A 11 años de la Ley 348, huérfanos por feminicidios carecen de apoyo

Problemas económicos, falta de contención emocional y acoso, son algunas de las consecuencias que enfrentan las otras víctimas de los feminicidios: los hijos e hijas que quedan en la orfandad, que si son menores de edad pasan a ser criados por otros parientes o son enviados a centros de acogida hasta los 18 años.

Las familias de las mujeres que murieron por este tipo de violencia no obtuvieron hasta ahora una respuesta del nivel central. De momento, dependen de la asistencia de los gobiernos municipales para cierto acompañamiento terapéutico y legal durante los procesos penales.

Cifras

Entre el 2016 y el 2023 murieron 863 mujeres producto de estos crímenes de género en Bolivia. Según el Observatorio para los Derechos de la Mujer, los casos registrados en ese periodo de tiempo dejaron también 752 huérfanos.

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La pasada gestión cerró con 81 feminicidios y llegó a 90 la cifra de hijos que perdieron a sus madres.

La figura de feminicidio fue incluida como delito en el Código Penal desde el 2013, pero de los primeros tres años no existe un dato oficial sobre los menores que quedaron huérfanos por esos casos. De acuerdo a la Fundación Voces Libres el número podría estar cerca a los 1.200.

Situación en Tarija

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) cuenta con un reporte de 11 menores que quedaron en orfandad por los feminicidios cometidos en Cercado desde 2022 a la fecha.

Según la jefa de esta unidad, María Eugenia Gareca, cuando hay un feminicidio se coordina con el SLIM para acompañar el proceso legal, mientras la DNA evalúa la posibilidad de que la familia ampliada asuma la custodia de los niños.

Propuestas Hay dos proyectos de ley que fueron presentados a la Asamblea Plurinacional, sin embargo, no han sido agendados

“Algunos están en hogares, otros con sus familiares, hermanos mayores, tíos, abuelas. También hay niños que se han ido a otros departamentos y las defensorías de esos lugares tienen que hacer el seguimiento”.

La funcionaria indicó que estos menores atraviesan por cuadros de depresión. Aseguró que existe personal para dar terapia psicológica y que también se aplica el Plan de Fortalecimiento Familiar para trabajar la adaptación a un nuevo entorno.

Gareca dijo que particularmente este grupo reportó mejoras. Sin embargo, tienen la obligación de hacer un seguimiento periódico, dependiendo de lo que ordena el Juzgado de la Niñez en cada caso particular.

Iniciativas incumplidas

A pesar de la cantidad de menores en orfandad y que en la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia se establece la responsabilidad del Estado para la contención de este grupo vulnerable, hasta la fecha no entró en vigencia una política nacional diseñada específicamente para este propósito.

Sí hubo dos iniciativas presentadas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

En 2019 la Defensoría del Pueblo puso a consideración de la ALP el proyecto de ley “Medidas de Asistencia Estatal Integral a Hijas e Hijos Huérfanos de Feminicidio". Contemplaba un bono equivalente al 20 por ciento de un salario básico, descuento en las tarifas de servicios básicos y transporte, becas de estudio e inamovilidad laboral para quienes estén a su cargo.

Por la priorización del tratamiento de otras normas, esta no ha estado en agenda. Como alternativa se acudió a los concejos de distintos municipios, se hicieron modificaciones particulares y se logró la aprobación en más de una veintena de ellos, incluyendo a Uriondo y Entre Ríos de Tarija. Sin embargo, en la mayoría la falta de reglamentación impide su aplicación.

Otra propuesta más reciente fue en marzo de 2023, cuando la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Bertha Acarapi presentó un proyecto de ley que elaboró en coordinación con la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para la asignación de un bono. No prosperó.

La intención más reciente fue del Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de la Cámara de Diputados en enero de 2024. Los parlamentarios se comprometieron a trabajar una norma especial, sin mencionar que ya existen iniciativas previas que podrían servir de base y que fueron resultados de estudios especiales.

La postura de las asociaciones de familiares de víctimas de feminicidio apunta a que los hijos e hijas que quedan en orfandad no conforman un grupo poblacional tan numeroso que signifique un gasto excesivo para el Estado, pero para ellos sí significaría un apoyo para poder asumir la crianza de los huérfanos por el feminicidio.