Obispo llama “errores” los delitos sexuales de sacerdotes

Luego de que en un juicio se condenara a ocho años de cárcel a Jorge Luis Machicao Villarrubia o padre Coco, este jueves el obispo de la Diócesis de Tarija, monseñor Jorge Saldías, se dirigió a la prensa negando conocer detalles del proceso por abuso sexual y calificando como “errores” los casos de agresiones sexuales que involucran a este y al menos otros dos religiosos en el departamento.

Lo que confirmó es que a estos sacerdotes actualmente se les sigue un proceso ante el Derecho Canónico, paralelo al que avanza penalmente. Aunque evitó dar plazos o detalles sobre las sanciones que la Iglesia podría dar si se demuestra la culpabilidad.

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“Nosotros, como Iglesia, debemos rezar como una familia cristiana para seguir adelante y corregir si es que ha habido errores”, declaró Saldías al ser cuestionado sobre cómo afecta al catolicismo que se haya demostrado el abuso cometido por un sacerdote y que haya otros dos juicios en los siguientes meses, con víctimas que incluyen a jóvenes y adolescentes.

El padre Coco el miércoles fue declarado culpable de haber abusado de una joven en el 2017, cuando ella tenía 21 años y él fungía como responsable de la Pastoral de la Universidad Católica Boliviana (UCB) Regional Tarija.

Atemorizada porque nunca prosperaron otras denuncias presentadas desde el 2021 contra el religioso, esta víctima calló hasta junio del 2023, tras el escándalo de pederastia del jesuita Alfonso Pedrajas.

En el juicio la Fiscalía probó que el cura encerró en su oficina y agredió a la estudiante, tras invitarla a venir de Cochabamba a Tarija para dictar “El Congreso de la Familia”. Sin embargo, Saldías evitó dar un criterio sobre el caso.

“La información que tenemos es la que ustedes tienen. No tenemos más conocimiento y no podría emitir algún juicio valorativo sobre la sentencia porque no tenemos los detalles”, señaló.

Contrario a la postura de la Conferencia Episcopal y del Papa Francisco, que un año atrás publicó una carta calificando como “deplorables” los delitos de los sacerdotes y reconociendo que la Iglesia y el Estado deben “reparar las injusticias”, Saldías declaró que el resarcimiento está en manos de la justicia ordinaria.