Tarija marchó el 7M con memoria, rabia y un pronunciamiento urgente

Autoconvocadas y autogestionadas, sin sigla partidaria ni convocatoria institucional, decenas de mujeres partieron el sábado 7 de marzo desde la Rotonda de las Carboneras en Tarija. Colectivos feministas, campesinas, estudiantes, madres con wawas en brazos y de la mano, avanzaron hacia el Parque Bolívar, donde la movilización cerró con canto, música y la lectura de un pronunciamiento departamental que articula crisis económica, crisis ambiental, violencia de género y demandas al gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Entre los carteles de la marcha destacó uno que nombraba a Wanda Vásquez, una joven de 25 años asesinada en Bermejo el 2 de mayo de 2025 por Luis Portal Nieves, quien le disparó delante de su bebé de nueve meses. El acusado estuvo prófugo casi diez meses y fue capturado el 2 de marzo de 2026 —cinco días antes de la marcha— en la propia ciudad de Tarija. La Fiscalía pedirá los 30 años de pena máxima. El cartel decía: “Marcho por Wanda, porque a ella la silenciaron.”

El pronunciamiento de este año abre con una declaración directa: “No queremos flores, queremos una vida digna.” Denuncia que la precarización laboral, el alza de precios, el gas y el transporte golpean de forma desproporcionada a las mujeres, quienes sostienen la economía del cuidado sin remuneración. Las organizaciones exigen centros públicos de cuidado para las wawas y una asistencia familiar justa, equitativa y suficiente, señalando que el cuidado de la infancia no puede seguir siendo una carga individual no remunerada que recae sobre las mujeres.

El pronunciamiento cruza la crisis económica con la crisis ambiental. Las organizaciones denuncian que el gobierno de Paz, junto a YPFB y Petrobras, insiste en avanzar sobre la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía con la explotación del proyecto Domo Oso X3, a pesar de que el Tribunal Electoral Departamental —única instancia legalmente habilitada para acompañar la consulta previa— informó que no avaló ningún proceso de ese tipo. Para las organizaciones, eso convierte el proyecto en una operación ilegal y ecocida. Las mujeres que encabezan la resistencia territorial en Tariquía enfrentan hoy procesos de criminalización impulsados por la Procuraduría y el Ministerio de Medio Ambiente. Son ellas, defensoras de la tierra y el agua, quienes están siendo procesadas penalmente por cuidar la vida.

El contexto inmediato de la marcha incluye un episodio de carnaval: el Gobierno Municipal instaló en el Patio del Cabildo una silueta de cartón de un chapaco cargando a una chapaca sobre el hombro, con connotación sexual. Las Mochas Copleras colocaron un cartel encima: “Cuídate cumita, la Alcaldía promueve la violación.” La Defensoría del Pueblo logró el retiro de la imagen, pero las activistas denunciaron que las autoridades quitaron hasta tres veces el cartel de protesta.

El pronunciamiento exige también acceso a la justicia con perspectiva de género, demandando que el sistema judicial elimine las barreras estructurales, estereotipos y prejuicios que discriminan a las mujeres y poblaciones vulnerables. Pide educación sexual integral, despenalización del aborto y solidaridad con el pueblo palestino frente al genocidio en curso.

Entre el 1 de enero y el 5 de marzo de 2026, la Fiscalía General del Estado registró 19 feminicidios en Bolivia. Las organizaciones tarijeñas denuncian además una campaña activa para deslegitimar la Ley 348 —la norma que desde 2013 protege a las mujeres contra la violencia— con discursos que la llaman “caza hombres”, impulsados, dicen, por grupos con financiamiento político.

“Contra la precarización de la vida. Contra la criminalización de la protesta y la venta de nuestros territorios. Nuestros cuerpos y territorios no se negocian. Ni una muerta más por feminicidios ni aborto. Contra la injerencia gringa y sionista sobre los pueblos”, clama y concluye el pronunciamiento.