Sobre la reforma de justicia en Bolivia

El valor de la justicia es quizá, junto con el de la gratitud los más grandes elementos que hacen al ser humano. Si una persona y más aún una sociedad es justa y agradecida se puede decir que es un buen ser humano o una buena sociedad. La gratitud como mencionó Cicerón: “no es solo la más grande de las virtudes sino la madre de todas las demás”.

Lamentablemente en la política, ambos valores parecen prácticamente no existir o están reducidos a su mínima expresión, en política es lo más común que no se reconozca en lo más mínimo la labor de las personas, gobiernos e instituciones, que de alguna manera han aportado a la consecución de los fines del Estado y la Sociedad. Sin embargo, como decía Kant: “dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto el cielo estrellado que esta sobre de uno y la conciencia de verdad y justicia, que está dentro de uno”. En función de ello y confiando en la reflexión de quienes tienen las riendas de las reformas estructurales que nuestra sociedad necesita en materia de justicia, nos permitimos hacer las siguientes sugerencias respetuosas, en base a experiencias concretas y comprobables, desde tres ámbitos: la esfera normativa, es decir las nuevas leyes que la Nación boliviana necesita en materia de justicia; la elección de autoridades judiciales y fiscales en base a una meritocracia real y efectiva y un desarrollo institucional optimo con mayor asignación presupuestaria.

La legislación sustantiva y adjetiva en todo país, vale decir los códigos que reconocen derechos y los que establecen procedimientos para hacer valer esos derechos, deben ser actualizados, mucho más después de una cambio constitucional tan importante como el que vivimos en Bolivia el año 2009. La labor de una nueva codificación en el país empezó, y más allá de los ajustes que pudieran ser necesarios, hoy contamos con el primer Código Procesal Constitucional, un nuevo Código Procesal Civil, un nuevo Código de las Familias y del Proceso familiar y un nuevo Código Niño, Niña y Adolescentes. Todos redactados en base a la realidad social boliviana, por los mejores profesores de derecho de las universidades públicas de nuestro país y que más allá de la retórica que pretende satanizar todo lo que se hizo, han mejorado la vida diaria de miles de bolivianas y bolivianos, especialmente de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Empero la labor no concluyó allí, existen en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuatros anteproyectos de nuevos códigos elaborados de la misma forma: Código Civil. Código de Comercio, Código Laboral y del Proceso Laboral y Código Procesal Administrativo. Dichos anteproyectos pueden ser la base sobre la cual se complemente la labor de una nueva codificación en la Nación boliviana, por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ojalá como se hizo en las anteriores normas, contando con el aporte de los mejores profesores de Derecho del Sistema de la Universidad boliviana.

La reforma notarial llevada adelante en el país, fue quizá la única reforma reconocida ampliamente en el contexto internacional y cuyos frutos vemos el día de hoy. El 25 de abril de 2018 se posesionaron 445 notarios de fe publica (63% mujeres y 37% varones) de más de 2200 postulantes, absolutamente todos fueron calificados y evaluados por el Sistema de la Universidad Boliviana que exprofesamente tuvo 3 de 5 integrantes en las nueve comisiones calificadoras departamentales que evaluaron sus méritos y elaboraron y tomaron un examen escrito, prescindiendo de cualquier “entrevista” o “examen oral”, subjetivo y próximo a la manipulación y el favoritismo. En definitiva todo el proceso de selección fue absolutamente objetivo y estuvo en manos de gente académica como debe ser al tratarse el Derecho de una disciplina científica.

Hoy en día no podemos menos que reconocer que el notariado boliviano ha dado un salto cualitativo inmenso basado más que en su nueva Ley Orgánica y los procedimientos de control altamente tecnologizados implementados, en la elección meritocrática de las notarias y los notarios. Esta situación no debe cambiar en el futuro más allá de la dependencia y la sede de funcionamiento que se establezca de la Dirección del Notariado.

Empero lo más importante es que esta experiencia virtuosa, bien podría ser reprisada e institucionalizada para la designación de jueces, vocales y fiscales en el país, partiendo del principio que, si bien el elemento normativo es importante, lo verdaderamente trascendental para una nueva justicia es el elemento humano. Ya que en definitiva, como afirmaba Solón: “las leyes son tan buenas o tan malas dependiendo en manos de quienes estén”.

Finalmente sobre la esfera institucional, la última reforma importante que se hizo en el país fue sin duda la creación de las Salas Constitucionales, esta innovación que buscaba una mayor y mejor protección de los derechos y libertades de las personas, más allá de las fallas que presentaron en algunos casos, fue construida en base a un esfuerzo institucional conjunto sin precedentes entre tres órganos del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial y la importante participación del Sistema de la Universidad boliviana. Es necesario un esfuerzo similar para que, partiendo de una mayor asignación de presupuesto para el Órgano Judicial se atienda de manera urgente las reformas institucionales que la justicia necesita en materia de transparencia y humanización.