Familias de los cadetes heridos en “salto de la muerte” denuncian que se paralizó el juicio oral contra instructores

Las familias de los dos cadetes que resultaron heridos en el “salto de la muerte” denunciaron que el juicio oral contra los instructores del Colegio Militar Juan José P. Q., Manfred A. H. N. y Cristian S. se paralizó, debido a una recusación que presentó uno de los sindicados.

Lamentablemente el juicio oral en contra de estos instructores se ha paralizado debido a una recusación que ha presentado uno de los acusados, se han puesto de acuerdo los abogados de las partes para realizar y presentar chicanas y el proceso está en riesgo de quedar en cero”, informó a la ANF Karina Viamont, mamá de uno de los excadetes.

Después de un año y tres meses, el juicio oral contra los tres instructores acusados por lesiones gravísimas debió instalarse el 19 de julio en el Tribunal Cuarto de Sentencia, pero este se postergó de forma reiterada.

El papa del cadete Ángel Condori declaró que los abogados de los denunciados están presentando diversos actuados legales para impedir que el proceso avance, lamentó que en cada audiencia sean víctimas de atropellos por parte de los abogados de los demandados. 

“Los seis abogados de los instructores cometen uno y otro atropello contra nuestra abogada, objetan el proceso y se pasan el día presentando recursos legales y no dejan avanzar el proceso. No tienen pena de que nuestros hijos asistan en vano a las audiencias que cada vez se suspenden”, afirmó Hernán Condori.

El 18 de abril de 2023, los cadetes Cristhian Alexander López Viamonte y Herlan Ángel Condori Calle resultaron gravemente heridos luego de realizar el ejercicio conocido como “salto de la muerte”, durante un acto por el aniversario del Colegio Militar. Ambos estudiantes se lanzaron de una altura de al menos 20 metros y resultaron con graves lesiones y fracturas.

Viamont explicó que en la audiencia de inicio del juicio la defensa legal de uno de los instructores cuestionó que los familiares de las víctimas estén presentes, porque presuntamente se incurrió en un atropello porque fueron propuestos como testigos por la fiscalía.

La juez pidió que salgan de la sala, hecho que fue aprovechado por los demandados para interponer un recurso legal indicando que las víctimas estaban abandonando la audiencia y pidieron la suspensión. 

“La primera observación de uno de los abogados de los demandados fue que nosotros no deberíamos estar presentes en la audiencia, porque fuimos propuestos como testigos por el Ministerio Público. Entonces, la juez dispone que abandonemos la sala para agilizar la audiencia. Sin embargo, los abogados de los instructores interponen un recurso indicando que hemos abandonado el caso”, explicó.

A la vez, dijo que la audiencia se suspendió por segunda porque los sindicados no se podían conectar desde la cárcel de San Pedro a la plataforma virtual. Además, otro de los abogados presentó una baja médica.

Finalmente, señaló que el abogado Manolo Rojas, defensa de uno de los cadetes, presentó una recusación en contra de los jueces Inés Tola y Beltrán Quispe bajo el argumento de que existen errores en los documentos.

El tribunal quedó sin el quorum y a cargo del juez Daniel Huaynoca, quien es cuestionado por la familia de las víctimas porque demostró parcialidad con los demandados dando curso a todos los recursos legales que propusieron sus abogados.

La recusación fue presentada contra los jueces Inés Tola presidenta del Tribunal de Sentencia y Beltrán Quispe Pucho argumentando que se había encontrado una serie de errores documentales, eso generó que el tribunal se quede sin el quorum correspondiente lo dejan a cargo al juez Daniel Huaynoca”, puntualizó.

Sin apoyo

Por otra parte, Viamont afirmó que solo recibieron apoyo del comando general del Ejercito hasta septiembre de 2023 para que los cadetes reciban la atención médica adecuada, además del tratamiento de rehabilitación. Incluso señaló que no se les entregó el dinero que se recaudó en una kermesse.

“Lamentablemente no nos dieron curso a más, incluso hubo una serie de amenazas en nuestra contra. El dinero que se recaudó en la kermesse no se nos entregó, la esposa del general (Juan José) Zúñiga nos indicó que lo recaudado era para la fundación que ellos manejan”, precisó.