Descoordinación retrasa plan contra la violencia

El plan de alerta departamental contra la violencia de género hacia la mujer no tiene coordinación entre las diferentes organizaciones de mujeres y la dirección creada con la finalidad de aplicar la Ley 368 que promulgó el Gobierno Departamental la gestión pasada.

Por un lado, las organizaciones, instituciones y colectivos que trabajaban contra la violencia a las mujeres se reunieron el 30 de abril para participar en una Audiencia Pública convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT). La reunión fue citada el 25 de abril para resolver dudas sobre la aplicación de la Ley y los avances; sin embargo, no hubo presencia de la Gobernación.

Cuestionaron las acciones de fortalecimiento y la asignación de presupuestos. De tal manera, exigieron asumir una “verdadera responsabilidad a la altura de la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres en todo el departamento”.

Por otro lado, la directora del Comité Interinstitucional para el cumplimiento de la Ley de Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en Tarija, Sonia Aguilar, expresó su confusión. En la normativa se estableció que el primer informe se realizará la primera quincena de mayo y hasta la fecha ella no recibió “ni una llamada” por parte de alguna organización ni institución que trabaja en el sector.

Aumenta la violencia

Lo cierto es que no hay coordinación. Mientras tanto, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Iván Cordero, indicó que en el departamento de Tarija el índice de violencia familiar se incrementó un 13 por ciento en el 2019 a comparación del 2018.

Se registraron 842 casos de violencia familiar desde el inicio de la gestión 2019 hasta la fecha, esto significa que se atendieron siete casos por día desde enero hasta abril. Además, dos casos de feminicidio en este cuatrimestre, uno en la capital y otro en Yacuiba, este último, donde un individuo asesinó a su esposa y a sus hijos, para después acabar él con su vida envenenándose.

La falta de infraestructura y personal son falencias que dificultan la atención inmediata de las víctimas, además de un evidente cambio estructural de comportamientos desde el seno familiar, los entornos educativos y demás espacios que consienten la violencia de género en todos los niveles.

Los municipios juegan un papel muy importante en la prevención y detección de casos de violencia, a través de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM). Muchos municipios, según Cordero, coadyuvan a los trabajos de la FELCV prestando sus vehículos para que los efectivos de esta institución puedan movilizarse de manera inmediata al lugar de la denuncia