Fiscalía volverá a imputar a médico que operó a Soledad en Tarija
En los siguientes días se presentará una segunda imputación en contra de Carlos M., se solicitará una auditoría interna y otra externa con peritos del Instituto Forense
Tras la resolución judicial emitida en favor del ginecólogo Carlos M., por el caso de Soledad Gudiño, el martes su defensa se dispuso a tramitar el mandamiento de libertad para dejar sin efecto su detención domiciliaria y la fianza que pesaba sobre él. Mientras tanto, el Ministerio Público anunció que se presentará otra imputación y solicitará otras pericias probablemente con expertos de otros departamentos.
La defensa del médico, a cargo de la firma Loyalty, presentó dos recursos para dejar sin efecto el proceso. Uno de ellos por supuesta actividad procesal defectuosa e incumplimiento de la norma por parte de los investigadores y el otro pidiendo la nulidad de la imputación. Aunque el primero fue denegado, el segundo fue aceptado.
El abogado Ruddy Casas, en conferencia de prensa, señaló que al anularse la causa se demostró que la misma no estaba “debidamente argumentada” y que el profesional “tendría que estar en total libertad y volver a su fuente laboral”.
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Esta resolución fue rechazada por los familiares de Soledad y también por el Ministerio Público. La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, remarcó que se presentará una nueva imputación, aunque todavía no se habría definido la tipificación del delito.
“Ambas partes tienen todos los derechos de ejercer de forma irrestricta su defensa. Al igual que en los casi 20 mil casos que tenemos en el departamento, como Ministerio Público estamos actuando con la transparencia y objetividad que amerita este caso. En cinco días vamos a emitir una nueva resolución”, aseveró ante los medios de prensa.
Como parte de ese proceso, dijo que se solicitará una auditoría interna en el centro médico. Pero también se prevé una auditoría externa en la que puedan participar peritos del Instituto de Investigación Forense (IDIF).
Desde el Colegio Médico se declaró al sector en estado de emergencia, argumentando que la muerte de la paciente de 28 años, ocurrida el 31 de enero, se debe a un accidente obstétrico, no a un mal procedimiento. La dirigencia aseguró que existe una “criminalización” para los profesionales en salud, por lo que se hará seguimiento a todo el proceso.