2018, el año que la Fiscalía se cerró a dar información

A principios de año, el cuasi eterno fiscal departamental Gilbert Muñoz dejó el cargo y en su reemplazo fue posesionado Carlos Andrés Oblitas, quien estuvo poco más de seis meses manejando al Ministerio Público, debido a una renuncia sorpresiva que presentó en agosto, argumentando problemas de salud. La renuncia apareció justo cuando estaba en boca de todos el juicio que se seguía al ex alcalde municipal, Oscar Montes, quien finalmente quedó exento de culpas.

Durante esta primera transición, la relación de la Fiscalía con los medios de comunicación era buena y fluida, pero con el cambio las cosas comenzaron a cambiar. Posesionaron como fiscal interino a Maggi Susana Corrillo, quien llevó el hilo conductor de la Fiscalía por más de dos meses, pero con muchos problemas con los medios de comunicación.

Con una actitud reservada desde su sitial como fiscal anticorrupción, la nueva fiscal departamental se negaba a dar informes argumentando que estaba poniendo en orden la institución, pero con el pasar del tiempo el argumento no era válido y simplemente no se dejaba encontrar en sus oficinas o siempre estaba ocupada.

El punto más incómodo de esta relación ocurrió la primera semana de octubre cuando la fiscal departamental ordenó a la guardia del edificio no dejar entrar a los periodistas, pero ante el bullicio por tal instrucción, con el pasar las horas cedió y volvió a permitir el acceso a la prensa, pero tampoco los atendió. En esa ocasión  y ante la presión, sí habló una fiscal de materia.

Así pasaron las primeras semanas de la nueva fiscal hasta que finalmente coordinó con los periodistas y volvió a dar información a la población tarijeña. Pero justo cuando estaba comenzando a andar este nuevo acuerdo, fue designado Juan Lanchipa como nuevo Fiscal General de Bolivia, y con esto el cambio del fiscal departamental fue inminente.

El pasado 30 de octubre, Aymore Alvarez, fue designado como nuevo fiscal departamental, quien en su primera conferencia de prensa aseguró que “las puertas de la Fiscalía estarían abiertas a cualquier hora” para brindar información, pero no fue así.

Con el pasar de los días, la Fiscalía empezó a “cerrar la puerta” a los periodistas, quienes le exigían a la nueva autoridad que cumpla lo prometido, pero los reclamos y las exigencias eran vanos.

A tanta presión de la prensa para lograr informes de la Fiscalía, el nuevo fiscal dijo que atendería sólo lunes y jueves a los medios de comunicación. Si bien el comunicado no fue tomado con agrado por la prensa, se lo aceptó, pero ni esto fue cumplido por el propio fiscal Álvarez, quien faltó otra vez a su palabra y no declaró más ante los medios de comunicación.

Pero ahora, no era sólo el fiscal departamental quien no quería dar la cara ante los medios de comunicación, sino que ya ningún fiscal de materia se animaba a socializar su trabajo

En la segunda semana de diciembre, la verdad salió a la luz. Se trataba de una instructiva desde arriba, donde el Fiscal General ordenó a todos los fiscales del país no dar más información de manera directa, sin la previa aprobación de su autoridad.

La decisión causó revuelo y molestia en los periodistas y medios de comunicación, pero sobre todo en el pueblo, pues será conocido como el año en que la Fiscalía perdió transparencia.

Fiscales Departamentales

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