Religión y economía en la disputa por Brasil

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva cerrará las iglesias evangélicas en Brasil               si triunfa en las elecciones de octubre, aseguran mensajes difundidos en las redes sociales y por sermones de religiosos que apoyan al presidente Jair Bolsonaro que a la vez es acusado de privilegiar a estas iglesias respecto a la mayoría católica.

La campaña electoral, que empezó oficialmente el martes 16 de agosto, promete altas dosis de agresividad y golpes bajos a juzgar por las primeras acciones de los llamados “bolsonaristas”, con noticias falsas como estas, que ya pavimentaron el triunfo del actual mandatario en 2018.

Además de la “guerra santa” por los votos de los evangélicos, que representan cerca de 30% de los 156 millones de electores brasileños, cuestiones democráticas y económicas aparecen como decisivos en la disputa que enfrenta al izquierdista Lula y al ultraderechista Bolsonaro.

Hay otros 10 candidatos presidenciales, pero son unos convidados de piedra en las próximas elecciones, según todos los sondeos.

Carteles en las calles de numerosas ciudades ponen, de un lado, a Lula como el candidato del aborto, de los bandidos sueltos, de la corrupción y el narcotráfico, en algunos casos con su foto acompañada del símbolo comunista, la hoz cruzada por el martillo.

Del otro lado, Bolsonaro, con la bandera o los colores patrios, verde y amarillo, como defensor de la vida, del encarcelamiento de los criminales, de la verdad, de la familia y los valores morales; pero también con caricaturas asimilándolo a Hitler.

El Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, busca neutralizar la ofensiva religiosa, recordando que el expresidente jamás persiguió religiones, siquiera en los ocho años en que fue jefe de gobierno (2003-2011), y aprobó leyes de libertad religiosa (2003) y el Día Nacional de la Marcha a Jesús (2009).

En las elecciones pasadas, de octubre de 2018, los evangélicos fueron decisivos. Una mayoría de 69% votó por Bolsonaro y solo 31 % por el candidato del PT, Fernando Haddad, si se considera precisa la encuesta hecha en las vísperas de la segunda vuelta el 28 de octubre por el Instituto Datafolha, el más respetado en Brasil.

Entre los católicos, que sumaban 56 % del electorado, Bolsonaro aventajó por solo 51 % a 49 %.

Discrepancia entre católicos y evangélicos

Este año, en que el candidato del PT es Lula, cambió todo. Según la encuesta de fines de julio del mismo Datafolha, la ventaja bolsonarista entre los evangélicos se acortó de 43 % a 33 %, mientras Lula obtuvo 52% de la intención de voto de los católicos contra solo 25 % de Bolsonaro, en un sondeo sobre la primera vuelta, en que aparecen otros candidatos.

En el total, Lula triunfaría con 47% de los votos, contra 29% de Bolsonaro y solo 8% del tercer aspirante emplazado, el laborista Ciro Gomes. Si se confirman esos datos, el expresidente se elegiría en la primera vuelta el 2 de octubre, ya que tendría 51 % de los votos válidos, descartando los nulos y las abstenciones.

Pero Bolsonaro acortó la diferencia de intención de voto en las últimas semanas. Un sondeo de otro instituto demográfico, el IPEC, con entrevistas realizadas entre el 12 y el 14 de agosto, apunta a una ventaja de 44 % para Lula, frente a 32 % para Bolsonaro.

La comparación entre los resultados no es precisa, debido a las metodologías distintas, pero otros indicadores y las evaluaciones de analistas coinciden que el presidente recuperó parte de los votos perdidos en los tres años y medio de su gobierno, afectado por su funesta gestión de la pandemia de covid-19 y sus amenazas al juego democrático.

Bondades económicas

La recuperación es limitada, pero tiende a proseguir ante las mejoras económicas que Bolsonaro puede alardear como suyas. El precio de los combustibles cayó desde julio, en parte por la caída de las cotizaciones petroleras en el mundo y en parte por la reducción de tributos nacionales.

La gasolina abarató 14% en julio y ayudó a reducir la inflación, por lo menos para las capas medias que poseen automóviles. Pero el precio de los alimentos sigue en alza, frenando los sueños de reelección presidencial.

Por otro lado, Bolsonaro consiguió la aprobación por el legislativo Congreso Nacional de una enmienda constitucional que permitió violar las leyes electorales y de responsabilidad fiscal, para conceder varios beneficios monetarios a sectores afectados por el alza de los derivados de petróleo.

Más de 20 millones de pobres pasaron a recibir una ayuda, el Auxilio Brasil, de 600 reales (117 dólares), un aumento de 50 % sobre la suma anterior, desde este mes de agosto y hasta diciembre. Los camioneros y los taxistas están recibiendo sumas fijas, también mensuales, de mil reales (195 dólares).

Esas medidas violan las leyes que prohíben la concesión de beneficios a la población en el año electoral y también la Ley de Responsabilidad Fiscal. Pero la enmienda constitucional que definió un estado de emergencia en este semestre, por votación casi unánime del Congreso, eludió las restricciones legales.

Es dudoso que tales “bondades” le rindan votos suficientes para alcanzar a Lula, incluso porque su fin en diciembre desnuda su carácter electorero. Pero los analistas creen que le permitirá evitar el triunfo opositor en la primera vuelta, forzando la segunda vuelta el 30 de octubre.

Lucha por la democracia es decisiva

De todas formas, la batalla clave en ese proceso es por la democracia en Brasil. El temor de la mayoría de la nación es que Bolsonaro no reconozca su probable derrota en las elecciones, o trate de evitarla, por una sublevación violenta propia o instigada entre sus seguidores.

Sus reiteradas amenazas de insurgencia derivaron en ataques al sistema electoral brasileño, basado en urnas electrónicas, no confiables, según él. Hubo fraudes en las elecciones de 2018, acusó varias veces, pese a su triunfo. Hubiera vencido en la primera vuelta, reitera siempre.

La reacción de amplios sectores universitarios, empresariales, financieros y de sus opositores naturales, como los sindicalistas, artistas, estudiantes y abogados, se efectivizó en manifestaciones dispersas por todo el país el 11 de agosto, con la lectura de manifiestos en defensa del estado democrático de derecho y del sistema electoral.

La toma de posesión del nuevo presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, el 16 de agosto en Brasilia, se convirtió en otra manifestación de la élite judicial contra las amenazas bolsonaristas a las reglas del juego.

La Justicia Electoral “será célere, firme e implacable para cohibir prácticas abusivas o la difusión de noticias falsas”, afirmó Moraes, que hizo carrera como fiscal del Ministerio Público y secretario de Seguridad Pública en São Paulo, antes de alzarse al Supremo Tribunal Federal y ahora a la presidencia de la corte electoral.

No habrá tolerancia en relación a los “discursos de odio”, al uso de la “libertad de expresión como libertad de agresión”, acotó en un duro discurso delante del mismo Bolsonaro, ministros, jueces, gobernadores de estado y legisladores.

Moraes también conduce, como juez del Supremo Tribunal Federal, investigaciones sobre supuestos delitos del presidente Bolsonaro en la difusión de noticias falsas y en ataques al sistema electoral.

Quedó visible la molestia de Bolsonaro, uno de los pocos que no aplaudieron el discurso del juez durante el acto.

Esas elecciones representan un progreso democrático, en desmedro de las convicciones bolsonaristas contra la diversidad. Por primera vez hay más candidatos no blancos, sumando negros y mestizos, que blancos, por pequeña diferencia: 49,6 % a 48,8 %. Aumentó también la participación femenina, a 33,3 %, 1,7 puntos porcentuales más que en 2018.

En contrapartida, el gran estímulo que representó Bolsonaro en el poder a los hombres armados se refleja en un aumento de 27,5% de las candidaturas de militares. Son 1.858 policías, bomberos y militares entre los 28.176 candidatos a presidente, gobernadores de estado, senadores y diputados (nacionales y de estados) en las elecciones de octubre.

Prebendas
Más de 20 millones de pobres pasaron a recibir una ayuda, el Auxilio Brasil, de 600 reales (117 dólares), un aumento de 50 % sobre la suma anterior, desde agosto y hasta diciembre

Bolivia, en la coyuntura electoral brasilera

Bolivia juega un rol estratégico dentro de las elecciones brasileras y no tanto por el medio millón de migrantes que se estima hay en el país, ya que no todos tienen derecho al voto y no dejan de ser una minoría dentro del global, sino por su rol como proveedor de gas natural.

Aun en la precampaña, Bolsonaro disparó contra Bolivia y aseguró que el gobierno de Luis Arce desviaba gas hacia Argentina en cuenta de cumplir el contrato con Petrobras, todo envuelto en una supuesta conspiración ideológica contra su persona. En Bolivia YPFB no negó la acusación y más bien recordó que los precios con Argentina son mucho más favorables y que Brasil se ha negado a renegociar una adenda que se apuró a firmar en 2020 con el gobierno de Jeanine Áñez – ilegítimo a ojos de Arce – y que fue muy beneficioso para Petrobras en tanto rebaja las obligatoriedades de compra, bajaba los volúmenes y, sobre todo, liberaba a los brasileros de la obligación de asumir el transporte del gas hasta la frontera.

Lo cierto es que la relación política con Bolsonaro no ha sido discrepante como se podía prever, sino todo lo contrario hasta 2019. Aunque inicialmente Lula da Silva se convirtió en uno de los principales padrinos de Evo Morales, el expresidente boliviano no dudó en restablecer relaciones rápidamente – también a costa del gas - con Michel Temer ni bien se consumó el golpe parlamentario a Dilma Rousseff y después mantuvo cordialidad con Bolsonaro al mismo tiempo que ignoraba la situación procesal de Lula.

En la actualidad, después de las acusaciones de Bolsonaro al inicio del invierno, YPFB ha restablecido negociaciones y firmado una adenda exprés que no ha publicado pero que parece haber contentado al gigante brasilero: el gas por ducto es mucho más barato que el que recibe por barco metanero en estado licuado mientras que el que emerge del Presal, las perforaciones en aguas profundas frente a las costas de Sao Paolo, todavía son limitadas. A Yacimientos tampoco le disgustó el plan de Bolsonaro de privatizar Petrobras y simplemente permitir que la empresa boliviana llegara al mercado brasilero a través de los ductos ya amortizados creando una sociedad anónima específica, sin embargo, en el momento de máxima necesidad el Estado ha vuelto a dar la respuesta.

Cómo habrá interpretado Lula da Silva el último movimiento del Gobierno de Luis Arce es un misterio, pero ciertamente las relaciones no atraviesan su mejor momento. Lula ha moderado su discurso y se ha convertido en un líder más pragmático pactando con el centro y los partidos tradicionales. A nivel continental se espera que protagonice una izquierda renovada junto a Gustavo Petro y Gabriel Boric, lejos de los esquemas bolivarianos que representaron Venezuela o Bolivia en el pasado. No está claro dónde se alineará Luis Arce en esta nueva coyuntura.

 Brasil y liderazgo continental

Mientras que Jair Bolsonaro ha desarrollado su política de espaldas al continente y con poco interés sobre el acontecer mundial, Lula aspira a convertir a Brasil en referencia y apuesta por una integración económica con moneda única y que tenga voz propia en los foros internacionales