“No solo la Policía disparó”: defensa asegura que comunarios tenían restos de pólvora

La defensa del subteniente de la Policía investigado por los hechos violentos registrados en Cotapachi, Quillacollo, aseguró que las pruebas de absorción atómica realizadas a los dos comunarios fallecidos revelaron la presencia de restos de pólvora en sus manos, lo que —según la abogada— evidenciaría el uso de armas de fuego durante el enfrentamiento.

La abogada Faridi Arnez, representante legal del uniformado, señaló que los resultados periciales demuestran que no solo la Policía habría hecho uso de armas el día de la intervención para el desbloqueo del botadero, sino también los comunarios movilizados.

“En las muestras tomadas de los occisos también había residuos de pólvora. La investigación debe responder si estaban portando armas de fuego, qué tipo de armas y de qué calibre”, afirmó la jurista.

En ese sentido, cuestionó que la investigación se centre únicamente en el efectivo policial por portar su arma de reglamento, sin indagar el presunto armamento utilizado por los pobladores.

“¿Era solamente el teniente el que disparó un arma de 9 milímetros? Él intervino cumpliendo una orden y en el ejercicio de su función como servidor policial. La pregunta es: ¿qué hacía esa gente armada en ese lugar?”, declaró.

Durante su declaración informativa, el subteniente Joaquín C. admitió haber utilizado su arma de fuego durante el conflicto; sin embargo, negó haber disparado contra los dos comunarios que perdieron la vida. Por ello, la defensa pidió equilibrio y objetividad en las investigaciones.

Arnez recordó además que en anteriores enfrentamientos en este sector se hallaron casquillos de armas de fuego, incluso de calibre 9 milímetros, y solicitó que se realicen pericias balísticas para determinar qué arma causó la muerte de un profesor y un agricultor.

"En otros conflictos se encontraron casquillos de armas de fuego. Es necesario establecer quiénes portaban esas armas y bajo qué circunstancias”, sostuvo.

La defensa también denunció la existencia de clanes familiares que —según indicó— avasallan predios de las Fuerzas Armadas, motivados por disputas territoriales y el control de ingresos económicos vinculados al reciclaje de residuos del botadero.

Asimismo, el viernes se confirmó una tercera víctima fatal a causa del conflicto. Se trata de un funcionario de la Alcaldía de Colcapirhua que se encontraba acompañando una inspección durante la intervención policial para el desbloqueo del sector.