso por el territorio mexicano. No existen cifras...



Las nuevas políticas migratorias en México vulneran aún más a la población migrante infantil que cruza por el país. El Estado carece de una metodología para medir de forma eficaz las violencias que enfrentan los niños y niñas en su paso por el territorio mexicano.
No existen cifras exactas sobre cuántos niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes pasan por México; esta carencia de cifras genera problemas para conocer los niveles de vulnerabilidad y violencias a las que se enfrentan en su camino.
Aun así, la presencia de traficantes, cárteles, secuestradores y extorsionadores dejan en claro que migrar por México es de alto riesgo para menores.
“Es un problema el registro de cuántas personas migran por México, sobre todo porque la cifra oficial se basa en eventos de personas detenidas por autoridades migratorias pero son eventos, no personas”, explica Rosalba Rivera, gestora de casos de niñez migrante del no gubernamental Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
“Una misma persona que fue detenida, deportada y luego regresó a México se vuelve a contar en la estadística anual”, detalla sobre la estadística migratoria construida a partir de los registros administrativos del gubernamental Instituto Nacional de Migración (INM).
El INM maneja la cifra de 8.569 niños, niñas y adolescentes migrantes que pasaron por México en lo que va del 2019 pero conocer la cifra real hasta ahora ha sido imposible, y conocer cuántos de ellos han sufrido violencia, todavía más.
Esto, explica Rivera, se debe a que no hay forma de medir esas cifras, ya que ninguna autoridad en la frontera revisa quién entra de manera irregular.
Las personas que han sido víctimas de violencia tampoco denuncian, por lo mismo de que están de manera irregular y por el miedo a no querer ser deportados, tampoco tenemos evidencias para asegurar cuántos niños han sido víctimas de violencia, añade la gestora.
-¿Cuáles son las consecuencias de no tener estas cifras?
“Una consecuencia en macro sigue siendo la impunidad con las bandas de tráfico, de trata, de extorsionadores. Otra consecuencia es en la vida de las personas, para los niños son experiencias que pueden ser traumáticas para el resto de su vida”, cuenta Rivera.
El Estado mexicano a través del Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes asumió el compromiso de establecer una base de datos de niños migrantes, las condiciones en las que viajan, si han sido víctimas, pero no es algo que se esté llevando a cabo.
“Es muy difícil, tendría que haber un cruce de muchas instituciones que estén coordinadas en salvaguardar los derechos de los migrantes, una intención coordinada de parte de las instituciones de diferentes sectores para hacer una base de datos conjunta para la que se requerirían metodologías de recaudación de datos: ir a las casas de migrantes para saber cómo están, qué condiciones tienen”, ejemplifica Rivera.
El Comité de los Derechos del Niño de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados en México, exhortó al Estado mexicano a recolectar datos desagregados para conocer e identificar casos de NNA migrantes, refugiados y desplazados. “Las estadísticas permitirían diseñar esquemas de alerta temprana para resolución de conflictos; para detectar qué entornos presentan niveles de riesgos más altos y para asignar recursos de manera más eficiente para la implementación de atención a la violencia”, contó Christian Skoog representante de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) en México.
Skoog pidió, durante la presentación del informe: “Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México”, poder contar con registros de la situación de niños sin cuidados parentales en situación de migración.
Rivera señala las violencias que viven los menores al pasar por el país: “Los que vienen acompañados son los que viven violencias de las más graves: extorsiones, secuestros, discriminación y xenofobia; los niños no acompañados llegan con la idea de que en la frontera norte (con Estados Unidos) van a pasar si sirven a las bandas de tráfico de drogas a cruzar en mochilas con droga”, indica.
Incluso les pagan para que convenzan a otros adolescentes a trabajar con ellos. Como entrar al tráfico de drogas, también corren el riesgo de consumo, pues les pagan con droga o con dosis. “Pueden tener problemas de adicción que no tenían”, añade la especialista.
Otra de las violencias es que al llegar a México, al no tener CURP (clave única de registro de población) ni estar dentro del sistema, no pueden acceder a servicios de salud, becas, programas sociales de gobierno y se enfrentan a violencia estructural que los excluye.
Los cambios recientes en la política migratoria, además, conllevan más detenciones y con eso nuevos riesgos.
“El tema de la política migratoria ha puesto más acento en la detención, estar hacinados en las estaciones migratorias sin una certeza de cuánto tiempo van a estar ahí, sin una certeza de sus derechos, con la incertidumbre de estar en un lugar desconocido en zonas prácticamente carcelarias para los niños es una violencia muy fuerte que marca sus vidas”, apunta Rivera.
Para la gestora de Imumi actualmente el riesgo para los menores es alto porque la vigilancia de la Guardia Nacional ha hecho que recorran caminos más complejos o que sigan a traficantes por zonas más riesgosas donde no hay organizaciones que estén cerca por si necesitan acompañamiento.
“El riesgo es que los traficantes ahora tengan un negocio más gordo. Incrementa el negocio para ellos e incrementan los riesgos para las personas, sobre todo para los niños”, reflexiona.
Antes que migrantes son niños
En el nuevo contexto de México respecto a la migración, para Rivera la seguridad de los NNA migrantes deberá ser una responsabilidad mucho más seria para el Estado mexicano y para las organizaciones.
“A México le va a tocar brindar la protección que anteriormente Estados Unidos brindaba, aunque no en el discurso, ya que los niños lograban pasar, había muchas opciones con las que Estados Unidos les daba seguridad”, asegura.
“Es importante ver si lo que se necesitan son programas para conseguir autonomía o familias de acogida no solamente pensar en la opción a corto plazo de tener albergues”, añade.
Imumi señala la urgencia de que no existan niños, niñas ni adolescentes en detención, porque ven que la tendencia de la nueva política va por esos caminos, lo que los pone en situaciones deplorables, además de violar la ley mexicana y los acuerdos internacionales que se han firmado.
“La detención de niños es una de las violencias más grandes y de las consecuencias más fuertes”, advierte Rivera.
La política de Donald Trump
“Tolerancia cero”
La política de “tolerancia cero” del gobierno de Trump anunciada en abril de 2018 llevó a la separación de miles de familias, lo que provocó una protesta nacional. Más de un año después, las repercusiones de esa política continúan sintiéndose.
Separación
Al menos 18 bebés y niños pequeños migrantes menores de dos años fueron separados de sus padres en la frontera “incluidos nueve bebés menores de un año”, según un informe publicado el viernes por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Alarma
El informe del viernes, basado en los datos obtenidos por el comité bajo citación de la administración de Trump, proporciona nueva información sobre al menos 2.648 niños que fueron separados de sus padres.
No existen cifras exactas sobre cuántos niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes pasan por México; esta carencia de cifras genera problemas para conocer los niveles de vulnerabilidad y violencias a las que se enfrentan en su camino.
Aun así, la presencia de traficantes, cárteles, secuestradores y extorsionadores dejan en claro que migrar por México es de alto riesgo para menores.
“Es un problema el registro de cuántas personas migran por México, sobre todo porque la cifra oficial se basa en eventos de personas detenidas por autoridades migratorias pero son eventos, no personas”, explica Rosalba Rivera, gestora de casos de niñez migrante del no gubernamental Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
“Una misma persona que fue detenida, deportada y luego regresó a México se vuelve a contar en la estadística anual”, detalla sobre la estadística migratoria construida a partir de los registros administrativos del gubernamental Instituto Nacional de Migración (INM).
El INM maneja la cifra de 8.569 niños, niñas y adolescentes migrantes que pasaron por México en lo que va del 2019 pero conocer la cifra real hasta ahora ha sido imposible, y conocer cuántos de ellos han sufrido violencia, todavía más.
Esto, explica Rivera, se debe a que no hay forma de medir esas cifras, ya que ninguna autoridad en la frontera revisa quién entra de manera irregular.
Las personas que han sido víctimas de violencia tampoco denuncian, por lo mismo de que están de manera irregular y por el miedo a no querer ser deportados, tampoco tenemos evidencias para asegurar cuántos niños han sido víctimas de violencia, añade la gestora.
-¿Cuáles son las consecuencias de no tener estas cifras?
“Una consecuencia en macro sigue siendo la impunidad con las bandas de tráfico, de trata, de extorsionadores. Otra consecuencia es en la vida de las personas, para los niños son experiencias que pueden ser traumáticas para el resto de su vida”, cuenta Rivera.
El Estado mexicano a través del Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes asumió el compromiso de establecer una base de datos de niños migrantes, las condiciones en las que viajan, si han sido víctimas, pero no es algo que se esté llevando a cabo.
“Es muy difícil, tendría que haber un cruce de muchas instituciones que estén coordinadas en salvaguardar los derechos de los migrantes, una intención coordinada de parte de las instituciones de diferentes sectores para hacer una base de datos conjunta para la que se requerirían metodologías de recaudación de datos: ir a las casas de migrantes para saber cómo están, qué condiciones tienen”, ejemplifica Rivera.
El Comité de los Derechos del Niño de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados en México, exhortó al Estado mexicano a recolectar datos desagregados para conocer e identificar casos de NNA migrantes, refugiados y desplazados. “Las estadísticas permitirían diseñar esquemas de alerta temprana para resolución de conflictos; para detectar qué entornos presentan niveles de riesgos más altos y para asignar recursos de manera más eficiente para la implementación de atención a la violencia”, contó Christian Skoog representante de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) en México.
Skoog pidió, durante la presentación del informe: “Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México”, poder contar con registros de la situación de niños sin cuidados parentales en situación de migración.
Rivera señala las violencias que viven los menores al pasar por el país: “Los que vienen acompañados son los que viven violencias de las más graves: extorsiones, secuestros, discriminación y xenofobia; los niños no acompañados llegan con la idea de que en la frontera norte (con Estados Unidos) van a pasar si sirven a las bandas de tráfico de drogas a cruzar en mochilas con droga”, indica.
Incluso les pagan para que convenzan a otros adolescentes a trabajar con ellos. Como entrar al tráfico de drogas, también corren el riesgo de consumo, pues les pagan con droga o con dosis. “Pueden tener problemas de adicción que no tenían”, añade la especialista.
Otra de las violencias es que al llegar a México, al no tener CURP (clave única de registro de población) ni estar dentro del sistema, no pueden acceder a servicios de salud, becas, programas sociales de gobierno y se enfrentan a violencia estructural que los excluye.
Los cambios recientes en la política migratoria, además, conllevan más detenciones y con eso nuevos riesgos.
“El tema de la política migratoria ha puesto más acento en la detención, estar hacinados en las estaciones migratorias sin una certeza de cuánto tiempo van a estar ahí, sin una certeza de sus derechos, con la incertidumbre de estar en un lugar desconocido en zonas prácticamente carcelarias para los niños es una violencia muy fuerte que marca sus vidas”, apunta Rivera.
Para la gestora de Imumi actualmente el riesgo para los menores es alto porque la vigilancia de la Guardia Nacional ha hecho que recorran caminos más complejos o que sigan a traficantes por zonas más riesgosas donde no hay organizaciones que estén cerca por si necesitan acompañamiento.
“El riesgo es que los traficantes ahora tengan un negocio más gordo. Incrementa el negocio para ellos e incrementan los riesgos para las personas, sobre todo para los niños”, reflexiona.
Antes que migrantes son niños
En el nuevo contexto de México respecto a la migración, para Rivera la seguridad de los NNA migrantes deberá ser una responsabilidad mucho más seria para el Estado mexicano y para las organizaciones.
“A México le va a tocar brindar la protección que anteriormente Estados Unidos brindaba, aunque no en el discurso, ya que los niños lograban pasar, había muchas opciones con las que Estados Unidos les daba seguridad”, asegura.
“Es importante ver si lo que se necesitan son programas para conseguir autonomía o familias de acogida no solamente pensar en la opción a corto plazo de tener albergues”, añade.
Imumi señala la urgencia de que no existan niños, niñas ni adolescentes en detención, porque ven que la tendencia de la nueva política va por esos caminos, lo que los pone en situaciones deplorables, además de violar la ley mexicana y los acuerdos internacionales que se han firmado.
“La detención de niños es una de las violencias más grandes y de las consecuencias más fuertes”, advierte Rivera.
La política de Donald Trump
“Tolerancia cero”
La política de “tolerancia cero” del gobierno de Trump anunciada en abril de 2018 llevó a la separación de miles de familias, lo que provocó una protesta nacional. Más de un año después, las repercusiones de esa política continúan sintiéndose.
Separación
Al menos 18 bebés y niños pequeños migrantes menores de dos años fueron separados de sus padres en la frontera “incluidos nueve bebés menores de un año”, según un informe publicado el viernes por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Alarma
El informe del viernes, basado en los datos obtenidos por el comité bajo citación de la administración de Trump, proporciona nueva información sobre al menos 2.648 niños que fueron separados de sus padres.