Reos de El Palmar suspenden protesta por pago de prediarios

Tras una mesa de diálogo entre privados de libertad del Centro de Readaptación Productiva de El Palmar, de Yacuiba, la Defensoría del Pueblo y autoridades penitenciarias, se llegó a un acuerdo para cumplir con las demandas, como el pago de prediarios y contratación de personal, en un plazo establecido a fin de que los internos suspendan la huelga de hambre instalada el jueves.

El coordinador regional de la Defensoría en Yacuiba, Walter Portillo, indicó que al tomar conocimiento del voto resolutivo y de la medida de huelga de hambre iniciada por las personas privadas de libertad se convocó a esta mesa de diálogo que aglutinó a autoridades policiales, Régimen Penitenciario y el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

Previamente, el personal de la Defensoría realizó una inspección a este recinto y llegó a evidenciar las denuncias de vulneración a los derechos humanos de los reos, especialmente en cuanto a la alimentación, salud y dignidad.

En la reunión, se analizó cada una de las demandas de esa población carcelaria, que es de cerca de 300 internos, y que abarcan la deuda en el pago de prediarios desde el mes de enero, conflictos con el personal de seguridad y ausencia del equipo técnico de Régimen Penitenciario.

Portillo explicó que se logró acuerdos, entre los que se incluye el compromiso que asumió la directora de Gobernabilidad del Gobierno Regional del Gran Chaco, Maylín Chen, para cancelar la deuda en prediarios hasta el 15 de mayo. Esto luego de que se consolide el reajuste presupestario de la presente gestión.

También aseguró que se incluirá en el Plan Operativo Anual (POA) del 2022 los recursos necesarios para los desembolsos, pues por primera vez este nivel del Estado asumirá esa competencia.

Por otra parte, el Gobierno del Gran Chaco se comprometió a asignar nuevamente un ítem para personal médico que asuma la atención de los privados de libertad en El Palmar. Por otra parte, Régimen Penitenciario debe llevar adelante una inspección y calificación de las condiciones en las que se encuentra la población carcelaria.