Un año de poder, ¿un año de transformaciones?
Un año ha transcurrido desde que Rodrigo Paz y Edmand Lara asumieron el poder. Su llegada trajo múltiples expectativas sobre el porvenir del país. La lluvia que cayó aquella mañana fue percibida como la ducha que se llevó todas las impurezas del anterior gobierno. Y con ella sobrevinieron nuevas expectativas de cambio político y económico. Hoy, un año después de aquella lluviosa mañana, corresponde evaluar con prosa crítica los resultados de su gobierno, especialmente en el ámbito legislativo.
Una cosa fue ganar las elecciones frente a la estructura hegemónica partidaria del masismo, pero ganar elecciones no garantiza automáticamente la capacidad de transformar las instituciones.
La alternancia política y el cambio institucional no deben entenderse de la misma manera, puesto que cada uno tiene una significación específica. Entiéndase por alternancia política la sustitución pacífica de un grupo o partido político en el poder por otro, mediante elecciones libres y democráticas. Por otro lado, el cambio institucional comprende la modificación de las reglas, leyes, normas y estructuras fundamentales que organizan el funcionamiento del Estado y de la sociedad. Habiendo entendido estos conceptos, podemos advertir que el gobierno de Rodrigo Paz representó una alternancia política que, hasta ahora, no se ha traducido plenamente en las transformaciones institucionales prometidas.
De acuerdo con Erbol (2026), Tuto Quiroga cuestionó la falta de reformas estructurales y el escaso avance de la descentralización administrativa del país, señalando que el gobierno todavía mantiene estructuras centralistas y estatistas heredadas del MAS. Sus cuestionamientos expresan una preocupación política que merece ser examinada: el gobierno había cambiado, pero buena parte de las reglas y antiguas estructuras sobrevivían a la alternancia.
Adentrándonos en datos concretos, el balance normativo publicado por El País el 8 de noviembre revisó 364 normas y las contrastó con 117 estrategias del programa electoral. De estas últimas, 66 no contaban con respaldo normativo, 34 presentaban avances parciales, apenas 15 tenían normas que ejecutaban su contenido principal y 2 habían sido revertidas. Sin embargo, aunque se produjo una considerable cantidad de normas, varias de las reformas estructurales de mayor importancia y urgencia permanecieron pendientes.
Por ejemplo, la descentralización 50/50, de la cual ya traté en un artículo anterior, avanzó lentamente, generando expectativas que terminaron chocando contra el muro de una propuesta inicial del 1 % de coparticipación tributaria para las gobernaciones. Por otro lado, la reforma de la justicia, que proponía transformar el sistema judicial, todavía no se había traducido en una reforma estructural de la magnitud anunciada. Y, por último, las nuevas leyes de inversiones, hidrocarburos y minería, de enorme importancia para el desarrollo económico, continuaban pendientes de aprobación al cumplirse el primer año de gobierno. Y, paradójicamente, Paz viajó a España en busca de inversiones mientras el país todavía esperaba la aprobación de instrumentos legislativos fundamentales para fortalecer la seguridad jurídica de esos mismos sectores.
Y es que el problema no se reduce al limitado cumplimiento normativo del programa electoral. A ello se suma la ruptura política entre el Ejecutivo y la Vicepresidencia, con Edmand Lara convertido en un abierto opositor de Rodrigo Paz. Esta confrontación deja a la población un sabor amargo de incertidumbre ante un gobierno cuyas principales autoridades ni siquiera consiguen sostener una coordinación política estable. La contradicción resulta todavía más preocupante cuando las reformas estructurales requieren acuerdos legislativos, continuidad institucional y una conducción política capaz de superar las disputas personales.
Es entendible que durante los primeros meses de gestión el gobierno se haya dedicado a resolver las crisis más inmediatas que atravesaba el país. La escasez de carburantes, la inflación y los conflictos sociales exigían respuestas urgentes. Sin embargo, un año después, el balance muestra que las medidas de estabilización y administración de la crisis avanzaron más que varias reformas destinadas a modificar de manera duradera las reglas e instituciones del Estado. Y aunque las restricciones económicas y políticas no pueden ignorarse, tampoco deberían convertirse en una justificación permanente para postergar las transformaciones prometidas. La ciudadanía no espera únicamente que se administre la crisis heredada, sino que se construyan las condiciones institucionales necesarias para superarla.
Parece que la lluvia de aquel 8 de noviembre fue apenas una pequeña ducha que cambió el gobierno, pero dejó en pie buena parte de su vieja y burocratizada estructura. Las expectativas de renovación siguen vigentes; la ciudadanía continúa esperando un cambio de modelo y el gobierno, un año después, todavía tiene pendiente demostrar que su victoria electoral puede convertirse en una transformación institucional duradera. Este primer año no cierra con las grandes transformaciones anunciadas, sino con un balance desigual en el que el ejercicio del poder ha avanzado más que la reforma de sus estructuras.
Referencias
Erbol. (2026, 3 de noviembre). Tuto afirma que persiste el modelo del MAS: centralismo y convivencia con la criminalidad. https://erbol.com.bo/nacional/tuto-afirma-que-persiste-el-modelo-del-mas-centralismo-y-convivencia-con-la-criminalidad
Equipo de Investigación El País. (2026, 8 de noviembre). Paz frente a su programa: 364 normas, 15 promesas cumplidas. El País. https://elpais.bo/reportajes/20261108_paz-frente-a-su-programa-364-normas-15-promesas-cumplidas.html


