Universidad Católica aparta a un sacerdote denunciado por acoso en Tarija

A poco más de dos meses de que se revele la primera denuncia en contra del “Padre Coco” por presuntos hechos de acoso sexual en la Universidad Católica Boliviana (UCB) Regional Tarija, concluyó el proceso disciplinario, que determinó su despido. Lo que significa en primera instancia que ya no dará las materias de Cristianismo ni estará a cargo de la Pastoral Universitaria, aunque el sindicado ha presentado un recurso.

Desde la primera denuncia conocida el 8 de marzo, el Tribunal Administrativo resolvió, en primer lugar, declarar improcedente el recurso presentado por este sujeto con el que pretendía anular el proceso por tratarse de hechos que ocurrieron hace varios años. Después, al haberse encontrado evidencia de posibles faltas en el comportamiento del sacerdote en ámbitos académicos, en al menos dos denuncias, se determinó su alejamiento de la Universidad.

“Estableciendo que existe responsabilidad laboral, por lo que se determina es que la conducta de J.L.M.V. constituye una falta grave (…) imponiéndole una sanción de despido de la Universidad Católica Boliviana, en aplicación del Artículo 16 inciso e) de la Ley General de Trabajo y Artículo 9 inciso e) del Decreto Reglamentario con causal de despido justificada y demostrada”, cita el documento.

Sin embargo, los reglamentos de esta casa de estudios superiores también establecen que la sanción puede ser impugnada por el sujeto, quien ya habría presentado su recurso de apelación. Ahora el caso está en manos del Vicerrectorado Administrativo Financiero Nacional para que se ratifique o revierta la resolución.

Sobre el tema, se pronunció el colectivo Ivaginarias saludando que se haya tomado esta determinación, pero también cuestionando una reserva sobre el caso por parte de la UCB, además, exhortando a esta casa de estudios superiores a ejercer mecanismos que eviten que en el futuro se registren casos de esta naturaleza.

“A la Universidad le pedimos que brinde la información. Es lamentable que nos acerquemos a la institución para conocer del caso y cuáles han sido las acciones que se han tomado y no se nos dé una respuesta (…) Exigimos medidas de prevención para que no se repita este tipo de cosas”, dijo en representación del colectivo, Daniela Rodríguez.

El País intentó contactarse en reiteradas oportunidades con el departamento legal y de comunicación de la UCB para obtener su postura sobre el caso, sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta oficial de la entidad.

Por otra parte, Rodríguez también llamó al sistema judicial a que la investigación sobre este caso pueda avanzar con celeridad. Esto en defensa de los derechos de las mujeres que hicieron la denuncia.

“No es suficiente una suspensión, vamos a estar atentas a saber cuál es la decisión que se toma desde la Iglesia y, sobre todo, desde la justicia. No puede ser que no pase nada, eso sería dar un mensaje de impunidad para los agresores. Las mujeres han tomado coraje de denunciar, después de tiempo de haber sufrido estos acosos y no sabemos cuántas otras permanecerán en el silencio”.

Antecedentes

El 8 de marzo salió a la luz el primer relato por un caso de acoso sexual registrado en la UCB Regional Tarija, esto a través de la página de Facebook “Confesionario UCB”.

Se trata de la Confesión 117 en la que una exestudiante, quien actualmente tiene 36 años y dijo que a sus 21 sufrió acoso sexual por parte de este miembro del clérigo, quien, durante décadas, estuvo a cargo de dar materias de Cristianismo.

Tras esto, surgieron al menos cinco denuncias más por hechos de esta naturaleza en los que el sujeto presuntamente ejercía presión sobre las víctimas, aprovechando su condición de autoridad dentro de la universidad.

Los procesos abiertos por las denuncias

Luego de que se hicieran públicas las primeras denuncias, la UCB emitió un comunicado dando a conocer una suspensión temporal de este sacerdote.

Días más tarde, la Iglesia asumió la misma determinación, mientras avance un proceso disciplinario en su contra.

En cuanto a lo penal, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) y el Ministerio Público iniciaron una investigación. Sin embargo, el sujeto habría argumentado que la causa debería extinguirse por haber pasado varios años.