La lucha contra las drogas necesita un enfoque de género

Alrededor de 5,6 por ciento de la población mundial entre 15 y 64 años, unas 275 millones de personas, consumieron drogas en 2016, señala el Informe Mundial sobre Drogas 2018, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), publicado en la última semana de junio.

En se contestó, ONUDD subraya la importancia del género en el consumo de drogas y en el comportamiento, lo que hace necesario suministrar diferentes tipos de soluciones legales y médicas. Ya que de las 275 millones de personas consumidoras de sustancias controladas, 31 millones sufren desórdenes, es decir que necesitan tratamiento, pero este solo llega a uno de cada seis consumidores.

“No hay una estrategia única para hacer frente al uso de drogas, debe haber una variedad de medidas de prevención basadas en la evidencia, como reducción del daño, tratamiento y otros servicios de apoyo a la salud y social que puedan responder a muchos de los problemas que afrontan las mujeres que usan drogas”, explicó Marie Nougier, directora de investigación y comunicaciones en el Consorcio Internacional de Política de Drogas, en diálogo con IPS.

Las consecuencias son terribles, 450.000 personas murieron en 2015 por el consumo de drogas. Además, la producción mundial de opio aumentó 65 por ciento de 2016 a 2017, la estimación más elevada hasta ahora.

El informe, dividido en cinco secciones, trata en la última, del impacto del género en el consumo de drogas, y en especial en las mujeres. Las otras incluyen información como un resumen ejecutivo, demanda y suministro de drogas, mercados y el uso de drogas relacionado con la edad.

Las mujeres suelen consumir más seguido opioides y tranquilizantes que los hombres, pero usan más cannabis y cocaína. Además, empiezan a consumir drogas después que los hombres, pero aumentan su ingesta de drogas relacionadas, alcohol, opioides y cocaína, más rápido que ellos.

El consumo de drogas en las mujeres suele estar asociado a una pareja íntima, en cambio, los hombres tienden a consumir sustancias con otros amigos. Y mientras las mujeres tienden a sufrir más depresión, ansiedad y otros problemas psicológicos, los hombres externalizan los suyos con desórdenes de conducta, como “trastorno hiperactivo de déficit de atención y trastorno antisocial de la persona”, explica Nougier.

“Pero lo más sorprendente en términos de encontrar soluciones a largo plazo es que las mujeres, también pueden haber experimentado una infancia adversa como desatención física, abuso y abuso sexual”, precisa.

Cuando las políticas de lucha contra las drogas se endurecen, el resultado es una mayor proporción de mujeres condenadas por delitos de narcotráfico. Además, también parecen mucho más afectadas por el estrés por desorden postraumático.

“Las políticas de drogas que se concentran en castigar a las personas por consumir contribuyen en gran parte a los problemas de salud derivados del consumo, como la propagación del VIH y la hepatitis C y las muertes por sobredosis; el temor a ser detenido y al castigo hace que las personas no accedan a la reducción del daño ni a los tratamientos que necesitan”, explicó Nougie.

“Los enfoques punitivos también elevaron los grados de estigma y discriminación contra quienes consumen drogas”, añadió.

Además, según Nougier, los enfoques punitivos tienden a perjudicar más a las mujeres porque no hay programas de tratamiento con perspectiva de género. Sus necesidades, por sus antecedentes y el consumo, son diferentes.

También “por la desigualdad de género que sigue prevaleciendo en nuestras sociedades, pues sufren estigmas significativos por romper con el papel de ‘buena mujer’ o de ‘buena madre’ por consumir drogas”, añadió.

“En algunos países, el consumo de drogas durante el embarazo es un delito, impide que reciban atención prenatal o servicios contra las drogas”, añadió.

La epidemióloga Kamran Niaz, de la ONUDD, dijo a IPS: “Las mujeres obtienen resultados de largo plazo cuando reciben tratamiento centrado en cuestiones más comunes de encontrar en mujeres con trastornos de consumo en comparación con otros tratamientos que no tienen ese foco en las mujeres”.

Tratamientos con perspectiva de género
“La prevención del consumo entre niñas y mujeres requiere invertir en una prevención basada en la familia y atendiendo las vulnerabilidades que parecen ser únicas para las niñas”, explicó.

“A fin de atender cuestiones de consumo entre las mujeres, los programas y servicios de atención deberían diseñarse para las necesidades de embarazadas y, mujeres, en general”, añadió.

Algunos de los programas que Niaz encontró específicos para las mujeres incluyen: “atender el estrés, la depresión, imagen corporal, las habilidades sociales y la mejora de relaciones y comunicaciones con padres y parejas”.

Pamela Kent, directora adjunta de investigación del Centro de Adicciones y Uso de Sustancias (CCSA), dijo a IPS: “se necesita un enfoque más informado y empático para el abuso de sustancias por parte de mujeres, y que también considere varios aspectos como salud reproductiva, servicio perinatal y bienestar infantil.

Es importante señalar que no hay una estrategia única, las sociedades deben ofrecer servicios de prevención y tratamiento focalizados en las mujeres.
“Cómo las mujeres con problemas de consumo son más vulnerables al abuso sexual y a la violencia doméstica, y sus hijos también están en riesgo, ayuda una relación con agencias sociales que protegen a mujeres y niños”, explicó Niaz.

“Además, en el caso de abuso infantil, se necesitan programas para prevenir esos abusos y, en particular, ayudar a las víctimas y atender desórdenes de estrés postraumático”, apuntó.
“‘La encuesta Vida en Recuperación, hecha en Canadá en 2017, muestra que las mujeres denunciaron mayor violencia familiar y problemas de salud sin tratar durante una adicción en comparación con hombres”, indicó.

“Además, por apoyo informal, es probable que las mujeres usen la tecnología, se conecten con un animal, o usen el arte, la poesía, escriban y hagan yoga en comparación con lo que hacen los hombres”, coincidió Kent, quien añadió que el abuso es una gran preocupación.
Pero no se han implementado muchos programas que tengan un enfoque de género. El informe añade que el sistema de justicia penal está diseñado para infractores hombres, e ignora los matices femeninos.

“Seguimos viendo una preocupante falta de acceso al tratamiento de mujeres dependientes de las drogas, tanto en la comunidad como en la cárcel”, apuntó.
“Los servicios están diseñados por y para hombres, y no suele ser posible adaptarlo a las necesidades de las mujeres”, observó.

“En contextos cerrados, la mayoría de los servicios de tratamiento y reducción de daños sólo están disponibles para los hombres en cárceles masculinas”, añadió.
Algunos centros están comenzando a adaptarse a esas probadas necesidades, según Nougier.

Algunos centros de tratamiento y reducción del daño adaptaron sus servicios para atender mejor a las mujeres, con horarios especiales, espacio para niños mientras ellas están ahí y servicios especiales con perspectiva de género (asistencia legal o apoyo para responder a la violencia doméstica, violencia sexual y reproductiva), precisó.

“Los programas necesitan gestionar mejor la diversidad de asuntos que deben afrontar las personas y acompasar cuestiones de salud, enseñanza y bienestar social con las familias, la escuela y los servicios sociales”, coincidió Niaz.

JIFE destaca la cooperación de Bolivia

Con relación a la situación de la fiscalización de drogas en Bolivia, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en su informe 2017 sobre la Situación Mundial del Control de Drogas, destaca que el gobierno ha incrementado el grado de cooperación con la Junta. Reconoce además su determinación de adoptar un enfoque integrado para que las sustancias sujetas a fiscalización internacional queden también sometidas a fiscalización nacional.

“La JIFE dice que el Estado boliviano está decidido a seguir adoptando todas las medidas necesarias para controlar el cultivo de arbusto de coca, así como para evitar su uso indebido y la producción ilícita de los estupefacientes que pueden extraerse de la hoja”, manifestó en su momento el representante de la Oficina de la UNODC en Bolivia, Thierry Rostan.

La extensión permitida para los cultivos de coca se amplió de 12.000 hectáreas en la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 1988 a 22.000 hectáreas en la Ley General de la Coca (Ley 906) de 2017.

No hay una política global contra las drogas

La llamada guerra contra las drogas sigue siendo a grandes rasgos la misma de siempre. Sin embargo, las perspectivas sobre cómo hacer frente al problema cambiaron de forma drástica, concluyó, un nuevo estudio.

El Informe Mundial sobre Drogas, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ofrece una revisión sobre el uso y la producción de sustancias adictivas y su impacto en la comunidad en distintas partes del mundo.

UNODC estimó que uno de cada 20 adultos, o una cuarta parte de las 1.000 millones de personas de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos un tipo de droga en 2014. La proporción no cambió en los últimos cuatro años, en cambio el número de personas consideradas con problemas derivados de la adicción aumentó por primera vez en seis años a más de 29 millones.

De ese número, 12 millones de personas usan drogas inyectables y 14 por ciento de estas últimas viven con VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). El director ejecutivo de UNODC, Yury Fedotov, destacó el significado del estudio exhaustivo: “El informe de 2016 subraya el apoyo a los enfoques integrales, equilibrados y basados en la integración de derechos”, cita IPS.

Pero la directora del programa de política global de drogas de la Fundación Open Society, Kasia Malinowska, no quedó conforme con el documento. “Es más de lo mismo”, arguyó en entrevista con IPS. En especial, mencionó la falta de reconocimiento de las falencias de la política de prohibición de drogas.

Por ejemplo, el estudio concluye que la violencia vinculada a las drogas es mayor en América Latina que en Asia. Pero eso pasa por alto, precisó Malinowska, la historia de las operaciones antinarcóticos militarizadas en el primero, que no existen en el segundo.

En los años 90, las operaciones antinarcóticos financiadas por Estados Unidos en Colombia, que contribuyeron a una escalada de la violencia vinculada al narcotráfico, así como a la guerra más prolongada del hemisferio occidental, dejaron 220.000 personas muertas.
Y si bien el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) suscribieron un acuerdo histórico el 23 de junio, ese país sigue siendo un gran productor de coca y cocaína.

“Mi cuestionamiento es cómo los actores externos contribuyeron a la violencia, y que no se reconoce el contexto más amplio, y ese es el problema con el informe”, explicó Malinowska a IPS.

Malinowska subrayó la necesidad de reconocer que la prohibición no es la única forma de hacer frente al problema del abuso de drogas y que hay que contextualizar las políticas según el bienestar de los ciudadanos de cada país, y no según convenciones internacionales.
El director de Asuntos Públicos y Análisis de Políticas de UNODC, Jean-Luc Lemahieu, coincidió durante la presentación del informe diciendo, “no es talle único”, y mencionó a Holanda y a Suecia como dos ejemplos de esa situación.

En Holanda, el gobierno implementó un enfoque de “separación de mercados”, que distinguió al cannabis de otras drogas duras, con el fin de limitar la exposición y el acceso a drogas más duras.

La iniciativa resultó un éxito en ese país, pues el consumo sigue siendo bajo. El gobierno holandés también invirtió en tratamiento, prevención y reducción del daño, lo que ayudó a mantener un número bajo de nuevas infecciones de VIH entre los consumidores de drogas, así como de los problemas derivados del abuso.

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