Niegan a militar pedido de anular juicio por violación en Yacuiba

A pesar de la presentación de una serie de recursos por parte de la defensa del militar José Montejo Neira, para anular el proceso en su contra por el delito de violación grupal contra una menor de edad en Yacuiba en 2008, la Sala Constitucional Primera de Tarija determinó que se instale el juicio. Colectivos y activistas se declararon en vigilia permanente y exigen que se le dé la pena máxima.

El coordinador nacional de Derechos Humanos, Hugo Iriarte, aseveró que la defensa del sindicado se valió de “chicanerías” para dilatar la instalación del juicio que inicialmente estaba programada para fines de mayo.

En este caso se investiga un hecho de violación del que habrían participado cuatro militares cuando cumplían funciones en la Escuela de Cóndores el 2008, cuando la víctima tenía 12 años y vivía junto a su abuela en un hostal en Yacuiba.

A casi 12 años del hecho se logró la captura de los presuntos autores. Iriarte señaló que José Montejo fue el principal responsable de la agresión. Sin embargo, gozaba hasta este año de un alto cargo en la milicia en Montero, el municipio cruceño en el que fue capturado en abril, presuntamente al enterarse de que ya se había dictado una sentencia en contra de otro implicado.

El caso fue asignado al Tribunal de Sentencia Primero de Villa Montes y debía iniciar el juicio a fines de mayo. El abogado defensor del sindicado, Gilbert Muñoz, logró una suspensión presentando un recurso de actividad procesal defectuosa para pedir que el proceso se anule argumentando que se habían vulnerado los derechos del acusado porque no le habría llegado una notificación.

Iriarte explicó que ese primer recurso ya fue rechazado por los vocales de la Sala Penal Primera y determinaron el avance del juicio. Cuando la audiencia debía instalarse la pasada semana, la defensa pidió nuevamente una suspensión.

“La anterior semana supuestamente se ha puesto mal, pidieron cuarto intermedio porque decía que estaba con vómitos (…). Eran solo chicanerías para ganar tiempo”, cuestionó.

Luego presentó un amparo constitucional, que también le fue denegado.

“Indicaban que no había sido notificado y el acusado desconocía el proceso. El juez de garantías ha verificado que el militar en su momento fue a sacarse una prueba de ADN y se le ha puesto en conocimiento, además se le asignó un defensor de oficio e incluso se han publicado edictos. Les ha negado la petición y resolvió la inmediata instalación del juicio”, detalló.

Tras esta resolución, se fijó la audiencia para el martes 6 de septiembre a las 8.00 horas. El activista señaló que se hará un seguimiento al caso para garantizar justicia a la víctima.