La obligación de investigar a Cerimedo y sus “socios”
La Fiscalía desestimó por segunda vez una denuncia vinculada a los audios que involucran a personas del entorno presidencial, pese a que el propio presidente Rodrigo Paz ha pedido reiteradas veces que se investiguen
La decisión de la Fiscalía de desestimar la denuncia contra el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y la primera dama, María Elena Urquidi, por las conversaciones mantenidas – presuntamente – con el argentino Fernando Cerimedo constituye un mal precedente. No porque las personas denunciadas deban ser consideradas culpables, algo que nadie puede sostener sin pruebas y sin un proceso, sino porque vuelve a cerrar una puerta que debería permanecer abierta mientras existan dudas razonables sobre hechos de interés público.
Hay una contradicción difícil de explicar. Es la segunda vez que se rechaza investigar asuntos relacionados con los audios de Cerimedo, mientras el propio presidente Rodrigo Paz ha pedido que se esclarezcan. Si el mandatario considera necesario investigar, ¿cómo encaja que el Ministerio Público desestime las denuncias que buscan precisamente abrir esa investigación? La distancia entre el discurso presidencial y las decisiones de la Fiscalía interina no contribuye a la credibilidad de ninguno de los implicados.
Se han divulgado más de una decena de presuntos audios en los que el exasesor presidencial conversa con distintas autoridades y con la propia primera dama
Las conversaciones divulgadas contienen referencias a posibles intervenciones en decisiones gubernamentales, designaciones en instituciones estatales y asuntos vinculados a empresas estratégicas. Son cuestiones suficientemente delicadas como para exigir explicaciones. La denuncia presentada por el abogado Guido Calcina señalaba posibles delitos de tráfico de influencias, beneficios en razón del cargo y nombramientos ilegales. Que esos hechos constituyan o no delitos debe determinarlo una investigación, no una especulación pública ni una decisión que deje preguntas sin responder.
El problema es que la desestimación no despeja las dudas. Por el contrario, alimenta la percepción de que existen zonas de protección cuando las denuncias alcanzan a personas cercanas al poder. El abogado denunciante ha anunciado que impugnará la decisión y ha cuestionado la independencia del Ministerio Público. Sus afirmaciones deberán ser contrastadas, pero el daño institucional ya está hecho: una vez más, la Fiscalía queda bajo sospecha de actuar con criterios distintos según quiénes aparezcan mencionados.
El caso Cerimedo no puede despacharse como un episodio de filtraciones o una disputa política. Se han divulgado más de una decena de presuntos audios en los que el exasesor presidencial conversa con distintas autoridades y con la propia primera dama. Varios de esos registros han sido calificados como auténticos por verificadores. La autenticidad de una grabación no demuestra automáticamente que su contenido sea delictivo, pero sí hace indispensable establecer el contexto, la naturaleza de las conversaciones y si hubo decisiones o gestiones irregulares.
La honorabilidad del Gobierno y de la familia presidencial está en juego. Y precisamente por eso no deberían temer una investigación, sino exigirla. Si las conversaciones fueron inocuas, si no hubo tráfico de influencias ni intervención indebida en decisiones públicas, una investigación independiente puede establecerlo y cerrar el paso a las sospechas. Si hubo irregularidades, corresponde identificarlas y aplicar la ley, sin privilegios ni excepciones.
El presidente debería ser el primer contrariado. No basta con pedir públicamente que se investigue mientras las instituciones que deben hacerlo desestiman las denuncias sin ofrecer una explicación convincente. La Fiscalía, por su parte, tiene la obligación de fundamentar sus decisiones y demostrar que actúa con independencia, especialmente cuando están involucradas personas próximas al poder.
La transparencia no se defiende seleccionando qué asuntos se investigan y cuáles se archivan. Se defiende dejando que la verdad se establezca con pruebas, procedimientos y garantías. El caso Cerimedo necesita una investigación a fondo. Es la única manera de proteger a las instituciones, despejar las dudas y evitar que la sospecha termine convirtiéndose en una condena pública o, peor aún, en la evidencia de que en Bolivia la justicia sigue teniendo nombres y apellidos.
