Justicia dilata juicio contra militar acusado de violación en Bermejo

A más de un mes de haberse instalado en Bermejo el juicio oral en contra del militar identificado como Alexander R.H.M., falencias del sistema judicial, como la falta de un equipo de data para la presentación de las pruebas, se constituyen en impedimentos para que concluya el proceso, en el que piden que se le dé la pena máxima por el delito de violación a su hijastra, en complicidad con su concubina y madre de la menor.

El juicio se instaló el 9 de marzo en el Tribunal de Sentencia Primero de ese municipio, de manera virtual a causa de las cuatro suspensiones previas por ausencia de alguna de las partes o protestas en las instalaciones.

Si bien se tenía previsto inicialmente que no tenga una duración de más de una semana, las audiencias tuvieron que ser suspendidas por falencias o carencia de recursos.

En representación del colectivo Cuñas Ruidosas, Pamela Callejas, informó que durante la etapa de presentación de las pruebas de cargo para acreditar la culpabilidad del militar, se requería de un data display para proceder a la revisión de elementos como imágenes y videos. Sin embargo, no había este equipo en el Tribunal.

La activista lamentó que tenga que ser la víctima y su defensa quienes deben hacerse cargo de conseguir el equipo, cuando es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones para que haya celeridad y acceso a la justicia.

Además, recordó que no es la primera vez que esto ocurre, pues ya hubo un episodio similar durante el juicio por el feminicidio de Carla Méndez, cuando su familia tuvo que hacer una colecta para alquilar un data.

Otra suspensión a fines de marzo se debió a que aún no llegaban los resultados de algunas pericias solicitadas por la parte acusatoria.

El hecho

Este caso investiga las agresiones sexuales por parte de Alexander R.H.M. en contra de su hijastra menor de edad, las mismas que entre el 2017 y el 2020 pasaron de toques impúdicos a violación en reiteradas oportunidades.

También habría jugado un papel importante la madre de la víctima y concubina del sindicado, pues el informe indica que tuvo parte en las agresiones, consintiendo la violación, obligando a su hija a ver videos pornográficos mientras la mujer y el militar sostenían relaciones, además de forzarla a consumir pastillas anticonceptivas.

El abogado de la víctima, Víctor Aricoma, confirmó que la mujer también se encuentra en calidad de acusada en el juicio enfrentando cargos por complicidad.

Proceso

Debido a que la madre era quien tenía la custodia de la adolescente, no podía ver a menudo a su padre biológico. Pero cuando lo hizo en noviembre del 2020, le contó las vejaciones de las que había sufrido y es así que él interpuso la denuncia formal ante las autoridades.

Una vez emitida la imputación formal por parte del Ministerio Público y se instaló la audiencia de medidas cautelares, al sindicado se le dictó detención domiciliaria en la carceleta de Bermejo.

Sin embargo, luego fue beneficiado con detención domiciliaria, que fue revocada a fuerza de movilizaciones ciudadanas.

Debido a los testimonios presentados de más de una decena de personas y la cantidad de pruebas recopiladas, entre las que se incluyen celulares, cartas, videos y otros, que fueron revisados por el Instituto de Investigación Forense (IDIF), la Fiscalía y la defensa de la menor piden la pena máxima de 30 años.

Consorcio de abogados, jueces y fiscales en Bermejo

Este caso fue uno de los que puso en evidencia las actuaciones de un presunto consorcio entre fiscales, jueces y abogados en el municipio de Bermejo.

El exfiscal departamental, Wilson Tito Torrez, el 24 de julio de 2021 confirmó la destitución de tres ex funcionarios del Ministerio Público en ese municipio, esto a raíz de una denuncia pública del Colegio de Abogados indicando que estas personas perjudicaban investigaciones.

El modus operandi aparentemente indicaba que una asistente se acercaba a los litigantes recomendando la contratación de un abogado, quien era su novio, asegurando que tenía buena relación con la autoridad fiscal. Se investiga su participación en el favorecimiento al acusado cuando accedió a detención domiciliaria.