Es necesaria una Ley de Ordenamiento Jurídico
Todo gobierno requiere establecer los instrumentos con los que debe tomar sus decisiones de manera formal. Estos deben estar definidos por una Ley de Ordenamiento Jurídico. Debido a la creencia de que toda decisión tomada mediante ley tiene garantizada su legalidad, en los gobiernos es muy común pretender tomar, mediante leyes, gran parte de las decisiones de atribución de los órganos legislativos. Esto ocurre porque no se llega a diferenciar una decisión normativa de una administrativa.
Las normas son tales únicamente si son disposiciones abstractas, de efecto general y de vigencia permanente, tal como lo es una Constitución, un estatuto autonómico, un reglamento o un manual (Corte IDH, OC 6/68; SCP 1714/1012, FJ III.4.3.1). Sin embargo, las leyes suelen ser usadas tanto para normar como para tomar decisiones administrativas. En muchos casos, incluso se mezclan ambas cosas. Esto causa confusiones, ya que se suele asumir que toda ley es una norma. Dado que toda decisión en la administración pública debe respaldarse en las leyes abstractas (principio de legalidad), se suele pretender sustentar las decisiones en leyes concretas, así como en resoluciones y decretos, cuando eso no corresponde.
En Bolivia existen diferentes tipos de leyes abstractas: fundamentales, marco, orgánicas, ordinarias o de materia, básicas, de desarrollo, autonómicas y las que son para la administración de la justicia, a las cuales se las tipifica como códigos. Sin embargo, al no estar establecida la naturaleza de cada una y su uso, suelen generarse leyes sin que correspondan a cada cual. Asimismo, se suele asumir que todas las leyes nacionales tienen jerarquía sobre las leyes autonómicas, que los reglamentos del órgano ejecutivo tienen efecto sobre otros órganos de gobierno e, incluso, se pretende aplicar jerarquía entre normas y decisiones administrativas, así como ilustrar pirámides normativas simples, cuando en todos los gobiernos corresponden pirámides compuestas, entre otros aspectos.
Todo eso en gran parte de los gobiernos no se hace así, debido a que no está establecido de ese modo, siendo únicamente parte de la doctrina del desarrollo normativo y del derecho administrativo. Para corregir todo ese desorden, resulta indispensable generar una Ley nacional de Ordenamiento Jurídico. Tal ley serviría, a su vez, como referente para que los gobiernos autónomos y los órganos de gobierno hagan lo propio en sus respectivos ámbitos.
