La Región revela "Los convenios secretos del litio boliviano"

Este lunes el portal digital laregion.bo que dirige Rocío Lloret publicó un extenso reportaje con "Los convenios secretos del litio boliviano" que empieza así: En su anhelo por aprovechar sus millonarios depósitos de litio, Bolivia firmó entre 2023 y 2024 al menos 14 convenios con empresas extranjeras, cuyo alcance y contenido no son públicos. Dos contratos fueron finalmente llevados a la Asamblea Legislativa, pero persisten dudas sobre sus condiciones; uno de ellos involucró reuniones con funcionarios rusos sancionados internacionalmente por la invasión a Ucrania. Esta investigación revela detalles inéditos sobre los opacos acuerdos del litio firmados por el gobierno de Luis Arce, en medio de las preocupaciones por sus beneficios económicos inciertos, posibles impactos ambientales y traslapes no reconocidos con comunidades indígenas.

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Los convenios secretos del litio boliviano 

El presidente Luis Arce anunció en enero de 2023 el inicio de la industrialización del litio boliviano con la promesa de exportar baterías para 2025. El acto selló un convenio entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino CBC, presentado como un hito histórico. Sin embargo, luego se supo que no era un contrato de construcción, sino un acuerdo de estudio, lo que despertó críticas por la falta de transparencia y por no haber pasado por la Asamblea Legislativa, como exige la Constitución.

Desde entonces, Bolivia ha firmado 14 convenios con empresas de China, Rusia, Australia, Alemania, Francia y Argentina, bajo la figura de “estudios” para evitar control legislativo. Tres de ellos derivaron en contratos, pero solo dos llegaron al Parlamento, ambos con controversia y cuestionamientos ambientales, sociales y legales.

Uno de los contratos fue con Uranium One Group, filial rusa de Rosatom, y otro con CBC. Ambos proponen plantas industriales en el salar de Uyuni. Sin embargo, los proyectos enfrentan paralizaciones judiciales por falta de consulta previa a comunidades indígenas y por impactos ambientales en los bofedales altoandinos.

Parlamentarios y expertos denuncian opacidad, posible pérdida de soberanía y falta de información técnica, mientras comunidades de Potosí y Oruro se movilizan en defensa de sus territorios.A pesar de la magnitud de los anuncios, hasta la fecha no hay pruebas de producción industrial, y gran parte de la información sobre los convenios ha sido retirada del sitio web de YLB.

El tema ha entrado de lleno en la campaña electoral de 2025, con los candidatos Rodrigo Paz y Tuto Quiroga prometiendo revisar o rechazar los contratos firmados bajo el gobierno de Arce.