De 2018 a 2023 los casos de trata incrementaron un 120%

Las denuncias de trata y tráfico de personas, junto a delitos conexos, a nivel nacional se incrementaron año a año desde los 432 casos del 2018 hasta los 947 del 2023, lo que se traduce en un 120% más, únicamente el 2020 se registró una reducción debido a la cuarentena por el coronavirus. La situación más crítica es la que se vive en el departamento de La Paz y el municipio de El Alto.

Un desglose por tipo de hecho muestra que las figuras más recurrentes son la de trata de personas y pornografía.

Cifras

El Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD) presentó en las últimas semanas un dossier con una sistematización de las denuncias atendidas por la Policía Boliviana desde el 2018 hasta el 2023. Se diferencian variables, como zonas de mayor riesgo, características de las víctimas o tipos específicos de delitos relacionados con la trata y tráfico de personas.

La elaboración de este informe fue una de las principales demandas de las familias de víctimas, autoridades subnacionales y organizaciones de la sociedad civil, como la Red contra la Trata, que en reiteradas veces exigieron los datos para la posterior aplicación de políticas públicas para combatir estos crímenes.

El estudio muestra que el 2018 las denuncias fueron 432, en 2019 subió a 526, en 2020 durante la pandemia bajó a 452, en 2021 repuntó a 589, en 2022 aumentó a 724 y el 2023 llegó al máximo de 947. Es decir que hay una línea ascendente y constante, a excepción del 2020.

Región

Los últimos registros, los del 2023, muestran que el departamento de mayor incidencia es La Paz que acumula el 55,44% que equivale a 525 casos, seguido de Cochabamba con el 17,11%, Santa Cruz con el 12,14%, Tarija con el 5,91%, Potosí con 2,75%, Oruro con 2,22%, Beni con el 2,01%, Chuquisaca con el 1,80% y Pando con el 0,63%.

En otra de las gráficas se evalúa a los municipios capitales de cada departamento y se incluye a El Alto, que es precisamente el que lidera la tabla con 320 denuncias y eso significa un 43,90% del total que llega a 729 porque se excluyen los reportes del área rural.

Después se ubica La Paz con un 20,58%, Cochabamba con un 13,03%, Santa Cruz de la Sierra con un 8,23%, Tarija con un 5,35%, Oruro con 2,33%, Sucre con 2,19%, Potosí con 1,92%, Trinidad con 1,65% y Cobija con un 0,82%.

Tipificación

La sistematización también revela que, de los 947 hechos del 2023, el delito de trata de personas es el más recurrente con 708 denuncias que representan un 74,76%, le sigue la pornografía con 133, el tráfico de personas con 56, el proxenetismo con 38 y la violencia sexual comercial con 12.

El reporte menciona que el alto índice de trata en parte se explica porque en esa variable se incluyen los reportes de personas desaparecidas.

Víctimas

Los datos muestran que año a año las víctimas mujeres representan más del doble que los varones, a veces casi el triple. El 2023 las personas de sexo femenino fueron 649, las de sexo masculino 256 y 42 indefinidos.

Si se evalúa también la edad, se puede constatar que la mayoría de las víctimas son mujeres y menores de edad.

Un 40,77% son mujeres de menos de 18 años, 10,17% son varones también menores de edad. El rango de 18 a 29 tiene que sus víctimas mujeres son un 14,92% y varones un 4,09%. De 30 a 39 años contempla a un 7,18% de mujeres y 5,30 de hombres. Los restantes rangos completan el 100% con índices menores.

Nuevos tipos penales en una ley que debe aprobar la ALP

Debido a que las tipificaciones vigentes no hacen referencia específicamente a la captación y violencia sexual contra menores de edad mediante redes sociales, su persecución y posterior sanción se tornan más complejas.

Por esa razón este año la Fiscalía General del Estado ingresó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales. La redacción propone la inclusión de nuevos delitos en el Código Penal, también regula las medidas de protección a víctimas, habilita el uso de agentes encubiertos y manda la aplicación de políticas de prevención.

La norma ya fue aprobada por la Cámara de Senadores y resta su votación en Diputados.