¿A quién beneficia realmente la ley de eutanasia?
El pasado lunes 16 de noviembre, el joven de 20 años Aldrin Ichuta, que conmovió a toda Bolivia, falleció frente a la encarnizada lucha contra el osteosarcoma. Muy probablemente se haya encontrado en las redes sociales los reels que el joven Ichuta compartía de su día a día enfrentando su enfermedad. Un escenario muy desgarrador en el que se evidencia a Aldrin postrado a costas de la camilla de un hospital, con un rostro adolorido, respirador y otros artilugios cotidianos dentro de un hospital. En sus videos, Aldrin mostraba el doloroso proceso que acontecía con su enfermedad, manifestando a través de sus videos: «Yo no me quiero ir con dolor, yo no me quiero ir sufriendo» (El País, 2026).
Precisamente, dicha petición coincidía con el tratamiento del Proyecto de Ley 691/2025-2026, denominado «Ley de Cuidados Paliativos, Muerte Digna y Eutanasia», presentado por el diputado de la bancada APB Súmate, Diego Brañez. Dicho proyecto no llegó a tratarse dado que fue suspendido luego de que organizaciones y sectores religiosos solicitaran una etapa de socialización (El País, 2026).
Esta situación trae nuevamente a la mesa de la ética, la legalidad y la moralidad detrás de una muerte consentida. Este debate no es nuevo y hoy, en múltiples Estados, aún se sigue cuestionando su aplicación y legalidad. No obstante, para el trato pertinente de este tema sensible, es necesario definir etimológicamente las palabras «eutanasia» y «paliativo». Según la Clínica Universidad de Navarra, la palabra «eutanasia» proviene del griego εὐθανασία, compuesto de εὐ- (eu-, «bien», «bueno») y θάνατος (thánatos, «muerte»), que en sentido literal significa «morir bien» o «muerte apacible». Según Francis Bacon (1605), el término se introdujo en su obra The Advancement of Learning. Para Bacon, el deber del médico no se agotaba solo en curar, sino que también, en la medida de lo posible, tenía el objetivo de asegurar que los últimos momentos de vida fueran indoloros, asegurando así una muerte serena. Bacon, en este análisis, distinguía entre una eutanasia «interior», como la preparación del alma para morir, y otra «exterior», como los cuidados que hacían ese proceso más llevadero. Con la llegada del siglo XIX, esta definición originaria fue desplazándose hacia la significación dominante de hoy: la causación activa de la muerte por motivos de compasión.
Por otro lado, según la revista oficial del Hospital Juárez de México, la palabra «paliativo» proviene del latín pallium, que significa «manto» o «cubierta», haciendo alusión al acto de curar síntomas o sufrimientos. En general, son un tipo de cuidados en los que se busca conseguir que los pacientes dispongan de los últimos días que les resten de conciencia y libertad del dolor; en otras palabras, tener los síntomas bajo control, de tal manera que sus últimos días puedan discurrir con dignidad, ya sea en casa o en un lugar lo más parecido posible y de la mano de sus seres más amados.
Estas definiciones nos ayudan a entender con más detalle la profundidad y diferenciación entre ambos conceptos. Mientras que uno busca el deceso del paciente por medio de su decisión —modernamente— para la liberación de sus sufrimientos, el otro busca darle un confort alejado de sus afecciones, llegando a su deceso de manera natural. En el caso de Aldrin, se aprecia que, según ERBOL y El País, murió por causas del avance de la enfermedad y, el mismo día, el diputado Diego Brañez anunció que se repondría la Ley 691/2025 (ERBOL, 2026; El País, 2026).
Según Brañez, la ley está restringida únicamente a pacientes mayores de edad que padezcan enfermedades terminales, incurables e irreversibles, con un proceso de evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y la aprobación de un comité médico interdisciplinario, como también un periodo de 15 días para reflexionar sobre la decisión. En suma, se contempla la modificación del artículo 257 del Código Penal, mencionando que no contradice la Constitución y se ampara en los artículos 15, 21 y 37 (RTP Bolivia, 2026).
Sin embargo, este proyecto introduce una pregunta incómoda, pero fundamental y crítica para analizar esta posible ley: ¿a quién beneficia realmente la ley de eutanasia? ¿Al paciente y sus familiares? ¿Al médico? ¿O al Estado? Aunque la pregunta parezca obvia, nos obliga a ir más allá de las cuestiones aparentes que se muestran en este proyecto.
Inicialmente, la ley beneficia al enfermo; no obstante, la ley de eutanasia que se plantea tratar en el pleno legislativo podría no beneficiar plenamente a los enfermos terminales si se carece de garantías jurídicas y médicas suficientemente claras sobre la atención y protección del paciente. Su aprobación plantea controversias éticas y constitucionales que podrían generar incentivos económicos para que el Estado priorice el fallecimiento anticipado sobre el fortalecimiento de la atención sanitaria, comprometiendo la dignidad humana y la libertad de decisión de los pacientes.
En primera instancia, el proyecto de ley plantea una tensión entre las obligaciones del Estado de defender la vida, negando aparentemente la misma Constitución y al proyecto de ley en sí. Según la Constitución Política del Estado (CPE), en sus artículos 15, 18 y 37, en conjunto estos tres artículos protegen la dignidad humana desde el nacimiento y aseguran la atención médica sin discriminación. El Estado, bajo estos artículos y específicamente en el artículo 37, asume un rol obligatorio e indeclinable en el sostenimiento de un sistema de salud público, gratuito y preventivo, como también de ser el principal financiador del sector de la salud (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009).
Comparando estos artículos con el Proyecto de Ley 691, puede evidenciarse que el derecho a la vida queda en una tensión entre la obligación del Estado de preservar y asegurar la vida de sus ciudadanos, de proveer un sistema de salud de calidad a todos sin exclusión y, por ende, la obligación financiera del Estado para prever las enfermedades.
Un proyecto que dictamina que un paciente pueda determinarse sobre su derecho a la vida rompe la objetividad de este derecho para ser reclamado por los otros en pro de la persona afectada. El Estado perdería entonces su capacidad de asegurar plenamente el derecho a la vida de la persona que decide acabar consigo misma, conllevando a la alienación de un Estado que reconoce como obligación asegurar la vida, la salud y su mantenimiento frente a una ley que impide sus capacidades.
Brañez agregó, al respecto del proyecto, que se plantea la modificación del artículo 257 del Código Penal, referido a la aprobación del homicidio piadoso, con el fin de eximir de consecuencias penales a los profesionales de salud que ejecuten el procedimiento (RTP Bolivia, 2026). No obstante, ¿acaso no habría que modificar también los artículos 15, 18 y 37? Puede ser fácil modificar una ley del Código Penal, pero no es lo mismo modificar una ley de la misma CPE. Su no modificación podría abrir un vacío legal donde el Estado asegure la vida, la salud y su financiamiento, pero a su vez permita que un derecho que defiende sea alterado por la decisión de quien merece cuidado según la misma CPE.
En suma, el proyecto no asienta la realidad en la cuestión de la ética médica, puesto que parece olvidarse del juramento hipocrático básico que rigió durante más de 2.500 años la medicina hasta la actualidad.
El juramento hipocrático establece:
«APLICARÉ mis tratamientos para beneficio de los enfermos, según mi capacidad y buen juicio, y me abstendré de hacerles daño o injusticia. A nadie, aunque me lo pidiera, daré un veneno ni a nadie le sugeriré que lo tome. Del mismo modo, nunca proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo» (Universidad de Navarra, s. f.).
Lo más peculiar y llamativo del proyecto de ley es que se propone que la decisión que tome un paciente de aplicarse la eutanasia la evalúe un comité médico interdisciplinario que, de aprobar la ley, estaría yendo en contra de su juramento, lo cual hace que el mismo sea vaciado de todo su sentido. Y, en adición, el hecho de que la ley se denomine «Ley de Cuidados Paliativos, Muerte Digna y Eutanasia» ya señala una contradicción desde las definiciones anteriormente establecidas. No es posible concebir la eutanasia, que busca el deceso como un fin, y, por otro lado, los cuidados paliativos como una forma de apagar los dolores del paciente paulatinamente hacia su deceso natural.
En segunda instancia, es necesario dudar de la intención detrás del Estado en la aprobación de este proyecto de ley, ya que, al ser una maquinaria burocrática que idealmente se debe dirigir hacia el bien común, necesita de fondos para financiar la agenda gubernamental y, por ende, sostener la legitimidad y popularidad del Gobierno. El problema viene al conocer que Bolivia precisamente no rebosa en fondos, y aún peor en la actualidad, lo que podría generar incentivos económicos a ciertas facciones del Estado para la legalización de la eutanasia como forma de rebajar los costes económicos asociados a los cuidados paliativos y los procedimientos de eutanasia.
Según un estudio realizado por José María Larrú Ramos (2018), de la Universidad CEU San Pablo (Madrid), acerca de Algunos aspectos económicos en torno al final de la vida humana, el coste de las drogas necesarias para practicar una eutanasia en un paciente es de alrededor de 35 a 40 dólares estadounidenses, mientras que el costo promedio de los cuidados paliativos hasta el final de la vida se sitúa entre 35.000 y 40.000 dólares americanos. Estos costes aparecen como la segunda razón más importante a la hora de solicitar eutanasia, es decir, no ser una carga financiera para los seres queridos, familiares o conocidos.
Recordemos que estamos hablando en la moneda oficial de los Estados Unidos de América, el Estado más próspero en la actualidad y que, según el Banco Mundial, para 2025 tenía un PIB de 30,77 billones de dólares, destinando un 17 % de su PIB solo a salud, siendo el país que más gasta en este sector. Contraponiéndolo a Bolivia, con un PIB de 64,77 mil millones y destinando un 6,92 % al gasto corriente en salud, ello en 2025, ni siquiera tomando en cuenta la situación de hipertrofia económica de noviembre de 2026 (Banco Mundial, s. f.).
Por lo tanto, la aplicación de la eutanasia por parte del Estado representaría un mega ahorro presupuestario. Es decir, el Estado podría destinar un monto mínimo a la importación de tecnología para tratar las enfermedades terminales como el cáncer. Y, ante la crisis de la familia por los costes, como también de la carencia de equipo médico adecuado y moderno, la vía fácil y rápida para la situación sería la eutanasia.
En adición, para dicho momento, el problema ya no sería de las familias por tomar una decisión que pueda estar moralmente en contra de sus creencias; es cuestión de un Estado que dejó de asumir el derecho a la vida, la salud y el mantenimiento óptimo de estos como un requisito obligatorio por ley. El Estado, entonces, sufre ya no solo de alienación, sino que interioriza dicho alienamiento en forma de una acción que antes era imposible de asumir como normal; ahora asume como cotidiano el no salvaguardar la vida de los pacientes terminales hasta el final de su vida, solo por el hecho de ser económicamente inviable.
Entonces, el Estado deja de velar por el bien común, deja de ser una maquinaria orientada al telos del bien, representando y protegiendo a estas minorías, vaciándose de su sentido y convirtiéndose en lo que Guillermo O’Donnell tanto criticaba en su visión de los estados latinoamericanos autoritarios del siglo XX: un Estado esquizofrénico que tiene un sistema constitucional adecuado a sus intereses y conveniencias y no a los que gobierna.
Por ende, parece ser que quienes asumen los beneficios no son necesariamente los pacientes terminales o los médicos; parece ser el Estado, a fin de cuentas. El verdadero riesgo no reside únicamente en que un proceso sea costoso, sino en la posibilidad de que la visión utilitarista y cosificadora del humano influya en los incentivos presupuestarios, generando un ambiente en el que las alternativas reales ofrecidas a los pacientes se vean mermadas por esta restricción utilitaria.
Cuando una persona es vista en su valor en cuanto a productividad y costos, y no como humano con valor intrínseco, el problema trasciende y va mucho más allá del costo de la eutanasia, como en el caso estudiado. El problema es la instalación de la visión utilitarista del Estado, negando la mano a quienes lo necesitan solo por cuestiones económicas, vaciándolo de su sentido original y enajenándolo en las burbujas de la codicia y avaricia propias de un capitalismo egoísta e interesado.
Referencias bibliográficas
- Bacon, F. (1605). The advancement of learning.
- Banco Mundial. (s. f.). PIB (US$ a precios actuales). https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD
- El País. (2026, 16 de noviembre). Fallece Aldrin Ichuta, el joven que pidió una ley de eutanasia para no morir con dolor. https://elpais.bo/nacional/20261116_fallece-aldrin-ichuta-el-joven-que-pidio-una-ley-de-eutanasia-para-no-morir-con-dolor.html
- ERBOL. (2026, 16 de noviembre). Brañez anuncia que repondrá el proyecto de ley de eutanasia tras la muerte de Aldrin. https://erbol.com.bo/nacional/bra%C3%B1ez-anuncia-que-repondr%C3%A1-el-proyecto-de-ley-de-eutanasia-tras-la-muerte-de-aldrin
- Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). Constitución Política del Estado.
- Larrú Ramos, J. M. (2018). Algunos aspectos económicos en torno al final de la vida humana. Razón y Fe, 278(1435), 157–168. https://revistas.comillas.edu/index.php/razonyfe/article/download/9179/8615/
- RTP Bolivia. (2026). Diputado presenta proyecto de ley para legalizar la eutanasia en Bolivia. https://rtpbolivia.com.bo/sociedad/diputado-presenta-proyecto-de-ley-para-legalizar-la-eutanasia-en-bolivia/
- Universidad de Navarra. (s. f.). Juramento hipocrático. https://www.unav.edu/web/unidad-de-humanidades-y-etica-medica/material-de-bioetica/juramento-hipocratico


