Evaluación de plaguicidas: una isla de esperanza en un mar de agrotóxicos

La noticia provino del Ministerio de Salud, afirmando que a partir de la fecha “ningún plaguicida químico ingresará al país si atenta a la salud”, y que “todos los plaguicidas químicos de uso agrícola que ingresen al país recibirán la certificación del Comité Nacional de Plaguicidas, instancia que evalúa el riesgo–beneficio de su uso y sus efectos en el ser humano”.

El responsable de emitir el Dictamen Técnico Toxicológico será el Área de Toxicología Humana de la Unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, basándose en dictámenes técnicos del mencionado Comité Nacional de Plaguicidas, que está integrado por el Senasag como autoridad nacional competente, los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, de Medio Ambiente y Agua y de Salud.

Según explicó el jefe de la Unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Daniel Cruz, hasta el presente el control de los Plaguicidas Químicos de uso Agrícola estaba a cargo solo del Senasag (Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras), cuya evaluación solo contemplaba el punto de vista absolutamente agronómico.

“Ahora el Ministerio de Salud también será un actor determinante para el ingreso al país de estos productos agroquímicos”, afirmó Cruz.

Un paso adelante, quedan muchos más
El ingeniero agrónomo Henry García es uno de quienes se ha mostrado escéptico con la noticia, tildándola de “un saludo a la bandera”, denunciando además que en los municipios del departamento de Santa Cruz “se comercializan productos prohibidos generados por el contrabando”.

El profesional agrega que, incluso controlando el ingreso formal de estos productos, “el uso indiscriminado de agrotóxicos provocan la resistencia en las plagas. Es necesario generar investigación académica para plantear soluciones prácticas. La agroecología es una salida, pero requiere hacer sacrificios. Las grandes empresas agrícolas anteponen sus beneficios postergando el bien común”.

Por su parte, Cruz reconoce que “aún quedan grandes retos, entre ellos la lucha contra el contrabando, la capacitación a agricultores, la disposición adecuada de residuos de los que varios actores e instituciones tienen su responsabilidad, incluyendo cada uno de nosotros que debería demandar y comprar comida saludable y libre de plaguicidas, orgánica”.

Por años, agrotóxicos lo inundan todo
Ya el año 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, de la Organización Mundial de la Salud, OMS) causó un revuelo mundial cuando incorporó al glifosato -principio activo del grupo de herbicidas más utilizado del mundo- a la lista de substancias “probablemente carcinógenas para humanos”.

De hecho, el informe de la OMS afirma textualmente que “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)” y de que el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”.

La situación es altamente preocupante en el contexto boliviano. En contacto con El País eN, el director de la ONG cruceña Productividad Biosfera Medio Ambiente (PROBIOMA), Miguel Ángel Crespo, advirtió que “el número de hectáreas en las que se usa glifosato en Bolivia es de un millón, porque está asociada al cultivo de soya transgénica que llega al 99,6 % de la soya cultivada”.

Crespo también indicó que esto equivale a unos 4,2 millones de litros anuales de glifosato vertidos a los alimentos y a la tierra sólo en el caso de cultivos de soya, pero aclaró que este compuesto “también se usa en otros cultivos asociados como es el girasol, chía, sésamo, etc.”. Por ello, tanto el número de hectáreas y litros en realidad es aún mayor.

Para obtener estas cifras, Crespo explica que el glifosato “se usa antes de la siembra 2,5 litros por hectárea. Luego en el cultivo establecido se usa 1,7 litros /hectárea”.

Y cuando se debe cosechar hay que desecar y se usa Paraquat, otro peligroso químico “prohibido a nivel global pero muy usado en Bolivia, en una relación de 1,5 litros /hectárea”.
Por si fuera poco, el experto agrega: “Adicionalmente, debo decirte que junto al glifosato se usa otro herbicida llamado 2-4-D prohibido internacionalmente pero que ayuda a desecar las supermalezas que ya se han vuelto resistentes al glifosato. O sea son verdaderas bombas”.

Importación de venenos subió fuertemente
Por su parte, la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina (RAP-AL) -que articula organizaciones, instituciones, asociaciones e individuos de 18 países, y que en Bolivia tiene 13 organizaciones afiliadas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (RAP-BOL)- advirtió hace dos años sobre al menos 23 ingredientes activos extremada y altamente tóxicos en los agroquímicos usadas con mucha frecuencia y prácticamente sin control, entre las que está el Paraquat.

La OMS clasifica, entre otros, a los agroquímicos como Ia (extremadamente tóxicas) y Ib (altamente tóxicas). Los plaguicidas Ia y Ib, así como los demás plaguicidas de otras categorías de uso agrícola se encuentran registrados en la Unidad de Sanidad Vegetal del Senasag.

Según RAP-BOL, “los 23 ingredientes activos correspondientes a los plaguicidas Ia y Ib registrados en Bolivia representan un peligro potencial para el usuario, el consumidor y el medio ambiente, algunos de ellos son posibles cancerígenos humanos como la cipermetrina, endosulfan y el penta óxido de arsénico”.

El coctel venenoso descrito arriba tiene una penetración cada vez mayor en Bolivia. Según información proporcionada públicamente por el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), la importación de agroquímicos, sin contar lo que ingresa por contrabando, alcanzó los 77,84 millones de kilogramos (kg) el año 2006.

Una década después, para el 2016, la importación llegó a los 117,55 millones de kg. Según datos del INE y del Senasag, procesados por CEDIB, se estima que el 30% de esta cantidad ingresa adicionalmente a través del contrabando, por lo que se estaría hablando de un total aproximado de 152,8 millones de kg importados en 2016.

Se espera que la medida adoptada por el flamante Comité Nacional de Plaguicidas (o sea el Dictamen Técnico Toxicológico como condición para que los agroquímicos ingresen a Bolivia) ayude a frenar esta tendencia.

Sin embargo, acciones concretas promocionadas por el mismo gobierno central van a contracorriente con esta iniciativa. En particular, la ampliación de la frontera agrícola para actividades agroindustriales –relacionadas al cultivo de soya y otros monocultivos de exportación que vienen directamente asociados a los agroquímicos-, entre otros, presentes en un acuerdo de varios puntos firmado por el gobierno de Evo Morales y las poderosas instituciones y organizaciones empresariales el 19 de diciembre de 2017.

Se regula agrotóxicos mientras se acuerda aumentar su uso
El acuerdo de diciembre fue firmado por el gobierno y la Cámara Agropecuaria el Oriente (CAO), la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, la Cámara de Industria y Comercio cruceña (CAINCO), la Cámara de Exportadores (CADEX), la Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (APRISA), y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA).

En ese acuerdo hay puntos que se refieren a la casi eliminación de Reserva Forestal de Guarayos, de más de un millón de hectáreas (más grande que el TIPNIS), con el fin de reconocer “asentamientos” e “inversiones” que hasta ahora estaban al margen de la ley, es decir que son ilegales, fruto de penetraciones irregulares a lo largo de varios años.

Otro punto legaliza las quemas ilegales de bosques de los últimos 8 años. Su redacción textual dice: “Se acuerda regularizar las quemas accidentales y no autorizadas, conforme a la propuesta presentada por la ABT. Esta reglamentación considerará las gestiones 2009 para adelante, incluyéndose también a la reserva de Guarayos”.

Todo ello, por supuesto, con la finalidad de ampliar y consolidar la frontera agrícola destinada a la soya y demás monocultivos de exportación, basados en semillas transgénicas y su siamés, el paquete de agroquímicos descritos anteriormente.

Por si queda alguna duda de los objetivos del acuerdo, otros puntos prometen establecer una mesa de trabajo para este año 2018, para tratar el aumento de la importación y uso de agroquímicos y de semillas transgénicas.

Algunos analistas ya han advertido que esta redacción esconde el compromiso del gobierno de aprobar el uso extendido de semillas transgénicas y de agroquímicos sin registro ni control, y que además de soya, se ampliará el uso de semillas transgénicas a los cultivos de maíz, algodón y caña de azúcar.

Agroindustria versus soberanía alimentaria
La agroindustria, que aglutina a medianos y grandes productores nacionales y extranjeros, presiona por el libre uso de transgénicos y todo lo que ello conlleva en términos de uso de agroquímicos y semillas patentadas por transnacionales.

Los pequeños productores, indígenas y campesinos, abogan por la producción orgánica y de variedades locales y libres. Incluso en países europeos se trata el tema con mucho más cuidado.

En Bolivia va ganando el primer contendiente. Datos de diversos centros de investigación en Bolivia muestran que la cantidad de semillas transgénicas importadas prácticamente se ha duplicado desde 2010.

Igualmente, la soya transgénica ha desplazado totalmente a la convencional, pasando de ser el 21% el año 2005, a 65% en 2006, y a prácticamente el 100% desde el año 2013.
Pero una de las cosas que más preocupa a investigadores y activistas es la creciente presencia del maíz transgénico, ya que éste cultivo amenaza la existencia de las 77 variedades de maíz nativo, debido a la mezcla genética, algo que ya ha ocurrido en México. Datos de CEDIB y PROBIOMA advierten que de las 90 mil hectáreas sembradas de maíz, 30 mil ya son transgénicas.

En 2017, investigadores de CIPCA y PROBIOMA, realizaron un estudio a muestras de semilla y granos de maíz recolectados en centros de comercialización mayorista y en casas comercializadoras de semilla de los municipios de Villa Montes, Yacuiba, Camiri y de Charagua Iyambae, confirmando la existencia de cultivos de maíz transgénico en los campos agrícolas.
Asimismo, se ha reportado desde medios tarijeños y cruceños que semillas transgénicas han sido distribuidas incluso por la propia Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), del gobierno nacional.

[gallery ids="25721,25722"]