El exilio
Durante dos décadas el exilio fue una constante bajo los gobiernos del MAS. Ahora comienza a formar parte del balance de Rodrigo Paz
Nadia Beller ya está fuera de Bolivia. Después de recibir asilo diplomático de México y el correspondiente salvoconducto del Gobierno boliviano, abandonó el país el miércoles 11 de noviembre. La noticia debería provocar algo más que comentarios en redes sociales, donde una parte de los usuarios le sigue dedicando un rechazo visceral aun sin acabar de atender a sus palabras y denuncias. Hay una realidad que no puede perderse de vista: Beller sobrevivió a un atentado, denunció a su expareja, Fernando Cerimedo, y terminó buscando protección en una embajada porque no confiaba en las garantías que podía ofrecerle el Estado boliviano.
No hace falta dar por ciertas todas sus afirmaciones para reconocer la gravedad de lo ocurrido. Tampoco corresponde convertirla en una figura intocable. Pero sí es necesario recordar que es la víctima de un ataque que todavía debe esclarecerse y que sus denuncias abrieron una investigación con derivaciones políticas de enorme alcance en todo el continente. México le concedió asilo diplomático y Bolivia terminó otorgándole el salvoconducto. Es una decisión soberana de otro Estado que, como mínimo, obliga a preguntarnos por las condiciones de seguridad y protección que encontró —o dejó de encontrar— en su propio país.
El caso Cerimedo corre el riesgo de quedar atrapado en la misma dinámica. Los audios, las conversaciones atribuidas al exasesor presidencial y sus presuntas relaciones con autoridades del Ejecutivo plantearon interrogantes que todavía no han recibido respuestas suficientes. El presidente dice “que se investigue” y de inmediato el Fiscal General Interino rechaza las denuncias y se declara incompetente. La detención de Cerimedo y las investigaciones abiertas no pueden perderse en el vacío, pero el desplazamiento de autoridades que intervenían en las pesquisas, sumado a las decisiones apuntan directamente a ello.
No se puede afirmar de antemano que la investigación vaya a caer ni atribuir responsabilidades sin pruebas. Pero tampoco sería razonable ignorar las señales de alarma. Si quienes impulsaban o conocían aspectos relevantes de las pesquisas quedan apartados, si todo aquel que plantea una duda es sindicado de “narcoterrorismo”, si las denuncias se archivan y si la principal víctima termina fuera del país con la venia de un gobierno que no quiere que se le escuche, la sociedad pierde el derecho a conocer la verdad.
Durante los veinte años de gobiernos del Movimiento Al Socialismo, Bolivia acumuló una larga lista de ciudadanos que terminaron fuera del país por razones políticas, judiciales o de seguridad. Hubo persecuciones denunciadas, procesos cuestionados y decisiones que obligaron a opositores y otras personas a buscar protección en el extranjero. El MAS usó la Justicia para fines políticos, como también lo hicieron otros antes. Ahora comienza la cuenta del Gobierno de Rodrigo Paz. No porque todos los casos sean iguales ni porque se pueda establecer una equivalencia automática, sino porque ningún Gobierno que llegó prometiendo una renovación institucional debería permitir que el exilio vuelva a aparecer como una alternativa frente a la desconfianza en la Justicia.
El Gobierno de Rodrigo Paz tiene una responsabilidad directa en evitar que esa historia se repita. La reforma de la Justicia no consiste en mantener el TCP sin quorum y descabezar el TSJ o la Fiscalía General para acomodar a los propios. No basta con proclamar que se respeta el Estado de derecho ni con asegurar que las investigaciones continuarán. Hay que demostrarlo con fiscales independientes, protección efectiva a víctimas y testigos, transparencia en las actuaciones y procesos que no dependan de quién esté sentado en el Palacio.
Nadia Beller se ha ido. Su salida no puede convertirse en el cierre político del caso Cerimedo ni en una excusa para atacarla en las redes. La investigación debe continuar, las denuncias deben ser verificadas y las responsabilidades, si corresponden, establecidas. Un país no puede acostumbrarse a que sus ciudadanos tengan que buscar justicia y seguridad fuera de sus fronteras. Si el cambio prometido no sirve para romper esa tradición, entonces habrá cambiado el Gobierno, pero no el sistema.
