Disminuye la libertad económica; la corrupción e injusticia entre las causas

El Índice de Libertad Económica 2018, elaborado por la Fundación Heritage, muestra a Bolivia en la posición número 173 de un total de 180 países evaluados, superando solamente a países como Zimbabue, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Congo, Cuba, Venezuela y Corea del Norte.

Los primeros puestos del índice de libertad económica no son ocupados por los típicos países occidentales, como EEUU o Gran Bretaña. El primer lugar lo ostenta Hong Kong, seguido por Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Australia, Irlanda y Estonia.

Recién en el octavo puesto está el Reino Unido, en el noveno está Canadá y en el décimo los Emiratos Árabes Unidos. Los EEUU se encuentran recién en el puesto 18, después de Holanda y por encima de Lituania y Chile.

Este último índice “confirma la relación positiva entre la libertad económica y el progreso”, asegura Heritage.

El puntaje de Bolivia
Según la explicación de la Fundación Heritage, el puntaje de libertad económica de Bolivia es de 44,1 sobre 100, lo que la sitúa en el puesto 173 de libertad económica en el índice de 2018. “Su puntaje total ha disminuido en 3,6 puntos, principalmente por una caída en los puntajes de salud fiscal, integridad del gobierno (elevada corrupción), y en menor medida por la efectividad judicial y gasto público”.

En el continente americano, Bolivia se encuentra en el puesto 30 de 32 países, y su puntaje general está por debajo de los promedios regional y mundial.

Dicha fundación también observa que el desarrollo económico de Bolivia “sigue estando obstaculizado por problemas estructurales e institucionales”.

Y es que “al ser fuertemente dependiente del sector de hidrocarburos, su economía carece de dinamismo. Otros problemas incluyen una mala infraestructura, débil marco regulatorio, falta de acceso a financiamiento, un régimen de inversiones no transparente, corrupción penetrante, y un débil estado de derecho”, particularmente debido a que lo judicial “se está volviendo cada vez más vulnerable a la interferencia política”.

Estado de derecho
El estado de derecho es medido en el Índice a través de 3 indicadores: derechos de propiedad, integridad del gobierno y efectividad judicial. Bolivia sufrió una disminución de puntaje en los 3 indicadores en la última gestión medida por el Índice.

La Fundación Heritage considera que “aunque ocasionalmente los más altos tribunales han afirmado cierta independencia, el partido gobernante MAS controla estrechamente todas las instituciones”.

Asimismo, observa que los procesos de resolución de disputas son “no son confiables”, lo que “crea riesgo e incertidumbre en la adquisición de propiedades reales”. Mientras, el sistema judicial “está sobrecargado, vulnerable a influencias indebidas desde el poder ejecutivo y legislativo, y plagado con denuncias de corrupción”.

Eficiencia regulatoria
Pese a que reconoce que hubo una leve mejora en la libertad de negocios, libertad de trabajo y libertad monetaria, “la corrupción, falta de seguridad legal y medidas poco claras sobre el arbitraje internacional, impiden significativamente la actividad emprendedora. Los funcionarios comúnmente participan en prácticas corruptas con impunidad”, señala Heritage.

También le preocupa que más del 70% de los trabajadores participen en el sector informal de la economía. “Hay un excedente de trabajo no calificado, mientras encontrar trabajadores calificados es difícil”.

Además, critica el hecho de que los subsidios a la gasolina, diésel, kerosén, gas natural, GLP y jet fuel se acercan al 8% del PIB.

Mercados
El comercio es importante para la economía boliviana: “el valor combinado de exportaciones e importaciones equivale al 57% del PIB. El arancel aplicado promedio es de 4,8%. Las barreras no arancelarias dificultan el comercio”.

Según Heritage, la libertad comercial se ha reducido levemente el último año, mientras la libertad de inversión y la libertad financiera se han mantenido en los mismos niveles.
Carga impositiva y salud fiscal

La organización encuentra que el impuesto a la renta más alta es de 13%, y el impuesto sobre empresas llega al 25%, además de otros impuestos que incluyen valor agregado y a las transacciones. Con ello, “la carga impositiva general llega al 25,3% del total del ingreso doméstico”, advierte.

De igual manera, llama la atención sobre el elevado nivel del déficit que ya supera el 8%, y la deuda pública, que supera el 42% del PIB.

Más discutible es el nivel de gasto público, que la Fundación Heritage considera elevado (42,2% del PIB) y que afirman que perjudica la libertad económica. Este último aspecto, sin embargo, es rebatido por distintos expertos y estudios.

Tamaño de gobierno no limita la libertad
Para interpretar el Índice de Libertad Económica, es importante saber que éste se confecciona en base a una serie de indicadores, de los cuales 6 son los que se miden de forma más directa: integridad del gobierno (corrupción), derechos de propiedad, efectividad judicial, salud fiscal, carga impositiva y gasto del gobierno.

Cada indicador tiene un puntaje que va de cero a cien (mayor puntaje significa mejor resultado), y tomados en conjunto estos arrojan un resultado de puntaje general para cada país, también de cero a cien. A mayor puntaje, más alto se sitúa un país en el ranking del Índice.

Así, Hong Kong tiene el puntaje más alto, de 90,2, y está en primer lugar del ranking. Singapur tiene un puntaje de 88,8 en el segundo lugar. Bolivia tiene puntaje de 44,1 y está en el puesto 173. Venezuela tiene un puntaje de 25,2 y está en el puesto 179. Corea del Norte, en el puesto 180, tiene un puntaje de 5,8.

Ahora bien, un análisis independiente de los mismos datos de la Fundación Heritage evidencia que el puntaje de libertad económica de los países tiene una correlación elevada con indicadores como la integridad del gobierno (0,76), los derechos de propiedad (0,83), la efectividad judicial (0,8). Menor es la correlación con la salud fiscal (0,5).

Sin embargo, la carga impositiva muestra una correlación más bien débil, de 0,18. Y el tamaño del gobierno (gasto del gobierno) tiene una correlación incluso mucho menor con respecto a la libertad económica, pues es de apenas 0,037.

Esto último confirma lo hallado por diversos estudios, uno de los más recientes realizado por el profesor de Sociología y catedrático de Pensamiento Social de la Universidad de California San Diego, Lane Kenworthy.

Libertad económica e individual
Respecto al impacto del tamaño del gobierno y el nivel de gasto social sobre la libertad económica, Kenworthy encontró que “las naciones que más gastan no tienden a tener regulaciones más pesadas”, y que al contrario, evidencian una “regulación económica ligera”, tomando en cuenta indicadores para la libertad de negocios, libertad laboral, libertad comercial, libertad de inversión y libertad financiera.

En cuanto a la libertad individual, el “índice de libertad personal” del Instituto Cato -una institución de tendencia libertaria- revela que no hay incompatibilidades entre un gobierno grande y la libertad individual, medida a través de indicadores como la protección legal, seguridad, libertad de movimiento, libertad de religión, libertad de asociación, asamblea y sociedad civil, libertad de expresión y libertad de relaciones.

Otra fuente de datos que confirma esto son las encuestas de opinión pública que el Gallup World Poll presenta desde 2005 en varios países, acerca de si la población está o no satisfecha con su libertad de elegir lo que quiere hacer con su vida.

Cruzando los resultados de esa encuesta con el nivel de gasto público de los países, se concluye que “los ciudadanos en países que tienen mayores gastos gubernamentales no tienen mayor probabilidad de ver sus vidas restringidas o limitadas”.

En ese sentido, lo que estos estudios y datos muestran es que no es el tamaño del gobierno y sus políticas sociales lo que causa problemas con la libertad y el desarrollo económico, sino la falta de mecanismos que aseguren que los recursos públicos recaudados vía impuestos y otros se utilicen de manera transparente, adecuada y bien pensada.

De ahí que los datos de la Fundación Heritage muestran una elevada correlación entre el puntaje de libertad económica e indicadores como integridad del gobierno, derechos de propiedad, efectividad judicial, salud fiscal, y simultáneamente una correlación muy débil con el nivel de gasto del gobierno.

Ideología versus realidad

El excatedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Michigan-Flint, George Blackford, tras décadas de estudiar la relación entre gobiernos, mercados y libertades, nota que “no puede existir ninguna libertad individual o para la vasta mayoría de la población en una sociedad si es que no hay un gobierno efectivo dedicado a garantizar estos derechos”.
El académico considera que “los ideólogos del libre mercado están simplemente equivocados en su simplista creencia de que la interferencia del gobierno con los mercados necesariamente genera ineficiencia económica y falta de libertad individual”.

Para Blackford, “la clara e inequívoca lección de la historia es que la falta de intervención del gobierno en los mercados genera aterradores niveles de desperdicio, fraude e ineficiencia, combinados con una fuerte degradación humana para quienes carecen del poder personal, político o económico para defenderse de aquellos que buscan aprovecharse de los vulnerables”.

Estas lecciones históricas han demostrado que “se necesita una fuerte mano del gobierno para que los mercados funcionen. Y el para quién funcionen –sea la sociedad en su conjunto o unos cuantos poderosos- depende crucialmente de la política de gobierno”, agrega.
Por su parte, el profesor de Política de la Universidad de Mount Holyoke (EEUU), Douglas J. Amy, pregunta: “Si el gobierno no protege tus derechos frente a quienes tienen el poder de limitar tu libertad en la sociedad, ¿quién lo hará?”.

Para Amy, un gobierno eficiente y que funcione bien, que promueve el bienestar general y protege los derechos de toda la población “es un prerrequisito esencial para el orden civil en la sociedad”, algo con lo que concuerda Robert Kuttner, fundador del Instituto de Política Económica de la Universidad de Brandeis.

Precisamente Kuttner es conocido por su trabajo acerca de la relación entre capitalismo y democracia.

“Al limitar los derechos de los trabajadores, liberando a los banqueros, permitiendo a las corporaciones evadir impuestos, y evitando que las naciones alcancen seguridad económica, el capitalismo crudo golpea los cimientos de una democracia saludable”, sentencia el experto.

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