Amparo pone "de cabeza" caso de feminicidio de Omaira

Luego de que la pasada semana el sistema judicial haya dado lugar al amparo constitucional presentado por Marcelo Valencia Ugarte para dejar sin lugar la sentencia de 30 años en su contra, por el feminicidio de Omaira Vidaurre Sotar, la familia de la víctima denuncia una retardación de justicia de casi ocho años, mientras que el acusado pide y espera recuperar su libertad.

De acuerdo a los antecedentes, se tiene que el hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2012 luego de una discusión entre Omaira con su concubino, en la que habría recibido un corte en la muñeca. Aunque vecinos intentaron socorrerla, se desangró y perdió la vida.

Investigación

El informe forense daba cuenta de que la mujer falleció por una herida en la muñeca derecha que llegaba casi hasta el hueso, la lesión sería causada por otra persona porque ella al ser diestra no se hubiera podido cortar.

Al principio el Ministerio Público dijo que el tipo penal sería homicidio y tras su aprehensión Valencia fue detenido preventivamente en Morros Blancos. Una vez que se instaló el juicio en 2015 las autoridades del Tribunal de Sentencia Primero dictaron una pena de ocho años.

El fallo fue apelado por la familia de Omaira y en 2018 la Sala Penal Segunda modificó el delito a asesinato y la sentencia subió a 30 años. Aunque la sentencia fue ratificada, la familia del acusado interpuso un amparo constitucional que fue resuelto a su favor en Sucre. El amparo fue resuelto a favor del acusado anulando el Auto Supremo que ratificaba treinta años y ordenando emitir nuevo Auto Supremo y se espera su emisión en los próximos días. 

Familias piden justicia

El padre de Omaira, Guido Vidaurre, sostiene que hay suficientes elementos que comprueban la responsabilidad de este sujeto. Además, presentó los informes del Intraid en los que se da cuenta de constantes detenciones del imputado, por problemas con sustancias controladas. 

En estos documentos se habla de al menos cuatro ingresos de Valencia desde el 2007 por delitos que van desde violencia, robo, choque de un auto y tenencia de sustancias controladas. El diagnóstico indica “trastorno antisocial de la personalidad y abuso de sustancias múltiples”, al evidenciar que no tendría intención de cumplir con el tratamiento le dieron de alta.

Vidaurre es quien quedó a cargo del menor que quedó en la orfandad y ahora denuncia ser víctima de retardación de justicia por los casi ocho años que ya lleva este proceso, que aún puede terminar con la libertad de este ciudadano.

El padre del acusado, Ariel Valencia, también dijo sentirse afectado. Hasta la fecha sostiene que sería la joven quien se causó las cortaduras golpeando un vidrio. Para él, la anterior sentencia de 30 años corresponde a prevaricato y aunque obtuvieron el amparo dice que no hay forma de recuperar los años que su hijo ya lleva detenido.