Un año de Castillo en Perú: crisis, sospechas y traiciones

Contra todo pronóstico, Pedro Castillo cumple este jueves un año como presidente. Desde que asumió el cargo al frente del Gobierno de Perú, el hombre de las múltiples crisis no ha hecho más que opacar las expectativas de sus votantes, armar y desarmar gabinetes, multiplicar los escándalos por corrupción y esquivar los pedidos de destitución promovidas por la oposición en el Congreso.

Para los sectores socioeconómicos más bajos, que se han percibido a sí mismos como perdedores del crecimiento económico de las últimas tres décadas, la imagen de Castillo, hijo de campesinos, ex maestro y gremialista docente de 51 años que portaba como símbolo de su partido un lápiz del tamaño de un bastón y había popularizado el lema “No más pobres en un país rico” prometiendo aumentar los impuestos a las empresas mineras en un país que es el segundo exportador mundial de cobre, trajo una gran esperanza. Castillo fue visto como una suerte de refundador de la patria que sacaría al Perú de 200 años de injusticia social.

Pero Castillo se ha convertido en el presidente débil de un país indomable. Entre la larga lista de flaquezas está la ausencia de estructura política. Hace un mes, Castillo presentó su renuncia como miembro del partido Perú Libre con el que ganó las elecciones, después de que el propio líder de la agrupación política, Vladimir Cerrón, condenado en 2019 a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por desvío de fondos públicos para cubrir las campañas electorales, le pidiera que diera un paso atrás antes de iniciar un proceso disciplinario por “promover el quebrantamiento de la unidad partidaria”. Fue así como Perú Libre pasó a ampliar las filas de la oposición.

Por ese motivo, Castillo abandonó el partido y pasó a rodearse de un reducido número de personas de extrema confianza, la mayoría de su provincia natal, Chota, ubicada al norte de Perú. “Este tipo de cuoteo del poder ha hecho que el presidente tenga una estructura basada en la confianza interpersonal antes que la cuestión política. Entonces, cuando llegan los casos de corrupción, Castillo carece de estructura para poder enfrentar estos problemas”, dice José Alejandro Godoy, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En este momento, Castillo está siendo investigado en cinco causas por corrupción. Entre las acusaciones está la sospecha de haber cometido irregularidades para la adjudicación del puente Tarata, en la compra de biodiésel y en haber incurrido en presiones para influir en el ascenso de militares. A eso, se le sumó el caso por el presunto plagio de su tesis de maestría.

Intentos de destitución

En simultáneo, con una miríada de sospechas judiciales como telón de fondo, los opositores intentan avanzar con un nuevo proceso de destitución. En lo que va de año, Castillo ha logrado esquivar dos intentos de destitución “por incapacidad moral”, con el recuerdo todavía presente de las salidas anticipadas de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes sobrevivieron a una primera moción de destitución, pero no a una segunda. En ese sentido, el fujimorismo presiona de manera constante desde el Congreso, como principal y más duro puntal de la oposición, apostando a una salida por desgaste de Castillo del poder.

La ajustada diferencia de tan solo 44.000 votos con la que Castillo le ganó a la candidata de derecha populista, Keiko Fujimori, marcó el nacimiento de su gobierno como una administración débil. Sin embargo, una posibilidad era que con el paso de los meses el presidente lograra articular nuevas mayorías para fortalecer su Ejecutivo. Pero esto no sucedió. La resignación con la que muchos lo votaron solo como alternativa a la vuelta del fujimorismo, lejos de mitigarse se ha incrementado, según las encuestas.

La falta de experiencia del presidente es otro de sus puntos débiles. Castillo nunca había ocupado un cargo electivo. El maestro rural y sindicalista no fue ni gobernador, ni alcalde, ni diputado, ni legislador local, ni concejal antes de llegar a la Casa de Pizarro, la sede del Gobierno peruano. La ausencia de experiencia en la gestión pública ha tenido un costo demasiado alto para la sociedad peruana, que en las calles y en la alta política lo ven como un “presidente incapaz de gobernar”. A esto se le suma, la falta de liderazgo que se ha visto los innumerables cambios de gabinete, que buscaron dar una imagen de refundación, pero no hicieron más que limitar sus apoyos y cercarlo.

La última semana, Castillo cambió por séptima vez desde su llegada al Gobierno al ministro del Interior después de que el anterior creara un equipo especial de la Policía para apoyar a la Fiscalía en los casos abiertos contra Castillo y otros altos funcionarios. “La falta de liderazgo del Gobierno ha afectado las capacidades del Estado para retribuir derechos a los ciudadanos, para garantizar servicios públicos y libertades”, dice Adriana Urrutia Pozzi-Escot, presidenta de la Asociación Civil Transparencia y directora de la Escuela Profesional de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Perú.

Esta crisis se nota también entre los peruanos. La desaprobación a Castillo supera el 70% de los ciudadanos, el porcentaje más alto en su año de gobierno, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada por el diario La República. Pero, además, ha crecido la desconfianza en el presidente. Mientras en agosto de 2021, el 53% creía en la palabra de Castillo, ahora solo lo hace el 28%. Antes de la segunda vuelta, Castillo firmó la llamada proclama ciudadana con 12 puntos como garantías mínimas de respeto democrático. “Lo que hemos visto es una degradación de la capacidad del Estado de responder a estas demandas”, dice Urrutia Pozzi-Escot. “En 10 de los 12 compromisos tenemos alertas muy graves por la falta de compromiso a la plataforma electoral”.

Por ese motivo, la oposición en el Congreso, uno de los poderes más desprestigiados del Estado, volvió a decir esta semana que avanzarán con un nuevo “pedido de vacancia” en contra de Castillo. Aun cuando es evidente que una eventual destitución del presidente no resuelve el problema de fondo que hace de Perú uno de los países más inestables en términos políticos. En ese sentido, la figura de presidente débil no ayuda. “La debilidad de Castillo puede llevar no solo a que se desmantele el Estado sino la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático”, dice la presidenta de la Asociación Civil Transparencia en un país donde uno de cada dos ciudadanos no coincide con la idea de que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, según el último informe de Latino barómetro.

La disputa de la izquierda por el poder o la ilusión de ruptura ideológica

Según un informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicado en junio, solo 25% de los peruanos con una identificación ideológica de izquierda aprueba la gestión presidencial. Sin embargo, la izquierda peruana se encuentra en una disyuntiva: seguir apoyando a Castillo, a pesar de su idas y venidas, o sumarse a la oposición, que planea destituirlo en el Congreso (“vacarlo”) desde el primer día que asumió su mandato para obtener para si el poder. La dilemática provocó rupturas políticas en Nuevo Perú. La entonces presidenta de este partido progresista de izquierda, Anahí Durand, que dirigía el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se opuso a retirar su apoyo al gobierno y renunció al partido que ayudó a fundar y “hoy ya no es útil a las clases populares peruanas”, tras haberlo presidirlo durante unas pocas semanas en reemplazo de Verónika Mendoza, quien a su vez se había alejado a inicios de este año y convocando a tomar las calles, pues no habría “proceso de cambio sin un pueblo consciente, organizado y movilizado”.

El dato:

Encuestas

La desaprobación a Castillo supera el 70% de los ciudadanos según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada por el diario La República. Pero, además, ha crecido la desconfianza en el presidente. Mientras en agosto de 2021, el 53% creía en su palabra, ahora solo lo hace el 28%

Mendoza, líder de la izquierda: “Castillo ha renunciado al cambio”

El Gobierno peruano avanza con la propuesta de una nueva Constitución. En medio de una crisis política, Pedro Castillo movió una pieza al enviar al Congreso un proyecto de reforma constitucional que reemplace la aprobada en 1993 por Alberto Fujimori. “Las actuales reglas de juego no dan más”, dice Veronika Mendoza a elDiario.es, el día previo al anuncio.

La dirigente del movimiento de izquierda Nuevo Perú, dos veces candidata a presidenta de su país, en 2016 y 2021, piensa que es necesario diseñar nuevas reglas constitucionales, pero no cree que el Gobierno ni en el Congreso sean capaces de conducir ese proceso. “Es fundamental constituir un frente político y social que plantee el debate, lo proponga al Gobierno y en el Congreso”.

¿Hay lugar para una nueva Constitución en Perú?

Pienso que es ineludible. La crisis en el Perú -que es grave, profunda y múltiple- confirma la necesidad impostergable de este cambio de reglas de juego. Esta es una demanda impulsada por amplios sectores de la ciudadanía y que nosotros también hemos propuesto en la última campaña electoral. Necesitamos un referéndum para consultarle a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución. Las actuales reglas de juego no dan más.

Cuando dice que se necesitan nuevas reglas, ¿se refiere a modificar la capacidad del Congreso de terminar con los mandatos presidenciales?

La que acabas de mencionar es sin duda un tema central. Desde todos los espectros políticos se reconoce que necesitamos nuevas reglas de juego. Existe consenso sobre la necesidad de diseñar un nuevo sistema político-electoral que garantice representación de todos los sectores. Pero, por otro lado, es fundamental que se reconozcan y garanticen derechos que no están reconocidos en la Constitución del 1993 como el derecho a la vivienda, el acceso a Internet, el derecho de los pueblos indígenas a su territorio, el derecho a generar un nuevo modelo de desarrollo amigable con la naturaleza. Pero también necesitamos -y quizás aquí no haya tanto consenso- darle un nuevo rol al Estado para conducir el desarrollo nacional, capaz de participar más activamente en la economía.

El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, denunció el viernes un plan de golpe de Estado contra Pedro Castillo. ¿Qué piensa de estas declaraciones?

De un lado, en el Perú tenemos una oposición de derecha y ultraderecha que desde comienzo del Gobierno del presidente Castillo han buscado sacarlo de su cargo, no como una respuesta a su gestión sino como una negación a la voluntad popular. De otro, también tenemos un Gobierno que ha renunciado a las propuestas de cambio por las que fue elegido, a lo que ha sumado además ineptitud y caos. Entonces hay una especie de retroalimentación permanente de incapacidad y desconexión con las demandas del pueblo desde el Gobierno y el Congreso que nos están sumiendo en una situación muy complicada.

¿Cómo definiría la crisis que atraviesa el Gobierno?

No podemos perder de vista que no se trata de una crisis que se haya iniciado con el Gobierno del presidente Castillo. Es una crisis mucho más profunda y duradera, resultado epílogo de estos 200 años de república excluyente, 30 años de neoliberalismo depredador, que se ha agudizado y develado de manera muy cruda con los escándalos de corrupción que estallaron en los últimos años. ¿No es sintomático que todos nuestros expresidentes elegidos en democracia hoy están procesados por corrupción? Entonces, estas reglas de juego, este sistema, no dan más. Por eso sí, sin lugar a dudas, urge abrir un debate constituyente.

¿Hay lugar para una agenda de cambio de izquierdas en Perú?

La necesidad de cambio está totalmente vigente. De hecho, la profundidad y gravedad de la crisis así lo confirma. Pero estos cambios, me queda claro, no van a venir ahora ni por parte del Gobierno, mucho menos del Congreso, van a venir de la ciudadanía movilizada. El plan de emergencia, de reformas y la propuesta Constituyente tienen que venir de un gran frente político, social y ciudadano que presione, proponga y le exija al Gobierno y al Congreso que la lleven a cabo.

¿Pedro Castillo representa a la izquierda?

Este pudo haber sido un gobierno de cambio. Es por eso que una mayoría de peruanos votó por Pedro Castillo, pero lamentablemente el presidente ha abandonado de manera progresiva estas propuestas y hoy tenemos un gobierno continuista. El presidente Castillo, en lugar de hacer un pacto con el pueblo que le demandaba cambios, ha preferido hacer arreglos con facciones del Congreso que le aseguran votos para su supervivencia.