China financia y condiciona, pero no invierte en Bolivia

Desde una perspectiva latinoamericana, la propuesta económica china “implica retos importantes. Desarrollada en extremo, la totalidad de los procesos y productos podrían ser producidos en China, lo que implicaría un retroceso al siglo XVI”, afirma Enrique Dussel, coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China y profesor del posgrado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“El valor agregado latinoamericano –y por ende el empleo, los salarios, la tecnología y los procesos de aprendizaje— podría ser ínfimo”, por lo que el experto considera necesario que se desarrollen procesos de negociación puntuales entre países, empresas y sectores.

Por otro lado, el proyecto económico chino, a veces conocido como la Ruta de Seda (OBOR, por sus siglas en inglés) que fue lanzado por el Presidente Xi Jinping a finales de 2013, se trata de “una propuesta de globalización con características chinas”, diferenciado del proyecto globalizador de los países occidentales.

En este sentido, apunta Dussel, la propuesta de OBOR en América Latina y el Caribe “toca una demanda insatisfecha muy sensible y relevante en la actualidad, ya que con pocas excepciones existen enormes demandas sociales y productivas en el ámbito de la infraestructura”. Algo que podría ser aprovechado si se hace bien.

La pelota ¿en cancha latinoamericana?
La propuesta china puede ayudar a satisfacer una larga necesidad de los países de la región en infraestructura.

Pero para que ésta sea provechosa en vez de ruinosa, los países latinoamericanos deben “buscar integrar estos proyectos con su capacidad social y productiva, definiendo en forma autocrítica en qué segmentos de los respectivos proyectos podrían integrarse a través de la fuerza de trabajo, los insumos particulares, las empresas proveedoras, y las tecnologías específicas”.

De este modo, los países habilitarían un efectivo proceso de aprendizaje y desarrollo. “Si las élites y los respectivos gobiernos de la región no son capaces de definir estas capacidades, se correrá el riesgo de un regreso a niveles de desarrollo de hace siglos. Me parece que la mayor parte de la responsabilidad está en la cancha latinoamericana, aunque tampoco sería de interés para China generar retrocesos de magnitudes mayores”, advierte Dussel.

Sin embargo, desde el Centro de Estudios Para el Desarrollo Laboral y Agrario de Bolivia (CEDLA), observan que los países de la región “se encuentran en una etapa de competencia en la búsqueda de capitales e inversiones que les ayuden a superar déficits fiscales y los efectos económicos, sociales y políticos que acompañan esta crisis”.

Esta situación se traduce en la adopción de “mecanismos que impulsan la inversión o diferentes formas de incentivos a las empresas y reducción, de lo que actores de gobiernos, empresarios y bancos, consideran ‘barreras’ a esta inversión, como son las normas de protección ambiental, social y derechos laborales”.

Asimismo, analistas notan que la incursión china en la región, pero particularmente en Bolivia, no viene acompañada de transferencias de tecnología ni de capitalización de las industrias públicas ni privadas.

En este sentido, el CEDLA considera que “para las naciones de la región, la lógica de las relaciones con China ha significado el aumento de la dependencia de las exportaciones de materia prima, la concentración de esta en pocos productos y la creciente dependencia de las inversiones y del capital financiero chino vinculado a su política de exportación de capitales e internacionalización de empresas”.

El panorama parece mostrar una tendencia que apunta más hacia el “retroceso a niveles de desarrollo de hace siglos” que al aprovechamiento e integración de “la capacidad social y productiva” que habilite un proceso de aprendizaje y desarrollo.

El caso de China en Bolivia
La relación bilateral entre la República Popular de China y Bolivia comenzó oficialmente en 1985, pero recién se fortalece a partir del año 2011, tras el incentivo del gobierno boliviano a la presencia de capitales chinos.

Las investigadoras del CEDLA, Silvia Molina y Viviana Herrera, detallan que durante una primera etapa, empresas estatales chinas “rápidamente incursionan en licitaciones y resultan encargadas de la ejecución de importantes proyectos estatales, la mayoría de estos con financiamiento proveniente de préstamos de la banca multilateral y recursos propios del país”.

Entre finales de 2015 e inicios de 2016, autoridades del gobierno boliviano anunciaron nuevas negociaciones para la contratación de más deuda con China, bajo una especie de programa marco, por un total de hasta 7.500 millones de dólares. Con esto se consolida un nuevo periodo en las relaciones, donde el gobierno boliviano contrata empresas de capital mayoritario de origen chino.

“Sin embargo, una característica de las relaciones entre China y Bolivia es la escasa información, las contradicciones en las declaraciones de autoridades y la no divulgación de acuerdos y convenios de financiamiento”, advierten Molina y Herrera.

Y es que primero se decía que los 7.500 millones de dólares iban a desembocar en 11 créditos, para 11 proyectos específicos. Luego se habló de 4.858 millones de dólares –una aparente reducción de la cifra acordada anteriormente- para la ejecución del paquete de trece proyectos.

Después, en febrero de 2018, el embajador chino en Bolivia, Liang Yu, afirmó: “Estamos realizando por contrato, muchos proyectos de construcción de carreteras y el monto total ha sobrepasado los siete mil millones de dólares, cubriendo todo, carreteras, construcción de plantas de azúcar, Potasio, Litio”. Cifra concordante con las primeras informaciones hace más de 2 años.

Financia pero no invierte
Según las indagaciones de Molina y Herrera, los milmillonarios montos de deuda contratada muestran una relación “tan diferente de otros países de la región”, que hace de Bolivia “un caso interesante para estudiar, dado que la República Popular China financia proyectos en Bolivia pero no invierte en el país”.

Efectivamente, según la urbanista e investigadora del North American Congress on Latin America (NACLA, una ONG estadounidense que provee información y análisis sobre la región), Emily Achtenberg, en otros países latinoamericanos, las empresas chinas tienen participación accionaria en el país y éstas son socias activas de empresas conjuntas con empresas estatales.

Ello implica que las empresas chinas comparten riesgos y ganancias en el país de acogida, y en casos de negociaciones más sofisticadas, hasta se puede pensar en casos de transferencia tecnológica, aprendizaje y desarrollo. Sin embargo, nada de esto ocurre en Bolivia hasta el momento.

“Para Bolivia”, sentencia Achtenberg, “la relación ha profundizado su dependencia no sólo con China, sino con un modo de desarrollo centrado en mega-obras y extractivismo, que está generando creciente malestar social y político”.

A decir de la experta, esto es grave, ya que “una porción importante de los recursos actuales y futuros ahora están atados a proyectos descomunales hechos a la medida de los intereses y capacidades de conglomerados transnacionales. En este sentido, la presencia de China en Bolivia ayuda a anular oportunidades de desarrolla alternativo basado en producción local y regional”.

Condiciones impuestas en Bolivia
Las investigadoras Molina y Herrera encontraron que la “línea de crédito” del EximBank-China que estaría a disposición de Bolivia tiene “características particulares”.
Entre ellas, destacan que estos son créditos “gobierno a gobierno” vía empresas estatales chinas y está destinada a mega-inversiones. “Los créditos están condicionados a la contratación de empresas chinas y el empleo de insumos chinos”.

“De acuerdo al Decreto Supremo 2574 del 3 de noviembre del 2015 y Términos de Referencia de los proyectos ya adjudicados, para la ejecución del financiamiento del EximBank-China, las empresas o Asociaciones Accidentales a ser contratadas deberán estar conformadas con capital mayoritario provenientes de personas naturales o jurídicas de la República Popular China”, explican.

En algunos casos, los documentos de licitación incorporan la condición “con propuesta de financiamiento generada por el proponente”. Esto, según las expertas, limita la presentación de propuestas a las empresas (exclusivamente de capital de origen chino) que tengan el respaldo del Estado chino a través de sus bancos.

“Esta condición obliga a Bolivia a negociar y contratar el crédito de manera vinculada a la empresa adjudicada, situación que favorecería a las empresas. No obedecen a una normativa concreta pues se ha generado un marco particular para cada caso o para cada entidad dueña del proyecto”, advierten Molina y Herrera.

El D.S. 2574 establece que los “procedimientos, requisitos y demás condiciones de los procesos de contratación, estarán establecidos en un Reglamento específico elaborado por la entidad contratante y aprobado mediante Resolución expresa”.

De este modo, a decir de las investigadoras, “la discrecionalidad en la forma de llevar adelante este financiamiento se hace manifiesta en la promulgación de decretos, resoluciones y otras normas emitidas por las instancias gubernamentales”.

¿El desarrollo boliviano lo define China?

Entre los aspectos más llamativos de esta forma particular de contratación es que, según Molina y Herrera, “permite a capitales extranjeros y al EximBank-China adoptar decisiones sobre aspectos clave e inherentes al objetivo, alcance, costo y resultados de cada proyecto”.
Estos aspectos, relacionados al análisis de factibilidad o de viabilidad económica, financiera, social y ambiental del proyecto, debieran corresponder al Estado boliviano y las instituciones en función de la planificación y objetivos que se pretende alcanzar con la inversión.

Sin embargo, al ser las empresas chinas las que terminan decidiendo acerca de aquello, “se configura un escenario de gradual reducción de la presencia del Estado sobre decisiones fundamentales en relación al desarrollo de proyectos definidos como ‘estratégicos’ y resulta en la transferencia a empresas extranjeras estas decisiones”.

Valdrá la pena tener en cuenta la lectura de Dussel: “Si América Latina y el Caribe tienen interés en entablar una ‘relación estratégica integral’ en términos reales –y no sólo formales– con China, es imperioso que la región se prepare adecuadamente invirtiendo en instituciones públicas, privadas y académicas en el corto, mediano y largo plazo con agendas muy específicas y concretas en sectores puntuales que permitan una agenda de desarrollo”.

Al contrario, “si no nos preparamos en forma adecuada ante las propuestas chinas, es posible que se produzcan retrocesos muy significativos en diversos ámbitos. Por el momento los esfuerzos latinoamericanos han sido muy tímidos y limitados”, sentencia el académico.

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