Hablemos de narcotraficantes, señor presidente

En más de 20 días de conflicto por la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz, su equipo no tuvo mejor idea que acusar a los marchistas de estar siendo movilizados con dinero del narcotráfico. A esto se sumaron las declaraciones de Marco Rubio, quien tuvo la osadía de declarar: “(…) No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”. Como siempre, los medios de comunicación dominantes replicaron esta afirmación sin contraste, cuestionamiento o contexto alguno, lo que es un acto de deshonestidad periodística flagrante.

Este discurso no es casual. Coincide con el reingreso de la Drug Enforcement Administration (DEA) y del Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL). Estas instituciones, junto a otras siete organizaciones, ya operan en Bolivia y sobrevuelan distintos territorios en tareas de vigilancia y recolección de datos para la elaboración de un nuevo plan de “lucha contra las drogas”. Según el viceministro Ernesto Justiniano, tras su reciente viaje a Washington, el Estado boliviano busca “fortalecer la lucha contra el crimen organizado”. En los hechos, esto implica la incorporación del país a un esquema internacional de guerra contra las drogas que, una vez iniciado, solo deriva en militarización y violencia. Por eso vamos a hablar de narcotráfico

En la práctica, la declaratoria de guerra contra el narcotráfico implica la parcialización del Estado dentro de la disputa entre cárteles. Como señalan Tapia y Madrid (2024), esto supone alianzas “pacificadoras” entre gobiernos y actores narcodelictivos dominantes para limitar o eliminar a otros grupos rivales. Así, el Estado pierde su carácter de árbitro y se convierte en un actor más dentro del conflicto. La introducción de armamento, entrenamiento y doctrinas de seguridad impulsadas desde Estados Unidos agrava la disputa territorial y escala los niveles de violencia hasta escenarios macabros de tortura, desapariciones y desmembramientos, como ocurre en regiones de México, Colombia,  Ecuador , entre tantos otros.

La experiencia regional demuestra que la llamada “guerra contra las drogas” no funciona y no ha funcionado. Ni la DEA ni la INL han eliminado el narcotráfico; por el contrario, lo han administrado históricamente con el apoyo de gobiernos subordinados a la Casa Blanca.

El México de Felipe Calderón y el Ecuador de Daniel Noboa son ejemplos claros. Calderón impulsó en 2006 una estrategia de militarización de la seguridad pública bajo asesoramiento estadounidense y para 2010 se registraron 13000 muertes violentas asociadas al narco (BBC,2010); Noboa implementó el llamado Plan Fénix bajo una lógica similar y en dos años(2024-2025) Ecuador ha registrado 15000 muertes violentas (El Universo, 2026). En ambos casos, lejos de reducir el narcotráfico, aumentaron drásticamente las muertes, las desapariciones y el control territorial de estructuras criminales.

Quienes defienden estas políticas suelen asumir que las víctimas son únicamente “narcos” o “delincuentes”. Sin embargo, la experiencia regional demuestra que la violencia se desborda y termina afectando principalmente a jóvenes y niños de sectores empobrecidos. A esto se suman fenómenos como el reclutamiento forzado, la trata de personas, la explotación sexual y la normalización cotidiana de la violencia extrema.

Paralelamente, el narcotráfico profundiza sus vínculos con la economía legal mediante mecanismos de lavado de dinero en el sistema financiero —cuyo epicentro es la banca estadounidense (ICIJ,2020)—, el negocio inmobiliario, la minería y otras actividades controladas por élites económicas. Un ejemplo de ello es Marco Rubio, quien, según reportes periodísticos, en el verano de 1985 compartía una vivienda en Florida vinculada a integrantes de la banda narcotraficante Cocaine Cowboys, liderada por Orlando Cicilia, cuñado del actual secretario de Estado estadounidense. Cicilia fue posteriormente condenado por una operación de tráfico de drogas valuada en 75 millones de dólares, fue liberado en el 2000 y actualmente trabaja en el negocio inmobiliario, con apoyo político de Rubio (Miami New Times, 2025). Estos hechos han sido ampliamente difundidos en investigaciones periodísticas e incluso en documentales de Netflix.

Por todo esto resulta legítimo preguntarse: ¿por qué el gobierno de Paz estaba tan interesado en el retorno de la DEA al país?  ¿y si a Paz Pereira le molesta tanto el narcotráfico, por qué sostuvo reuniones con Rubio? Bolivia ya tiene antecedentes oscuros que muestran la relación entre narcotráfico, élites políticas y agencias de seguridad. El Caso Huanchaca reveló vínculos entre el MNR, partido del tío abuelo del presidente, y la DEA. Asimismo, el escándalo de los narcovínculos del MIR expuso las relaciones entre hombres de confianza de Jaime Paz Zamora —como Óscar Eid, condenado por narcotráfico— y figuras como Roberto Suárez Gómez (Opinión, 3 de febrero de 2008; ANF, 28 de octubre de 1994). Estos hechos no fueron episodios aislados, sino expresiones de una estructura histórica de complicidad entre poder político, instituciones de seguridad y economías ilícitas. ¿Por qué ahora sería diferente?

Estados Unidos no combate el narcotráfico. De ser así, ¿por qué apoyó las narcodictaduras de Banzer y García Meza en Bolivia? ¿Por qué Donald Trump indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, preso por introducir toneladas de cocaína en Estados Unidos(CNN,2025)? ¿O por qué apoya al gobierno de Daniel Noboa cuya empresa ha sido señalada en tres ocasiones por enviar cocaína a Europa(ICIJ,2025)?

La guerra contra las drogas pretende formalmente combatir el crimen organizado, pero en la práctica criminaliza a campesinos cocaleros, consumidores y pequeños distribuidores, generalmente jóvenes racializados y empobrecidos. Mientras tanto, las grandes estructuras financieras y empresariales vinculadas al lavado de dinero permanecen intactas. Por eso, en los hechos, la guerra contra las drogas es una guerra contra los pobres.

Reconocer el fracaso de esta doctrina no implica negar que Bolivia enfrente problemas reales vinculados al narcotráfico, ni desconocer el aumento de la violencia asociada a estas economías ilícitas. Sin embargo, los señalamientos de Paz Pereira y las declaraciones de Rubio —de que quienes se movilizan son narcotraficantes— son, cuando menos, cínicas y no soportan la hemeroteca. Los narcos no son los vecinos de El Alto, ni las campesinas, obreras y maestras que ponen el pecho en las calles. Los verdaderos narcos viven en Miami o desayunan con el presidente.

*Socióloga política, docente e investigadora