El mega proyecto Represa Carrizal: puede transformar la economía del sur y redefinir la matriz energética de Bolivia
En un contexto global marcado por la transición energética y la reconfiguración de rutas logísticas sudamericanas, el Proyecto Hidroeléctrico El Carrizal se perfila como una de las iniciativas más estratégicas para Bolivia. Ubicado en el cañón de Pilaya, en la cuenca alta del río Pilcomayo, este megaproyecto integra generación hidroeléctrica, regulación hídrica y expansión del riego tecnificado. Más allá de su impacto regional, su alcance económico y energético puede convertirse en un punto de inflexión para el desarrollo nacional.
Declarado prioridad nacional mediante la Ley 462 en 2013, El Carrizal cuenta con estudios a diseño final concluidos en 2019, que validan una ingeniería de alta complejidad y una rentabilidad excepcional. Su infraestructura central será una presa de hormigón compactado a rodillo de 160 metros de altura, diseñada para soportar condiciones sísmicas propias de la región andina. El embalse resultante tendrá un volumen de 1.334 hectómetros cúbicos y un espejo de agua de 20 kilómetros cuadrados, permitiendo almacenar caudales, regular el Pilcomayo y mitigar sequías en el Gran Chaco, una de las zonas más vulnerables del país.
En el plano energético, El Carrizal incorpora tres centrales hidroeléctricas con una potencia instalada conjunta de 346 megavatios y una producción media anual de 1.515 gigavatios-hora. Su densidad de potencia —17,3 megavatios por kilómetro cuadrado— y su costo de instalación —2.601 dólares por kilovatio— lo posicionan entre los proyectos hidroeléctricos más eficientes de Sudamérica. Técnicamente, se trata de una obra capaz de reemplazar una parte significativa de la generación termoeléctrica, reduciendo el consumo interno de gas natural y liberándolo para exportación.
Este último punto es clave para la economía boliviana. Al sustituir energía producida con gas subsidiado, el Estado podría ahorrar hasta 235 millones de dólares anuales, acumulando más de 5.800 millones en 25 años. Además, la exportación del gas liberado —valorado en alrededor de 13,4 dólares por millón de pies cúbicos— generaría ingresos adicionales en un momento de declive en la producción de hidrocarburos. Desde la perspectiva financiera, el proyecto presenta un valor actual neto de 866 millones de dólares, una tasa interna de retorno del 15% y una recuperación de la inversión en apenas 3,8 años, cifras muy por encima del promedio regional.
El impacto productivo es igualmente determinante. La regulación hídrica permitirá habilitar inicialmente más de 60.000 hectáreas de riego, con potencial de expansión hasta 160.000 hectáreas en el Gran Chaco. Esto implicaría duplicar los rendimientos agrícolas en cultivos estratégicos como la soja, además de impulsar la ganadería, la piscicultura y actividades turísticas asociadas al embalse. Para Tarija y Chuquisaca, esto significa empleo rural —más de 20.000 puestos proyectados—, seguridad alimentaria y encadenamientos productivos que fortalecen la economía local y nacional.
El Carrizal también se inserta en el contexto geopolítico del Corredor Bioceánico Vial, cuya culminación prevista para 2026 reconfigurará el comercio continental. La integración de Tarija a esta red logística potenciará exportaciones agrícolas, industriales y energéticas hacia mercados atlánticos y pacíficos.
El Carrizal no es solo una obra regional: es una plataforma para modernizar la matriz energética, fortalecer la economía boliviana y posicionar al sur del país como un nuevo polo de desarrollo estratégico. Su ejecución representa una decisión de Estado con beneficios que trascienden generaciones.
