Justicia en la mira
Al menos tres feminicidas de tarijeñas gozan de libertad
Tras la conformación de la Comisión Especial que fiscalizará irregularidades en este tipo de procesos, familiares y activistas exigen la captura y sentencia para los responsables de feminicidios
Ante el inicio del trabajo de la Comisión Especial para la fiscalización de irregularidades en procesos penales en los casos de feminicidio y violación, los familiares de las víctimas reclaman justicia, debido a que existen casos en los que los agresores continúan en calidad de prófugos o fueron beneficiados por el sistema de justicia para gozar de libertad.
“En medio de los escándalos por la #injusticia administrada por el Estado, recordamos a nuestras hermanas, que luego de tantos años no encontraron justicia, mientras sus feminicidas continúan en libertad. Memoria, verdad y justicia”, señala un pronunciamiento de Ni Una Menos, con el objetivo de denunciar que el sistema judicial incumplió con la persecución y castigo a los responsables de las muertes de al menos tres mujeres en Tarija.
Daniela Tapia
Uno de estos casos es el de Daniela Tapia, la joven tarijeña que perdió la vida el 15 de diciembre de 2017 en su departamento en la ciudad de La Paz, presuntamente víctima de envenenamiento por parte de su expareja, Mauricio M.N., quien al momento goza de libertad.
El hecho se produjo luego de varios hechos de violencia, todo esto incluso en presencia del hijo y sobrino de Daniela, que entonces tenían 3 y 7 años respectivamente.
El caso, según denuncia la familia de la víctima, estuvo plagado de irregularidades desde su inicio. Empezando por el hecho de que constantemente deben trasladarse a la Sede de Gobierno cuando se fijaban audiencias, que muchas veces no se instalaban. Por otra parte, el archivo fue derivado a varios fiscales.
Es más, la Fiscalía de La Paz dictó el sobreseimiento del caso, por lo que la familia de la joven tuvo que acudir a una instancia superior, el Tribunal de Sentencia Segundo de Sucre, fungiendo como tribunal de garantías que determinó anular esa resolución, indicando que el Ministerio Público incumplió los procedimientos.
Aunque el sindicado también enfrenta un proceso por violencia, goza de medidas sustitutivas a la detención preventiva, teniendo prácticamente libertad irrestricta.
Miriam Caucota
El 6 de enero de 2019 se registró el feminicidio de Miriam Caucota Galeán de 41 años en el municipio de Caraparí, el cuerpo de la víctima estuvo abandonado durante varios días antes de ser encontrado en su domicilio ubicado en la Organización Territorial de Base (OTB) de Saladillo.
La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) recién recibió la notificación de esto el 11, cuando se procedió al levantamiento de cadáver, cuya autopsia reveló que la causa de la muerte era asfixia por estrangulamiento.
Como principal sospechoso inmediatamente se identificó a su pareja, Juan Carlos Donaire de 37 años, quien se dio a la fuga y hasta la fecha la Policía no logró dar con su paradero.
Teresa Rodríguez
El mismo año también se registró en mayo el feminicidio de Teresa Rodríguez, quien se dedicaba a la atención del parqueo en la calle Suipacha. Cuando ella se encontraba en su domicilio en el barrio Los Chapacos, sostuvo una discusión con su pareja, Santos Méndez (39), quien luego de agredirla verbalmente, la golpeó con un trozo de madera en la cabeza y le quitó la vida, para luego darse a la fuga.
En este caso también se puso en cuestionamiento a la justicia, en virtud a que la víctima denunció en reiteradas oportunidades a su agresor, quien constantemente la agredía. Nunca le dieron medidas de protección.
Prófugos que la Policía busca
La Policía publicó en todo el país la fotografía de los feminicidas Juan Carlos Donaire y Santos Méndez, responsables de las muertes de Miriam Caucota y Teresa Rodríguez respectivamente. Incluso se notificó a los puestos fronterizos, a fin de evitar que abandonen territorio nacional y se los pueda conducir ante la justicia para recibir castigo por sus delitos.
Sin embargo, tres gestiones después, las instituciones llamadas por ley no han logrado dar con su paradero, por lo que continúan en libertad.