Imputan a Convisa, Torres y Paz por el Puente 4 de Julio

En el marco de la segunda investigación abierta por el Ministerio Público en torno al Puente 4 de Julio, ya se formalizó una nueva imputación contra cinco personas, entre las que figura el exalcalde y promotor de la obra, Rodrigo Paz Pereira, el actual ejecutivo municipal, Johnny Torres Terzo, y el representante legal de la constructora Convisa, David H. Terceros, a quienes se llevará a una audiencia de medidas cautelares cuando el juzgado correspondiente programe la misma.

La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez Salazar, explicó que cada sindicado enfrenta cargos diferentes con respecto a su participación. Los presuntos delitos corresponden a contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado e incumplimiento de deberes.

“Ya se presentó a una juez cautelar y en la audiencia vamos a pedir medidas de carácter personal y real a objeto de garantizar un resarcimiento de los daños (…) Esperamos que en los próximos días señale la fecha”, dijo, al aseverar que el caso se encuentra en un juzgado de turno por la vacación judicial.

Con ese tenor, recordó que en los últimos dos meses se ejecutaron algunas actuaciones, como inspecciones en el lugar y se determinó la retención de seis equipos de maquinaria pesada de Convisa para asegurar bienes que puedan aminorar la supuesta afectación al Estado.

Con respecto al proceso, Gutiérrez aclaró que esta se constituye en la segunda causa abierta, ya se presentó una imputación y existe otro caso iniciado previamente, que actualmente ya tiene acusación formal para llevar a juicio a una decena de personas, sin embargo, la defensa presentó una apelación que todavía no se resolvió por parte de los vocales de la sala constitucional.

“Son dos procesos, el primero esa por irregularidades en cómo se habría llevado adelante la contratación (…) Este es por la construcción que inició hace seis meses”, mencionó.

Para avanzar con este caso, dijo que ya se ordenaron nuevas pericias, como una auditoría forense y otra de ingeniería, que serán las que arrojen nuevos datos sobre las presuntas irregularidades de este proyecto licitado en 2017 por un costo de 73 millones de bolivianos.