Suman los despojos de bienes a ancianos en Tarija

Mientras la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) tuvo conocimiento en lo que va del año de al menos 30 casos de despojo de bienes inmuebles a personas de la tercera edad, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) resolvió de manera conciliatoria en el primer trimestre del año nueve casos de este tipo. Sin embargo, reconocen que no es suficiente.

Según la presidenta de la APDH en Tarija, Teresa Rojas Tito, la entidad recibió informes de esa cantidad de denuncias en todo el departamento. Las personas adultas mayores fueron despojadas de sus casas, terrenos y propiedades a través de estafas cometidas por terceros, sobre todo por sus allegados e incluso familiares directos como sus hijos o nietos.

La institución una vez que recibe el reclamo, lo documenta y luego lo deriva a la instancia pertinente del Sedeges, junto a la cual buscan conciliar una solución.

En uno de los casos una señora se ganó la confianza de una anciana para después pedirle las escrituras de su vivienda y garantizarse el préstamo de tres mil dólares. Más aún, llegado el momento no canceló y provocó el despojo de la casa. Por la inestabilidad del estado emocional de la anciana, ésta tuvo que ser internada en el hogar Teresa de Jornet.


Otro caso paradigmático es el de una señora adulta mayor de 87 años que se casó con un varón que tenía hijos, pero luego de la desaparición de su pareja, los hijos de éste no le dejaban ingresar a su casa y ni siquiera le dejaban recoger su ropa.

 

En otros casos los propios hijos se apropian indebidamente de la propiedad, realizan construcciones, relegan a los padres y los amenazan con internarlos en un asilo.

Al respecto, la responsable del Adulto Mayor del Sedeges, Janeth Velásquez, contó que su oficina tiene la facultad de trabajar en la conciliación para resolver los problemas que se suscitan por la propiedad de los inmuebles de los adultos mayores.

Su objetivo es ayudarlos para evitar los gastos económicos que suponen los procesos judiciales. Sin embargo, si el adulto mayor ha perdido definitivamente el bien inmueble, éste recibe orientación en derecho, se le brinda un acompañamiento en el proceso, pero no pueden realizar un patrocinio legal porque la ley no les faculta ello, por lo que los derivan al Servicio Integral de Justicia Plurinacional (SIJPLU) para que les brinden abogados de manera gratuita.

“Tenemos la ventaja de que a través de la conciliación podemos resolver temas como el despojo de bienes que realizan los hijos que, comúnmente, reciben como adelanto de herencia. A los adultos mayores los aíslan en una habitación, no les brindan atención en salud y en algunos casos tampoco alimentación”, contó.

“Los nueve casos que se resolvieron fueron a través dela conciliación, se logró identificar que el despojo no era legal, adelantaron las herencias, los hijos tomaron posesión, en otros casos fueron disputas entre hermanos porque el progenitor favoreció a uno y los otros reclamaron”, ejemplificó.
La Ley de las Personas Adultas Mayores
La Ley 369 de las Personas Adultas Mayores tiene por objetivo regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección. Son titulares de los derechos las personas adultas mayores de sesenta o más años de edad, en el territorio boliviano.
La norma se rige por los principios de:
No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores.

No Violencia. Busca prevenir y erradicar toda conducta que cause lesión interna o externa, o cualquier otro tipo de maltrato que afecte la integridad física, psicológica, sexual y moral de las personas adultas mayores.

Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad.