“En mis zapatos”
Estudio revela alto índice de violencia y bajo de denuncia
Los resultados muestran que una de cada dos mujeres y cuatro de cada diez adolescentes experimentaron violencia física o sexual. Pero el sistema judicial rechaza más de la mitad de las denuncias
“Urgencia de reformas integrales en el sistema penal”, concluye el estudio “En mis zapatos” que revela que una de cada dos mujeres y cuatro de cada diez adolescentes (ambos sexos) sufrieron violencia física o sexual. Lo elevado de esos datos contrasta con un bajo índice de denuncias, como reflejo de la desconfianza en las instituciones.
La investigación fue elaborada por Misión Internacional de Justicia (IJM) y el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC) de la Universidad Católica Boliviana (UCB) en La Paz, El Alto y Sucre, con Cochabamba como municipio de control. El objetivo fue describir la respuesta del Sistema Público de Justicia Penal (SPJP) en casos de violencia física y sexual.
Resultados
El estudio cuenta con una muestra de 3119 personas, 1550 adolescentes de 13 a 17 años y 1569 mujeres mayores de 18. Los datos se obtuvieron a través de la Encuesta Poblacional de Prevalencia, Dependencia y Vulnerabilidad a la Violencia (EPDVV) del año 2022.
Denuncia Sobre la dependencia en el Sistema, de las 740 mujeres que dijeron haber sufrido violencia, solo 16,89% denunció el caso
En esa encuesta 40% de adolescentes reveló haber pasado por una o más situaciones de violencia. Predominan las agresiones físicas con 37,19%, seguido de violencia sexual con 11,43%.
En este grupo etario, identificaron como agresor a un miembro o amigo de su familia en un 44% de casos, una ex pareja en 37%. El hogar es el sitio de mayor riesgo, seguido del ámbito educativo.
En cuanto a las mujeres adultas, un 53% reportó haber sufrido violencia a lo largo de su vida. Cuando se hace un cruce entre variables de tipo de violencia y edad, se evidencia que a medida que aumenta la edad, bajan las agresiones sexuales.
Evaluación al sistema penal
Los investigadores se enfocaron en el periodo entre 2018 – 2021. Usaron un muestreo aleatorio simple de 321 procesos a los que tuvieron acceso. Los resultados provienen del estudio de los cuadernos de investigación, más la encuesta a funcionarios del sistema judicial.
De ese número, solo 13 concluyeron con una sentencia y apenas ocho con la sentencia ejecutoriada. El mayor porcentaje de 58,9% equivalente a 189 fue rechazado, 8,1% no obtuvo resolución y el porcentaje final de 9,2% seguía en proceso.
Otro de los resultados tiene que ver con el incumplimiento del plazo fijado de tres años para el proceso, en la mayoría de los casos.
“Por ejemplo, el periodo promedio para obtener una resolución de rechazo fue de 266 días, destacándose un caso que se extendió por más de cuatro años. La emisión de sentencias mediante procedimiento común requiere un promedio de 186 días, y el tiempo promedio desde la emisión de la sentencia, hasta su ejecutoría, 32 días”.
De las sentencias ejecutoriadas, cinco se obtuvieron luego de un cambio del tipo penal por uno de menor gravedad.
Des - confianza
El nivel de confianza en el Sistema Penal en los municipios del estudio llega al 21,7%. Con los porcentajes de cada municipio hay variaciones, pero en la suma total las instituciones con mayor aprobación la encabezan las del Órgano Judicial, seguido del Ministerio Público, el IITCUP, el IDIF, la Policía y las UPAVT.
En lo que sí hay una buena percepción es que un 56,9% perciben que existen cambios favorables y sostenibles, en especial por las reformas legislativas, aunque demandan una mejor implementación de las leyes.
Sobre la dependencia en el Sistema, de las 740 mujeres que dijeron haber sufrido violencia, solo 16,89% denunció el caso. En cuando al total de 640 adolescentes, denunció el 4,53%.
El último dato indica que apenas un 11% de quienes denunciaron una agresión y siguieron un proceso sienten que el Sistema les dio resultados satisfactorios.
Conclusiones
Lo que concluyen los investigadores es que “se requieren cambios estructurales para el fortalecimiento institucional del Sistema Público de Justicia Penal; a través de la adecuada asignación y ejecución de recursos, capacitación del personal, información a la población y mecanismos de control jurisdiccional”.
Además, apuntan a la responsabilidad de Estado ejecutar políticas de prevención, garantizar la persecución efectiva de los delitos de violencia y la contención de las víctimas.
El estudio es más amplio y posee datos disgregados por municipio, por más rangos de edad y tipos de violencia. El mismo está disponible en el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC) de la UCB, para quienes deseen conocerlo en detalle.
Trabajo colaborativo contra la violencia
Misión Internacional de Justicia, que es una organización global con presencia en 23 países, en Bolivia se enfoca en temas de violencia física y sexual contra mujeres y menores de edad, en especial dentro de grupos vulnerables. En este caso se alió con el IICC – UCB que ya cuenta con varias investigaciones relacionadas a las Ciencias Sociales.
El equipo se apoyó en el Consejo de la Magistratura y de la Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX). Así se pudo hacer el estudio con tres municipios como base y un cuarto municipio de control para reforzar los datos, a fin de que los mismos sirvan para mediciones futuras.