Sectores extractivos: menos empleo, de baja calidad y por poco tiempo

Una de las mayores promesas del neoliberalismo y las privatizaciones es que se generarían más y mejores fuentes de trabajo. Con las nacionalizaciones a partir del año 2006 lo propio.
Sin embargo, “las cifras de los sectores extractivos dan cuenta de una reducción del empleo y de un constante deterioro de la calidad y temporalidad del mismo”.

Así lo afirma el director e investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas, basado en diversas fuentes (INE, Ministerio de Minería y Metalurgia, REPSOL YPF E&P BOLIVIA, FITEQA-CCOO, entre otros).

Aunque estas fuentes no tienen datos actualizados –algo que se ha vuelto costumbre en el sector público-, el análisis muestra que el periodo neoliberal generó el efecto contrario al prometido, y el periodo nacionalizador no llegó a revertirlo.

Minería: del empleo estatal al privado-cooperativista
“En el sector minero el número total de trabajadores ha variado mínimamente en los últimos 30 años”, afirma Gandarillas.

Datos del Ministerio de Minería y Metalurgia dan cuenta que en 1980 había un total de 69.769 trabajadores en el sector, y que en 2010 se alcanzó el máximo de 79.311, un incremento de tan sólo 13,68% en tres décadas.

Según el experto, “la modificación más significativa se produjo con el neoliberalismo luego de la relocalización de los trabajadores de COMIBOL”.

Incluso tras la nacionalización de la mina Huanuni y la recontratación 4.150 trabajadores a fines de 2006 y los subsiguientes procesos, la participación de los trabajadores en la minería estatal pasó de 40% en 1980 a tan sólo un 8% en 2010.

Por su parte, el sector privado (que incluye la minería pequeña, mediana y las cooperativas) expandió su participación en el empleo sectorial de 60% en 1980 a 92% en 2010.
De hecho, dentro del sector privado “su composición se vio también alterada con este modelo, dándose la reducción del empleo en la minería mediana, que de emplear al 11% de los trabajadores en 1980, pasó en tres décadas a emplear sólo al 7%; el sector minero privado pequeño (con predominio de las cooperativas mineras) pasó de concentrar el 50% de la fuerza laboral en 1980 al 85% en 2010”, detalla Gandarillas.

Minería: precariedad laboral y tercerización
Según un estudio del investigador Joselyn Michard, las cooperativas concentran las dos terceras partes del empleo en el sector minero, llegando a veces a albergar al 83% de los trabajadores mineros, distribuidos en más de un millar de unidades productivas, dispersas por toda Bolivia, con miles de trabajadores dependientes.

Sin embargo, Gandarillas advierte que el sector “es manejado por un puñado de empresas transnacionales que, abocadas a la explotación de minas rentables y a cielo abierto, dejan para las cooperativas socavones centenarios, desmontes abandonados y todo tipo de parajes que no explotan directamente, entre otras cosas por el lastre económico que representaría, pero del cual se benefician en último término con la adquisición de minerales a bajos precios”.

Esta relación entre las cooperativas y las “grandes empresas acopiadoras y re-exportadoras del mineral que extraen” se da a través de “un singular proceso de terciarización”.
El experto del CEDIB cita un ejemplo concreto este modelo: es el caso del Cerro Rico de Potosí, explotada por la transnacional estadounidense Coeur D´Alene (con su empresa subsidiaría Manquiri).

Esta empresa mantenía -a enero de 2012- contratos con siete cooperativas mineras para que éstas realicen trabajos en alturas superiores a 4.400 m.s.n.m., actividades que en 2009 fueron suspendidas por las autoridades debido a los graves riesgos para la estabilidad de todo el cerro.

“La empresa minera Manquiri cuenta con apenas 344 empleados en Bolivia, una cifra, que por supuesto no incluye a los trabajadores de las siete cooperativas mineras con quienes ha suscrito contratos”.

Mediante este proceso de terciarización, las “potencias consumidoras” y los comercializadores, re-exportadores, etc., se libran de los “enormes costos sociales y ambientales arrojadas sobre los mismos trabajadores y las comunidades indígenas y campesinas”.

Mientras tanto, para los trabajadores de las cooperativas (no los acaudalados dueños privados de éstas) no existe el salario mensual. Michard encontró que los ingresos que se obtienen son variables, de acuerdo a la extracción que cada trabajador pueda proveerse en un determinado tiempo, aunque usualmente bajos porque el sector trabaja en minas de socavón (galerías subterráneas) con yacimientos casi agotados debido a que se trata de minas en explotación desde la colonia.

La misma investigación muestra que una proporción importante de obreros trabaja en el oro en explotaciones de cielo abierto, donde a pesar de las altas cotizaciones de los minerales de años pasados, el promedio de ingresos fue apenas superior al salario mínimo nacional.

Debido a la reducida mecanización, el trabajo es generalmente manual y precario. Por esta razón, apunta por su parte Gandarillas, “es fuente de dramáticos problemas de salud ocupacional”, entre los que destacan la silicosis y el reumatismo por exposición a gases, polvo de minas y temperaturas extremas que se agravan con la permanencia en malas posturas por prolongados periodos de tiempo.

“Además carecen de medidas de seguridad industrial y están expuestos a riesgos de muerte por manipulación de explosivos y sustancias tóxicas y gases de interior mina”, agrega.

Hidrocarburos: reducción del empleo en transnacionales
Datos proporcionados por el CEDIB dan cuenta que en 1985 la estatal YPFB contaba con 8.480 trabajadores. Para 1996, un año antes de su privatización, el personal se redujo a 4.503 trabajadores, una disminución del 46,89%.

En los siguientes años la reducción del número de trabajadores petroleros estatales continuó a ritmo acelerado, pasando de 2.528 en 1997 (una reducción de 43,85% respecto del año anterior) a 598 en 2002 (una reducción de 76,34% en 5 años de ajuste estructural).
Las “Estadísticas de la actividad de Hidrocarburos 1994-2004”, del INE, muestran que, además, los trabajadores despedidos de la estatal petrolera no fueron absorbidos por las transnacionales que se apoderaron del sector con promesas de mayor inversión y mayor empleo.

Según dicho documento, entre 1995 (antes de la privatización) y el 2004, el índice de empleo en el sector privado petrolero se redujo en 5 puntos, afectando principalmente a los trabajadores cualificados bolivianos. Así, en 9 años las transnacionales petroleras redujeron los puestos de trabajo que tenían las privadas antes de beneficiarse con la privatización.

Por su parte, el estudio titulado “Monopolios petroleros en Bolivia, La formación de sus ganancias extraordinarias”, de la docente e investigadora de la Universidad Mayor de San Simón, Tania Aillón, refleja que tres años después de la privatización de YPFB, la mayor parte del personal inicialmente absorbido por algunas transnacionales fue despedido.

En el caso de la refinadora denominada Empresa Boliviana de Refinación, privatizada por Petrobras, el 62% del personal de YPFB absorbido por la privatizadora fue despedido. En el caso de Chaco, privatizada por una subsidiaria de British Petroleom, el 70% de los trabajadores fue despedido. Y en el caso de Andina, privatizada por Repsol-Perez Compac, el personal despedido alcanzó al 81%.

Estos despidos significaron un beneficio para las transnacionales, que les generó una disminución de la masa salarial y de los costos en personal en alrededor de 60%.
Gandarillas, por su parte, destaca que una vez consumada y consolidada la privatización, las transnacionales “redujeron sus planillas al máximo”. Como ejemplo cita el caso de la francesa Total, que el año 2005 (antes de la nacionalización), cuando operaba dos importantes campos petroleros, con reservas de alrededor de 7 Trillones de pies cúbicos (TCF), mantenía una planilla de tan sólo 31 trabajadores permanentes.

También cita el caso de Petrobras, la más importante operadora de los dos más importantes megacampos gasíferos, con más del 60% de las reservas, y con control de prácticamente toda la cadena productiva, junto con Repsol. Esta empresa contaba con apenas 846 trabajadores permanentes. Y la española Repsol, la segunda más importante, tenía apenas 310 trabajadores permanentes.

El predominio de la subcontratación
Ya el año 2005, antes de la nacionalización, el informe temático sobre Desarrollo Humano del Programa PNUD Bolivia, advertía acerca de la multiplicación de empresas subcontratistas petroleras.

La “punta de la pirámide” de estas empresas estaba constituida por unos pocos contratistas “con capitales extranjeros, presentes en varios países, y que mantienen estrechas relaciones con las grandes petroleras (…)”. A éstas, le seguían en importancia otras medianas y pequeñas, de origen boliviano.

Gandarillas aclara que “en todos los casos se trata de empresas que reducen los costos de las grandes petroleras al hacerse cargo de actividades que la transnacional prefiere evitar para ahorrarse problemas y costos laborales”.

Con los años, la estrategia de subcontratación se ha ampliado y ahora abarca incluso actividades de servicios, como la de alimentación y limpieza de los campamentos petroleros, “donde trabajan principalmente mujeres subcontratadas por salarios muy depreciados”.

Asimetrías en aumento
El investigador del CEDIB advierte que la subcontratación “multiplica las asimetrías dentro del sector petrolero” debido a que externaliza áreas completas de la industria.

Esto genera una brecha entre los trabajadores, separando al personal de planta y al eventual, a los que trabajan en una subcontratista extranjera o quienes trabajan subcontratados para ella en una nacional o local, entre subcontratistas de un oficio y de otro, entre trabajadores calificados y no calificados.

Mientras tanto, las transnacionales “no tienen reparos en mostrar a la subcontratación como un ‘aporte a la generación de empleos’”, denuncia Gandarillas.
Este modelo también se ha agudizado con los años. Un ejemplo es el caso de Repsol. Sus propios datos muestran que el año 2006, el 16% de sus trabajadores eran de planilla (empleo directo), mientras el 84% eran subcontratados. Para el año 2011, apenas el 5,85% eran directos, y el 94,15% eran subcontratados. Esto significa apenas 208 trabajadores en planilla.

La tercerización en el sector petrolero es un fenómeno extendido en la región. En Colombia y Brasil, afecta aproximadamente al 80% de los trabajadores. Y si bien en Bolivia no hay datos actualizados de empleo en el sector petrolero, la muestra de Repsol da una idea de la tendencia.

[gallery ids="23573,23574"]