Datos Abiertos: Bolivia desaprovecha una “oportunidad sin precedentes”

El experto boliviano en Datos Abiertos, Pablo Rivero, observa que en Bolivia existe un lento avance en esta materia: “Hay una voluntad política aún tibia aunque valorable de implementar gobierno electrónico. La AGETIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación) tiene una apuesta clara en este sentido”.

La AGETIC fue creada en septiembre de 2015, y es una entidad pública bajo tuición del Ministerio de la Presidencia. A partir de ello se conformó después el Grupo de Trabajo de Datos del Consejo para las Tecnologías de Información y Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia (CTIC-EPB), que tiene como objetivo “establecer los lineamientos y directrices generales en el ámbito del acceso y gestión de datos en el Estado”.

La creación de estas entidades constituye un avance, pero Rivero considera que “el verdadero salto se podrá hacer a partir de una normativa específica y la implicancia de más organizaciones de la sociedad civil y, con muchas mayores posibilidades que antes, de otros actores como medios, periodistas de investigación, ciudadanas y ciudadanos, que puedan garantizar el proceso de apertura de datos, gestión y transparencia”.

Un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “Los datos abiertos en América Latina y el Caribe”, que analiza la situación de los datos abiertos en los países de la región, también ve que han tenido avances importantes, aunque en muchos de ellos, como Bolivia, “aún tienen mucho por hacer”.

Mediciones de los datos abiertos
Según el BID, “el ecosistema de datos abiertos de la región ha ido creciendo año a año”. Para tratar de medir la evolución de las iniciativas de datos abiertos, existen cuatro índices: 1) el
Barómetro de Datos Abiertos (ODB); 2) el Índice Global de Datos Abiertos (GODI); 3) el Inventario de los Datos Abiertos (ODIN); y 4) y el Índice OURdata de la OCDE.
Cada uno de estos índices se enfoca en distintas dimensiones de las distintas iniciativas de datos abiertos.

El ODB intenta medir el ecosistema de datos abiertos en un país (publicación, el uso y el impacto de las estrategias de datos abiertos). El GODI se enfoca en analizar cómo se publican los datos en los distintos países, analizando temas como presupuesto gubernamental, compras públicas, calidad del aire y propiedad de tierras, entre otros.
El ODIN se enfoca únicamente en las estadísticas oficiales publicadas por las oficinas nacionales de estadísticas de cada país, analizando su grado de apertura e identificando brechas para mejorar el acceso.

Finalmente, el Índice OURdata sólo se ha aplicado a países miembros de la OCDE y Colombia, por lo que no tiene una amplia cobertura en la región, y no entra en el análisis para Latinoamérica.



 

 

 

 

Mejorando, pero falta mucho por hacer
A nivel regional, el informe del BID resalta la coincidencia entre el GODI y el ODB sobre la relativa posición de Latinoamérica a nivel mundial, “por debajo de los países de altos ingresos y a la par con Europa y Asia Central”.

Por otro lado, el ODIN revela “la relativa pobreza de los institutos nacionales de estadística en materia de apertura de datos, situando a la región por debajo de Asia del Sur, a la par con Medio Oriente y África del Norte y África Subsahariana y por encima de Asia Pacífico”.

También existen diferencias entre los países de la región. En América Latina destacan por liderar la agenda de datos abiertos a nivel mundial países como México, Brasil y Colombia, a los que se suman Costa Rica, México, Perú y Uruguay, por haber consolidado sus políticas nacionales de datos abiertos, sentando las bases legales y técnicas para la apertura.

Bolivia está entre los países que aún tienen “mucho por hacer”, aunque es claro que ha avanzado en los últimos años.
Así lo muestra el ranking elaborado por el BID, que evalúa 26 países latinoamericanos cubiertos por los índices ODB, GODI y ODIN, ordenados en función de un promedio simple de los rankings indexados.

El ranking es encabezado precisamente por México, Brasil y Colombia (en orden descendente), seguidos de Chile, Uruguay, Argentina, República Dominicana, Ecuador y Paraguay. Bolivia se encuentra debajo de Paraguay, en la posición número 10, y por encima de Perú, Panamá, Jamaica, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Haití, Barbados, entre otros.
En este sentido, Bolivia se encuentra entre los países que aun requieren un “apoyo integral a la agenda de datos abiertos”, al igual que la gran mayoría de los países de la región.

El experto boliviano César Mendoza considera que existen aún “grandes deficiencias que las áreas de nuestro gobierno tienen por no trabajar con datos abiertos y generalmente por no tener una política de datos abiertos que permita que los ciudadanos pueda tener acceso libre para que éstos puedan ser utilizados, reutilizado y distribuidos y así encontrar soluciones a problemas de nuestra región”.

Una “oportunidad sin precedentes”
¿Qué son los datos abiertos? La Carta Internacional de Datos Abiertos los define como aquellos datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Según el informe del BID, los gobiernos tienen “una oportunidad sin precedentes de generar valor público a través de la apertura y uso de datos”.

Tradicionalmente, la atención en los datos abiertos se ha centrado en los beneficios que éstos generan en términos de transparencia y rendición de cuentas. La publicación de datos de contrataciones, obras públicas, presupuestos, entre otros, ayuda a transparentar la gestión y a resaltar malos manejos o prácticas de corrupción que de otra manera serían más difíciles de identificar.

Pero los datos abiertos “también tienen el potencial de mejorar la eficiencia de los gobiernos de la región, facilitando el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Además, pueden convertirse en un habilitador del desarrollo económico creando oportunidades para emprendedores que usan los datos para crear servicios o productos”, agrega el BID.

Asimismo, los datos abiertos “juegan un rol fundamental en el empoderamiento de comunidades gracias a que, a través de su uso, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores (academia, periodistas, empresas, emprendedores) pueden visibilizar problemas públicos y comunicar demandas ciudadanas, generar redes de cooperación público-privada para cocrear y coproducir servicios públicos, y conectar actores del ecosistema digital para fortalecer la innovación en la administración pública”.

En este sentido, los expertos del BID consideran que los datos abiertos sirven como elemento de creación de confianza entre gobierno y ciudadano.

Por el contrario, “mantener la información cerrada, además de restringir su acceso, genera concentración de poder en quien la almacena. Los datos abiertos son una herramienta poderosa con el potencial de reducir estas asimetrías de información, fomentar la toma de decisiones basada en evidencia, mejorar la rendición de cuentas y generar impacto en la calidad de vida de las personas a través de su uso”.

Al respecto, las convenciones internacionales establecen que para que sean accesibles, los datos deben estar disponibles en línea, de preferencia de manera gratuita, sin necesidad de registrarse, y sin barreras administrativas, tecnológicas o burocráticas que restrinjan su acceso.

Los avances y los retrocesos

Como se ha mencionado antes, uno de los avances más notorios en Bolivia ha sido la creación de la AGETIC y el CTIC. A lo largo de los años, también se han consolidado sitios web del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Banco Central de Bolivia (BCB), ministerios, YPFB, y otras instancias estatales.

Sin embargo, también se han evidenciado retrocesos en la última década. Por ejemplo, en los portales de los ministerios del Estado, la información presentada es desactualizada, de varios años atrás. Y también es incompleta, ya que el ciudadano no puede encontrar toda la información que quisiera para hacer un seguimiento o fiscalización de los gobernantes.
Por ejemplo, los sitios web de YPFB han retirado en los últimos años valiosa información sensible como los contratos de operación, contratos de servicio con las petroleras, los costos recuperables en favor de las transnacionales, información relativa a la producción, comercialización y pago de regalías e IDH.

La única información de datos abiertos que aún quedaba disponible era la que publicaba YPFB Transportes sobre los volúmenes diarios transportados de gas natural por mercado de destino, pero ésta también fue retirada en mayo de 2017. El Ministerio de Economía tampoco publica información sobre dónde se presta la liquidez del Tesoro General del Estado. El BCB si bien publica informes de administración de las reservas internacionales, no muestra con detalle los bancos que se benefician con estos recursos, ni otros detalles. Información clara sobre la creciente deuda externa con China, como las condiciones de interés y montos, tampoco son públicos.

El INE publica datos agregados, con retrasos, y que no pueden ser vistos en detalle a niveles sub-municipales. Y un largo etcétera de falta de información se suma a prácticamente todas las carteras estratégicas del Estado Plurinacional.

En un intento para compensar esta falencia, la Fundación ARU ha desarrollado una Plataforma de Datos Abiertos para Bolivia, que intenta centralizar la información relevante disponible, pero que se nutre de fuentes de información públicas y abiertas (INE, miniesterios, etc.), por lo que las limitaciones son las mismas.

Algo similar propone el sitio web de Datos abiertos Bolivia (www.datos.gob.bo), la plataforma de datos accesibles, estandarizados y reutilizables del Estado Plurinacional de Bolivia.

Es un derecho, no un favor
La información “es nuestra”, afirma Marco Antonio Frías, que trabaja en el proyecto Open Street Map en Bolivia, porque “nosotros pagamos impuestos y no tenemos que pedir permiso al Estado ni solicitarle información, porque conocerla es nuestro derecho”.

El activista de la comunidad de software libre en Bolivia, Esteban Lima, enfatiza otro punto, el de la conectividad y el internet: “En Bolivia tenemos pésimas conexiones y mala cobertura. Si no se resuelve esta situación seguiremos retrasados y los siguientes pasos serán impensables. No puedes empoderarte de algo a lo que no tienes acceso”, afirma.

Por su parte, el comunicador y experto en redes digitales, Wilfredo Jordán, observa que en Bolivia hay cultura de participación social, y que para canalizarla se debe crear proyectos de cultura de datos abiertos, “que partan de la ciudadanía en torno a un interés común, no del Gobierno. Una vez que se llegue a eso, se va a lograr interpelar al Estado”.