Fiscalía reabre investigación por los 32 lotes de los Montes – Ponce
El Fiscal departamental Carlos Oblitas reabrió la investigación por la adquisición de 32 propiedades en el departamento de Tarija que hubieran comprado tanto el matrimonio Óscar Montes Barzón – Ruth Ponce Pérez como su familia más cercana durante los quince años que el primero ejerció...



El Fiscal departamental Carlos Oblitas reabrió la investigación por la adquisición de 32 propiedades en el departamento de Tarija que hubieran comprado tanto el matrimonio Óscar Montes Barzón – Ruth Ponce Pérez como su familia más cercana durante los quince años que el primero ejerció como alcalde. Ponce, actualmente concejal, advirtió en la mañana de ayer una persecución y la total disposición a la Justicia. “Se trata de una persecución obsesiva de los abogados contra Óscar mandados por Paz Pereira”
El lunes está previsto reinstalar el juicio también contra el matrimonio Montes - Ponce por enriquecimiento ilícito cuya prescripción fue revocada por el Tribunal Departamental de Justicia, y si bien se trata de dos asuntos diferentes pueden llegar a conectarse en el futuro.
El proceso
La denuncia de los 32 lotes llegó en octubre de 2017 al despacho del entonces Fiscal Departamental, Gilbert Muñoz, que en enero fue promovido al cargo de “Fiscal Superior” en Sucre poco después de que se decidiera la prescripción en el delito de enriquecimiento.
Desde octubre se abrió una investigación preliminar por parte del Ministerio Público, puesto que la denuncia detallaba 32 propiedades adquiridas por el matrimonio, sus hermanos y una de sus hijas.
Concretamente, Óscar Montes Barzón habría adquirido tres inmuebles, Amado Montes Barzón dos inmuebles, Gustavo Montes Barzón nueve inmuebles, Moisés Ponce Pérez siete inmuebles, Ruth Ponce Pérez dos inmuebles, Esther Ponce Pérez seis inmuebles, María Isabel Ponce Pérez un inmueble (aunque se comprobó que no se trata de una hermana), Tomás Daniel Ponce un inmueble y Mayra Lorena Montes Ponce un inmueble.
La investigación previa cruzó datos de aportes de la familia a las AFP, los datos de las empresas propiedad de estas familias, entre ellas Comprafacil SRL, Distribución y Marketing del Sur SRL, LTD Bolivia, Empresa Constructora Moico y DMS SRL, y las diferentes declaraciones juradas y finalmente, sin entrar al fondo, la fiscalía determinó como suficientes las explicaciones y decidió el rechazo, sin embargo, el Fiscal Departamental Carlos Oblitas reconsideró la situación.
Oblitas esgrime que al menos dos personas de las vinculadas, Moisés Ponce (7) y Gustavo Montes (9) no contarían con el respaldo suficiente para el patrimonio adquirido. También señala que se requiere el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de La Paz, que no llegó antes de que se decidiera el rechazo, así como los movimientos bancarios solicitados a la ASFI.
En ese contexto y con el objetivo de garantizar una investigación completa y de calidad, Oblitas instruye la reapertura para tomar las medidas necesarias y recabar todos los informes y cursar las imputaciones según proceda.
Persecución
El ex alcalde Óscar Montes indicó que no tenía nada nuevo que aportar, si bien indicó que a todos los procesos que se le instalan se presenta puntualmente, además señaló que involucrar a sus hermanos resulta anecdótico, puesto que ellos son profesionales y tienen sus propios ingresos y vidas.
La concejal Ruth Ponce, también investigada, indicó sobre este caso que “es una persecución, contra nosotros y contra muchos más, contra mis hijas, la familia de mis cuñados, de mis yernos, la familia de mis yernos… No tenemos ninguna preocupación porque no hemos hecho ningún daño a la institución y menos a nuestro pueblo. Estamos totalmente tranquilos porque vamos a enfrentar este juicio y los que puedan venir. Están obsesivos con Oscar. Habían rechazos que han sido reabiertos, donde se había probado que no había ninguna situación de ilícito. Vamos a presentar nuestras pruebas de descargo y ya está, pero es doloroso cuando te tocan a la familia”.
El juicio se instala el lunes 13 de agosto
El lunes a las 8.30 de la mañana se reinstalará el juicio por enriquecimiento ilícito que se sigue contra el exalcalde Óscar Montes y su esposa, Ruth Ponce. El caso fue declarado prescrito en enero, pero la decisión fue corregida por el Tribunal de Alzada, al tratarse de un caso en el marco de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
“Estamos trabajando porque ya la documentación de la defensa ya estaba lista en enero aunque el Tribunal ha dado la razón en la excepción, lo lamentable es que el Tribunal de Alzada ha rectificado esta decisión”, señaló Ponce.
[gallery ids="49419,49421"]
El lunes está previsto reinstalar el juicio también contra el matrimonio Montes - Ponce por enriquecimiento ilícito cuya prescripción fue revocada por el Tribunal Departamental de Justicia, y si bien se trata de dos asuntos diferentes pueden llegar a conectarse en el futuro.
El proceso
La denuncia de los 32 lotes llegó en octubre de 2017 al despacho del entonces Fiscal Departamental, Gilbert Muñoz, que en enero fue promovido al cargo de “Fiscal Superior” en Sucre poco después de que se decidiera la prescripción en el delito de enriquecimiento.
Desde octubre se abrió una investigación preliminar por parte del Ministerio Público, puesto que la denuncia detallaba 32 propiedades adquiridas por el matrimonio, sus hermanos y una de sus hijas.
Concretamente, Óscar Montes Barzón habría adquirido tres inmuebles, Amado Montes Barzón dos inmuebles, Gustavo Montes Barzón nueve inmuebles, Moisés Ponce Pérez siete inmuebles, Ruth Ponce Pérez dos inmuebles, Esther Ponce Pérez seis inmuebles, María Isabel Ponce Pérez un inmueble (aunque se comprobó que no se trata de una hermana), Tomás Daniel Ponce un inmueble y Mayra Lorena Montes Ponce un inmueble.
La investigación previa cruzó datos de aportes de la familia a las AFP, los datos de las empresas propiedad de estas familias, entre ellas Comprafacil SRL, Distribución y Marketing del Sur SRL, LTD Bolivia, Empresa Constructora Moico y DMS SRL, y las diferentes declaraciones juradas y finalmente, sin entrar al fondo, la fiscalía determinó como suficientes las explicaciones y decidió el rechazo, sin embargo, el Fiscal Departamental Carlos Oblitas reconsideró la situación.
Oblitas esgrime que al menos dos personas de las vinculadas, Moisés Ponce (7) y Gustavo Montes (9) no contarían con el respaldo suficiente para el patrimonio adquirido. También señala que se requiere el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de La Paz, que no llegó antes de que se decidiera el rechazo, así como los movimientos bancarios solicitados a la ASFI.
En ese contexto y con el objetivo de garantizar una investigación completa y de calidad, Oblitas instruye la reapertura para tomar las medidas necesarias y recabar todos los informes y cursar las imputaciones según proceda.
Persecución
El ex alcalde Óscar Montes indicó que no tenía nada nuevo que aportar, si bien indicó que a todos los procesos que se le instalan se presenta puntualmente, además señaló que involucrar a sus hermanos resulta anecdótico, puesto que ellos son profesionales y tienen sus propios ingresos y vidas.
La concejal Ruth Ponce, también investigada, indicó sobre este caso que “es una persecución, contra nosotros y contra muchos más, contra mis hijas, la familia de mis cuñados, de mis yernos, la familia de mis yernos… No tenemos ninguna preocupación porque no hemos hecho ningún daño a la institución y menos a nuestro pueblo. Estamos totalmente tranquilos porque vamos a enfrentar este juicio y los que puedan venir. Están obsesivos con Oscar. Habían rechazos que han sido reabiertos, donde se había probado que no había ninguna situación de ilícito. Vamos a presentar nuestras pruebas de descargo y ya está, pero es doloroso cuando te tocan a la familia”.
El juicio se instala el lunes 13 de agosto
El lunes a las 8.30 de la mañana se reinstalará el juicio por enriquecimiento ilícito que se sigue contra el exalcalde Óscar Montes y su esposa, Ruth Ponce. El caso fue declarado prescrito en enero, pero la decisión fue corregida por el Tribunal de Alzada, al tratarse de un caso en el marco de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
“Estamos trabajando porque ya la documentación de la defensa ya estaba lista en enero aunque el Tribunal ha dado la razón en la excepción, lo lamentable es que el Tribunal de Alzada ha rectificado esta decisión”, señaló Ponce.
[gallery ids="49419,49421"]