Cuando el extractivismo amenaza nuestra agua

La denuncia de contaminación por mercurio en el río Cerqueta, afluente del proyecto múltiple Misicuni, debería encender todas las alarmas en Cochabamba. Una asambleísta cochabambina puso sobre la mesa un riesgo que trasciende la disputa política: la posible contaminación de una fuente estratégica de agua para más de 1,5 millones de habitantes. En una región cuya historia reciente está marcada por la Guerra del Agua, y más de 60 años detrás de un proyecto como Misicuni, poner en peligro sus reservas hídricas no es un asunto menor.

La minería ilegal a cielo abierto en las cabeceras de cuenca tampoco apareció de la noche a la mañana. Desde hace al menos tres años, investigadores y sectores vinculados al monitoreo ambiental advirtieron en Cochabamba sobre sus efectos. La fiscalización impulsada por la asambleísta volvió visible el problema al denunciar la existencia de campamentos irregulares y más de 30 lagunas de sedimentación con presencia de mercurio. Ahora corresponde establecer, mediante análisis independientes, la magnitud de la contaminación y su posible impacto sobre Misicuni.

Las respuestas institucionales no despejan todas las dudas, Misicuni y Semapa aseguran que el agua distribuida cumple la Norma Boliviana NB 512 y que los procesos de tratamiento permiten garantizar su potabilidad. La AJAM anunció inspecciones de emergencia, pero una cosa es certificar la calidad del agua que llega a los domicilios y otra demostrar que las fuentes de abastecimiento están libres de contaminación. Con las lluvias, el riesgo de arrastre de sedimentos exige vigilancia, resultados de laboratorio públicos y controles permanentes, no simples mensajes para tranquilizar a la población.

Lo que sucede en Misicuni es parte de una amenaza nacional: la expansión de la minería aurífera y el uso intensivo de mercurio. El oro es hoy uno de los principales productos de exportación del país, mientras el control ambiental y la capacidad estatal de fiscalización siguen rezagados.

Pero un negocio que genera millones para determinados sectores, no puede trasladar sus costos a las comunidades, los ríos y las fuentes de agua. Mucho menos cuando se sostiene en un insumo altamente tóxico, cuyos efectos sobre la salud y los ecosistemas están ampliamente documentados.

El problema también está en las reglas del juego, la Ley 535 de Minería y Metalurgia establece un marco de derechos y prioridades para la actividad minera que debe armonizarse con la protección de los recursos hídricos. A ello se suma la débil fiscalización de las operaciones y de sus pasivos ambientales. Cuando el Estado no controla los vertidos ni sanciona a quienes contaminan, las cabeceras de cuenca quedan a merced de intereses económicos que avanzan sin medir consecuencias.

Y aquí está el fondo del problema: mientras el Convenio de Minamata compromete a los países a reducir y controlar el uso de mercurio, Bolivia es uno de los pocos países que continúa tolerando su circulación y utilización en la minería aurífera.

El país se ha convertido en un actor central del comercio regional de este metal tóxico, en lugar de encabezar una política firme para sustituirlo. Entonces, no se puede hablar de desarrollo mientras se compromete el agua que sostiene la vida.

Salga lo que salga de una investigación a detalle en Misicuni, el agua y nuestros recursos naturales son un derecho humano inalienable que no pueden seguir siendo sacrificados en el altar del mercurio legalizado.

*es periodista y politóloga.