NI UN PASO ATRÁS: POR QUÉ RETROCEDER SERÍA MÁS COSTOSO QUE SOSTENER EL AJUSTE
La decisión del gobierno de Rodrigo Paz de eliminar la subvención a los combustibles mediante decreto supremo ha marcado un punto de inflexión en la política económica del país. Las declaraciones recientes de ministros y miembros del gabinete, ratificando que no habrá marcha atrás, no responden únicamente a una postura política de firmeza, sino a una lectura técnica de una realidad fiscal que ya no admite ambigüedades.
Desde el punto de vista macroeconómico, la subvención a los combustibles se había convertido en un ancla insostenible. Representaba un drenaje permanente de recursos públicos —dos mil millones de dólares anuales en promedio— financiados con endeudamiento, pérdida de reservas y distorsiones en el mercado interno. Mantenerla implicaba seguir postergando el ajuste, encareciendo su costo futuro y reduciendo el margen de maniobra del Estado. Dar marcha atrás hoy enviaría una señal de debilidad institucional, deterioraría la credibilidad del gobierno y agravaría las expectativas inflacionarias y cambiarias.
En economías con restricciones externas severas, como la nuestra, los subsidios generalizados no solo son regresivos —benefician más a quienes más consumen— sino que también incentivan el contrabando, la ineficiencia energética y la dependencia fiscal. Volver atrás sería reconocer que el país prefiere el corto plazo político antes que la sostenibilidad económica. Y esa señal sería leída con rapidez por los mercados, los organismos financieros y, sobre todo, por los actores internos que ya dudan de la capacidad del Estado para sostener decisiones impopulares.
Ahora bien, sostener el ajuste no significa ignorar sus efectos sociales y productivos. Precisamente por eso, el camino correcto no es retroceder, sino complementar. En primer lugar, es imprescindible una política de compensación focalizada y temporal: transferencias directas a hogares vulnerables, bonos de transporte para trabajadores de bajos ingresos y apoyo específico a sectores estratégicos como el agro y el transporte público. La clave es la focalización, no la universalización.
En segundo lugar, se debe acelerar una reforma tributaria de corto plazo que amplíe la base, reduzca la evasión y grave rentas improductivas. El ajuste no puede recaer solo en precios relativos; debe equilibrarse con mayor justicia fiscal. Paralelamente, una revisión urgente del gasto público —eliminando duplicidades, programas ineficientes, privilegios y especial el tamaño del estado— ayudaría a reforzar el mensaje de que el esfuerzo es compartido.
En el plano productivo, es fundamental impulsar medidas para reducir la dependencia de los combustibles importados: incentivos a la eficiencia energética, transporte de carga más competitivo, y un plan serio de transición hacia energías alternativas. Estas políticas no alivian el impacto inmediato, pero sí acortan la duración del ajuste.
Políticamente, no dar marcha atrás es una apuesta de alto riesgo, pero también de alto retorno. La historia económica muestra que los ajustes que fracasan no son los duros, sino los inconclusos. Si el gobierno cede ahora, perderá autoridad; si sostiene la medida y la acompaña con políticas inteligentes, puede transformar un shock en una salida ordenada. En este contexto, retroceder no es prudencia: es profundizar el problema. Ni un paso atrás, pero sí varios pasos adelante.
