Defensoría del Pueblo exige que asambleísta del Chaco acusado de violación sea suspendido

La Defensoría del Pueblo pidió a la Asamblea Regional del Gran Chaco suspender, a la brevedad a la posible, al asambleísta Julio César Ferreira, acusado de la violación y abuso sexual de tres niñas y un niño, para garantizar el desarrollo del proceso penal que se desarrolla en su contra sin injerencia política o pública de por medio.

En una nota remitida, al Presidente y Vicepresidenta, Mario Aldana y María René Barrios, de la Directiva de la Asamblea Regional del Gran Chaco, la representante de esta institución, Nadia Cruz, exhortó a las autoridades a aplicar los procedimientos establecidos en la normativa vigente para alejar de su cargo al asambleísta y  garantizar el desarrollo del proceso penal sin injerencia política o pública.

Cruz explicó que Ferreira, mediante memorial, solicitó continuar ejerciendo el cargo de asambleísta justificando su inasistencia a las sesiones de la Asamblea por encontrarse con detención preventiva; asimismo, pidió, en el marco del derecho al trabajo y derechos políticos y, al amparo del artículo 3 del Decreto Supremo 4218, seguir trabajando en la modalidad de teletrabajo y para ello requirió a las autoridades de Régimen Penitenciario el uso de equipos electrónicos.

“Es imperante manifestar que en el marco del artículo 5 del Decreto Supremo 4218, la modalidad de teletrabajo en el sector público aún no ha sido regulada por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social y en consecuencia, la determinación de su aplicación por cada entidad pública”, precisó la Defensora.

Ferreira fue aprehendido el pasado 27 de abril, tras ser acusado de violencia y abuso sexual contra tres niñas y un niño de entre 4 y 7 años de edad, todos con parentesco familiar con el presunto agresor, quien tiene detención preventiva. El hecho se habría producido en la localidad de Puesto Uno en el municipio tarijeño de Villa Montes.

Cruz señaló que la institución realiza seguimiento exhaustivo a este caso, a fin de que las autoridades competentes tengan presente y apliquen los principios rectores de la doctrina de la protección integral, a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño plasmada en la Constitución Política del Estado y Código Niña, Niño y Adolescente, entre los que se encuentran los principios de debida diligencia e interés superior del niño.